El gobierno italiano encabezado por Silvio Berlusconi aprobó ayer un decreto que sacará al ejército a la calle para ayudar a la policía a luchar contra el crimen, frenar la inmigración ilegal y defender potenciales objetivos del terrorismo. La oposición calificó la medida como "una fachada", pero no porque Berlusconi sea un facho.
Los ministros del Interior, Roberto Maroni, y de Defensa, Ignazio La Russa, firmaron el decreto, que forma parte del "paquete de seguridad" pedido por el jefe de gobierno. El mismo tendrá efecto el 4 de agosto por un período de seis meses, renovable una vez más.
Vigilancia permanente. Bajo la controvertida medida, unos mil soldados patrullarán a pie y en parejas las calles de Roma, Milán, Nápoles, Catania, Bari, Turín, Palermo, Verona y Padua, siempre acompañados de uno o dos agentes de policía.
Otros mil vigilarán el exterior de los centros de detención de inmigrantes en 16 provincias, y otros mil protegerán "objetivos sensibles" como el Vaticano, la catedral de Milán, embajadas y estaciones de trenes, que podrían ser objeto de atentados.
Estos militares proceden fundamentalmente del cuerpo de los "carabinieri", pero también de la Marina y la Fuerza Aérea.
Esta medida tiene un único precedente en el país. En 1992, tras los atentados mafiosos que acabaron con la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, el gobierno envió los soldados a las calles de las principales localidades de Sicilia. La operación, bautizada "Vísperas sicilianas", se mantuvo desde julio de 1992 a julio de 1998.
"Eliminar el miedo". "Es la demostración de que queremos eliminar el miedo de los ciudadanos", dijo La Russa sobre el decreto. El partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad, llegó al poder en las elecciones de abril prometiendo mano dura contra los inmigrantes ilegales y la delincuencia.
El primer ministro desechó las críticas de la oposición de centroizquierda de que está exagerando el problema.
"Sacar el ejército a las calles es esencialmente un ejercicio de construcción de imagen que se arriesgan a que se vuelva en su contra", dijo Marco Minniti, "ministro del Interior en la sombra" de la oposición. "Soldados patrullando el centro de ciudades que son nuestra mayor atracción turística no son una postal muy bonita para Italia en el momento culminante de la temporada turística", añadió.
Minniti y otros miembros de la oposición han acusado al gobierno de intentar salvar el pellejo tras el malestar en las fuerzas de seguridad por recortes presupuestarios.
Antonio Di Pietro, ex juez y diputado, dijo que las medidas serán tan eficaces como "lavarse la cara con agua sucia", y añadió que la solución real no es llamar al ejército sino dar más recursos a la policía.
Inmigración polémica. La inmigración saltó a lo más alto de la agenda política después de una serie de crímenes relacionados con inmigrantes ilegales. La semana pasada, el gobierno declaró el estado de emergencia para atender la llegada de los "sin papeles", dando poderes añadidos a la policía y las autoridades locales.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó ayer las medidas adoptadas por el gobierno italiano en materia de inmigración, y aseguró que violan los derechos humanos y podrían alimentar la xenofobia.
El ministro Maroni le respondió asegurando que sus preocupaciones eran "totalmente infundadas". Hammarberg visitó un campo de gitanos en Roma, cuyas condiciones calificó de "inaceptables", y pidió a las autoridades que mejoren el nivel de vida de los inmigrantes.
