Con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones el oficialismo en el Senado logró aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo que expropia el 51 por ciento de las acciones de Repsol. Pese a haber anticipado que votaría a favor de la reestatización de YPF, Carlos Menem no apareció por el recinto.
Luego de 20 años de su privatización y después de 14 largas horas de debate, el proyecto de reestatización de la empresa petrolera obtuvo un amplio consenso y comienza a hacerse realidad. Con media sanción, la iniciativa será ahora girada a la Cámara baja, responsable última de convertirla en ley. Pero primero, este jueves será tratada en el plenario de comisiones de Diputados, que buscará emitir dictamen al final del día para poder ingresar el texto al recinto el próximo jueves 3 de mayo.
El debate en el Senado comenzó de la mano del neuquino Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien pasó revista por el articulado y ponderó su carga cultural: “Hay una memoria colectiva que sabe que hubo mejores épocas, que sabe que los argentinos somos capaces de construir la Patria en serio. Y es la que hoy lleva adelante esta medida, independiente de las discusiones legítimas que compañeros de otras bancadas tengan que hacer”.
Los únicos tres votos en contra fueron por parte del peronismo disidente. En tanto las abstenciones corrieron por cuenta de los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau; la cordobesa Norma Morandini que denunció un “chantaje emocional”; y la bonaerense María Eugenia Estenssoro, quien, en línea con la periodista del FAP, tachó a la iniciativa como una “estafa emocional e ideológica”, aunque admitió que su “corazón” le exigía votar a favor.
El ex presidente Carlos Menem y el sanjuanino Roberto Basualdo fueron los dos ausentes de esta “jornada histórica”, como así también el PRO, aunque, claro, no tienen senadores.
A pesar de haber acompañado el proyecto en general, el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff, no quiso perderse la oportunidad para lanzar una pequeña chicana y criticó al oficialismo por tomar “una vez más una decisión por coyuntura como votó en los 90 la privatización”. “En cambio la UCR está a favor de una empresa estatal siempre”, recalcó.
Ni lento ni perezoso, Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV admitió que “quizás el principal error de la dirigencia política de los 90 fue la privatización de YPF”, aunque recordó que “tampoco estuvo ausente el radicalismo ni los gobernadores radicales y tampoco cuando fueron gobierno con la Alianza”.
Por su parte, Gerardo Morales, tampoco se quedó atrás con las críticas, y señaló falta de “una política energética de mediano y largo plazo”, “incumplimiento” de la ley de hidrocarburos y “connivencia y complicidad” con el vaciamiento de YPF. No obstante, concedió que “discutir la cuestión de YPF es empezar a cerrar el capítulo de los 90” y en un tono algo espiritual, más propio de Lilita, su ex compañera de partido, conminó al gobierno a pedir perdón para curar “el alma”. “A veces pedir perdón hace bien al alma. Tal vez algunas enfermedades que tenga el Gobierno se relacionen con el alma”, aconsejó el jujeño.
En tanto su par pampeano, Juan Carlos Marino, concluyó muy resueltamente: “En estos temas no le tienen que pedir a la UCR que vote en contra de sus convicciones. Votamos por Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Raúl Alfonsín. No estamos votando un proyecto que nos impone el PJ, estamos votando por la historia de la UCR”. Convencidos siempre, pero de distintas cosas, se ve que la historia de la UCR es muy cambiante: en los 90 por “convicción” votaron la privatización de la petrolera y ahora, veinte años después, “por convicción” su reestatización.
Los cuatro senadores del FAP, de su parte, no lograron arribar a una decisión unánime. Morandini se abstuvo y dejó a sus tres compañeros apoyando en general, uno de los cuales, el santafesino Rubén Giustiniani insistió con la incorporación de las provincias no petroleras en el grupo accionario de la nueva YPF.
Desde el peronismo (no disidente), el senador Aníbal Fernández, fue el encargado de hacerse cargo de las críticas noventosas y explicó que el proceso de privatización de YPF que arrancara en aquella década e impulsado por el PJ implicaba el pase de una empresa estatal a una empresa privada con mayoría de capital nacional. No fue hasta 1995 que la empresa se liquidó finalmente al avalarse la venta de la “acción de oro”, que mantenía en manos del Estado el control de la compañía, y la eliminación del mínimo del 20 por ciento que debía mantener el Estado en su poder y que luego sería vendido a la española Repsol.
El chubutense Marcelo Guinle explicó, por otro lado, la decisión de expropiar sólo las acciones de Repsol y no del Grupo Petersen: “No se está penando a nadie, se está tomando el control. Es lógico y razonable expropiar sólo a ese socio porque no tiene que ver con el monto a pagar, sino con la conflictividad. No es discriminatorio ni persecutorio. Tiene que ver con una situación de conveniencia de no incorporar conflictos con otros actores”.
Finalmente, el peronismo disidente denunció una ostensible violación de la Carta magna: “Podríamos haber logrado la estatización de YPF, pero respetando la seguridad jurídica que establece la Constitución nacional, que nada justifica que sea violada”, se quejó la puntana Liliana Negre de Alonso.
Fuente: Página 12.
