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Carter elogió el sistema electoral de Venezuela

20/09/2012
Jimmy Carter

Carter: “Tenemos uno de los peores procesos electorales en el mundo”.

El ex presidente de Estados Unidos, James Carter, sostuvo en el discurso anual de su fundación, Centro Carter, que “el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo” y que en “2006 el presidente venezolano ganó los comicios honestamente”.

Jimmy Carter afirmó en el encuentro que se realizó en Atlanta que “de hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”

Quien fuera el primer mandatario de unas de las potencias del mundo declaró que Chávez ganó los comicios de 2006 de manera totalmente honesta, no sin antes aclarar que él estaba en desacuerdo con la política del Presidente de Venezuela.

Carter explicó que el sistema venezolano está completamente automatizado lo cual facilita la verificación de las elecciones y a la vez cada uno de los procesos, desde la inscripción en el Registro Electoral hasta el conteo de los votos, es auditable.

En ese sentido Carter sostuvo que las próximas elecciones a realizarse el 7 de octubre “serán totalmente legítimas”

En Venezuela la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones prohíbe a las organizaciones políticas aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, de compañías extranjeras, empresas u organizaciones políticas de otros países.

En el mismo discurso el expresidente norteamericano hizo una fuerte crítica al sistema de su país: “Mientras los sistemas comiciales en América Latina han mejorado significativamente, en Estados Unidos se ha consolidado una corrupción financiera vinculada a los procesos electorales, alimentada por resoluciones que han facilitado el flujo de dinero privado a los cofres de los candidatos”.

Al respecto Carter afirmó: “Tenemos uno de los peores procesos electorales en el mundo, debido a la afluencia excesiva de dinero privado”.

Inclusive, lideró la petición de la Corte Suprema de Estados Unidos para anular una medida del 2010, que declaraba inconstitucional la regulación por parte del gobierno de las donaciones anónimas a organizaciones políticas.