La Vigil podría recuperar sus bienes mediante un proyecto impulsado desde la Legislatura provincial. Además, un juez ordenó abrir una investigación sobre los delitos económicos cometidos durante la última dictadura militar, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, ingresó un proyecto, acompañado por una veintena de firmas de distintos bloques, para que la provincia restituya todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que fueron expropiados durante la última dictadura militar.
“Aunque en el proyecto hablemos de Donación para cumplir con los requisitos jurídicos, lo correcto es hablar de restitución, ya que en realidad se está cumpliendo con un acto de estricta justicia y de reivindicación histórica, reparando en parte un avasallamiento a la cultura popular infligido a la entidad, a sus dirigentes, a sus asociados y a toda la ciudad de Rosario, ya que era beneficiaria de su actividad social, cultural y educativa”, sostuvo el legislador provincial.
La Biblioteca Popular fue el producto de la iniciativa y el trabajo conjunto de vecinos de la ciudad, principalmente de la zona sur de Rosario, que en sus momentos de apogeo llegó a contar con escuelas de todos los niveles, cursos de capacitación popular, departamento de publicaciones y editorial Biblioteca, teatro, caja de ayuda mutua, observador astronómico, centro recreativo y deportivo, entre otras tantas actividades.
Bienes que la Biblioteca espera recuperar
Los inmuebles ubicados en la manzanas de Leandro N. Alem, Gaboto, 1º de Mayo y el Pasaje Perkins y la manzana enmarcada por las calles Leandro N. Alem,Gálvez, Ayacucho y Virasoro. Lugar donde funcionó históricamente La Vigil.
Los aproximadamente cincuenta mil libros de la Entidad, que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial “Eudoro Díaz”. Los elementos constitutivos de la mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca,y del observatorio.
Además, las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Institución, y numeros cuadros de pintores locales.
Genocidio cultural
Por otra parte, el juez Marcelo Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la Biblioteca durante la última dictadura militar, «con plenos efectos penales». El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara, para establecer las responsabilidades ante la intervención de la Vigil, en 1977; y el juez hizo lugar la semana pasada.
Al parecer, no hay antecedentes en la provincia de una investigación de delitos económicos, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los ex directivos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la primera en hablar de «genocidio cultural».
En el marco de la causa Feced, a mediados de julio, el juez Bailaque resolvió tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca –sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía–, que recuperaron sus cargos en la Comisión Directiva, el 30 de julio pasado: Augusto Duri, Raúl y Antonia Frutos; y también a la hija de Augusto, Celina Duri. Además, resolvió aceptar a la APDH, para impulsar la investigación de los hechos.
«Tanto los abogados de la APDH como los particulares que patrocinan a los miembros de la comisión directiva, son los que tienen mayor caudal de información, por lo que la idea es trabajar mancomunadamente en el aporte de datos», manifestó a Rosario 12 el fiscal Star, respecto a la investigación.
El 25 de febrero de 1977 una «comisión normalizadora» ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil. Agustín Feced, Telmo Alcides Ibarra, el contador Canceleri, el capitán de Corbeta César Esteban Molina –quien sería designado interventor– y el abogado Maldonado Puig prohibieron el acceso a los directivos, rodeados de personal policial que ingresó al edificio central.
Fuente: Rosario 12
