La Corte Suprema de Estados Unidos borró de un plumazo las expectativas que dos fondos buitres tenían sobre una cuenta millonaria del Banco Central argentino en ese país, al fallar este lunes contra el embargo que en 2005 dispuso el juez Thomas Griesa.
Para este fallo, la Argentina había contado con el respaldo de la administración del presidente Barack Obama, que cuestionó la apelación y consideró que los depósitos en la Reserva Federal son inembargables.
“Anticipábamos un rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos al pedido de algunos fondos buitre de revisar una vez más lo que ya había sido una sentencia favorable a la Argentina”, explicó ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en el sexto piso del Palacio de Hacienda.
“Finalmente se agotaron las vías de reclamo de los fondos buitre y eso nos deja en una posición muy robusta para seguir con esta batalla contra los fondos que venimos dando desde el 2005”, agregó el ministro.
“Esto nos alienta a seguir defendiendo los intereses del país frente a los buitres en cualquier corte internacional y ratifica que las operaciones de restructuración de deuda fueron por el camino correcto”, evaluó el funcionario.
El fallo de la máxima instancia judicial de los Estados Unidos corroboró el de una corte federal de apelaciones en Nueva York que indica que “las leyes de Estados Unidos protegen la propiedad de los bancos centrales extranjeros, utilizada para actividades tradicionales de los institutos emisores, sin importar si la entidad es independiente o no del Estado”, según reprodujo la agencia Reuters.
La Corte de Apelaciones sostuvo que los 105 millones de dólares no pueden ser congelados por los límites que impone la ley de inmunidad soberana extranjera de 1976 a la capacidad de los acreedores de la Argentina de inmovilizar o embargar bienes.
A pedido de los fondos buitres controlados por Kenneth Dart y Elliot Management, de Paul Singer, en 2006 el juez de Nueva York Thomas Griesa embargó los fondos que el Banco Central tiene depositados en la Reserva Federal de los Estados Unidos, dando por válida la teoría del “alter ego”, donde interpretaba que la Autoridad Monetaria se equiparaba al Estado Nacional.
Esta medida fue apelada por el Gobierno de Cristina Fernández ante la Corte de Apelaciones, tribunal que ordenó el levantamiento del embargo y motivó el reclamo de los litigantes ante el máximo tribunal de los Estados Unidos.
Los fondos buitres aducen que la Argentina todavía adeuda más de 3.500 millones de dólares a los tenedores de bonos estadounidenses, un argumento que el Gobierno local rechaza.
Según datos de la embajada en Washington, esas cifras corresponden a las demandas encaradas por bonistas y buitres en la Corte de los Estados Unidos, muchas llevadas adelante por entidades que, además, operan sobre paraísos fiscales, como es el caso de EM y NML.
El fallo de la Corte Suprema, por otra parte, sienta jurisprudencia sobre la teoría del “alter ego” y deja a la Argentina mejor parada frente a posibles próximos embates judiciales.
En su planteo, la Argentina pidió a la Corte Suprema que rechace la apelación, aduciendo que no había ninguna razón para que los jueces revisen el fallo.
Antes de pronunciarse, la Corte Suprema recibió un documento denominado Amicus Curiae presentado por el Procurador General de Estados Unidos, Eric Holder, en el que se opuso a la apelación y apoyó la posición argentina al sostener que la Corte de Apelaciones había fallado correctamente que los fondos del Banco Central eran inmunes de ser congelados o embargados.
La Corte Suprema rechazó la apelación sin ofrecer comentarios. En ese contexto, Lorenzino consideró además que esa decisión del máximo tribunal de Estados Unidos “va cerrando un ciclo en las finanzas públicas argentinas, que terminará en un mes con el pago del Boden 2012”, un título del “corralón” de depósitos del 2001 que se cancelará el 3 de agosto por unos 2.300 millones de dólares.
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