Los concejales del FPV señalaron que el anuncio por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de clausurar el cabaret La Rosa «llega demasiado tarde y sólo ante actuaciones de la Justicia».
Norma López aseguró que «lo único que han favorecido con la imposiblidad de cerrarlo y verificar la conexión existente entre el local y el hotel lindero, es el proxenitismo. Sus inspectores se negaron a clausurar el local, tal como lo señaló la jueza a cargo del operativo, Alejandra Rodenas; lo que habla a las claras de una cierta connivencia del Estado municipal para con el cabaret».
«La whiskería fue fiscalizada en unas decenas de oportunidades por agentes municipales. Sin embargo, no se detectó la conexión con el hotel lindero. En la investigación de la justicia se pudo acreditar, no sólo que existían entre ambos dos puertas, en la planta baja y en la terraza, sino que compartían servicios y hasta una videocámara que monitoreaba el movimiento de ambos lugares. Sin embargo, luego del allanamiento del sábado, no se ordenó la clausura del local, sino hasta transcurridos más de tres días, aunque ya estaba la confirmación de que tenía estrecha relación con el hospedaje», señaló Roberto Sukerman.
Por su parte, López remarcó: «Pese a la decisión de la justicia, a las ordenanzas municipales y a la Ley de Trata, este local seguía funcionando como si fuera un kiosco. Es más, ante reiteradas denuncias que han realizado distintas organizaciones civiles y mujeres en lucha contra la trata ante la intendencia y la justicia, el municipio se dignó, tardíamente, a no incluirlo más en la folletería del Ente Turístico de Rosario que promocionaba el cabaret como una atracción turística de la ciudad».
«Hay una ordenanza de hace dos años y medio que prohíbe la comunicación interna entre whiskerías y algún alojamiento. Según el titular de Seguridad Ciudadana del municipio, Luis Baita, 490 inspectores que trabajan de manera rotativa y con jefes diferentes, no vieron la relación entre el local y el hotel u omitieron las pruebas que, para la justicia, son bastantes claras, o tenían una orden de no ver lo evidente», finalizaron los ediles.
