Este martes diversas organizaciones sociales se congregaron en plaza Pringles para marchar en contra de la medida que reduce o suprime el pago de las prestaciones por discapacidad reconocidas en la Ley 24.901.
La cita fue a las 10 en la céntrica plaza de Córdoba y Paraguay, donde los manifestantes se reunieron en defensa de las más de cien mil personas cuya atención médica peligra debido a la Resolución 1200/12 que recorta el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales a las Obras Sociales.
“Organismos obligados a asegurar la atención de las personas con discapacidad toman decisiones y dictan resoluciones contrarias tanto a lo que establece la Ley 24.901, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) que nuestro país suscribiera ante las Naciones Unidas”, denunció la titular de la nicoleña Cooperanza, Cristina Quiroga quien, en diálogo con Diario El Norte, precisó los alcances de la medida que afectaría directamente quienes padezcan de alguna patología severa, enfermedad crónica o problema genético.
En tanto la directora de la rosarina Casa Azul, Mabel Pérez Bonilla, pidió a las obras sociales y al gobierno nacional “que más allá de las disputas que mantienen, respeten los derechos de las personas con discapacidad y cumplan con la ley”.
Y es que la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud “amenaza” con recortar la cobertura sanitaria y de educación para discapacitados, con lo cual “el año que viene los chicos no van a tener docentes”.
Ya la semana pasada 40 instituciones educativas y centros de día de la ciudad mostraron su preocupación por el avance de esta iniciativa y un grupo de padres lanzó un comunicado explicando el perjuicio que “sobre todo a niños y a jóvenes” le causará la resolución, ya que “no contarán con la cobertura completa de los servicios de integración escolar, de educación especial ni asistencia de terapias de apoyo (psicopedagogía, psicología, fisioterapia) como también otras prestaciones que se liquidan con límites muy difusos y sin criterios claros”.
“Las personas con discapacidad necesitan una atención integral y permanente y por lo tanto requieren un financiamiento sostenido y sin interrupciones. La ley garantiza la atención de las personas con discapacidad y las recientes medidas adoptadas vulneran sus derechos”, concluyó Quiroga.
