Un grupo de campesinos que habían ingresado a la hacienda Marina Cué, en Curuguaty, donde ocurrió en junio del año pasado la masacre que derivó en el golpe institucional contra Fernando Lugo decidió este martes desocupar pacíficamente el lugar, luego de ser intimados por la Policía. Reclamaban la liberación de familiares detenidos por aquellas muertes.
La movilización fue en coincidencia con la quinta sesión de la audiencia preliminar que se celebró y donde la jueza Yanine Ríos admitió el cuestionamiento de la defensa en cuanto a la no relación de las pruebas con las acusaciones a los procesados por la masacre.
Ante la decisión de la jueza, este miércoles serán presentadas las cajas que contienen las evidencias en otra jornada de la audiencia preliminar, al final de la cual se resolverá si los acusados van a juicio.
Tras escuchar los descargos de los fiscales Jalil Rachid y Francisco Ayala, y comprobar que hubo un error en la acusación de los procesados por la masacre de Curuguaty, la jueza Ríos ordenó la apertura y exhibición de las pruebas que recolectó la Fiscalía y explicó a los acusados que esas evidencias “no están individualizados como corresponde”.
La defensa apeló la decisión de la jueza, argumentando que las pruebas recolectadas por el Ministerio Público no fueron exhibidas en su momento, por lo que el proceso no se puede retrotraer, lo cual fue denegado por la magistrada.
El inmueble de Marina Cué, cuya propiedad está en disputa entre la familia Riquelme y el Estado paraguayo, fue escenario de un dantesco enfrentamiento hace un año, que terminó con la muerte de seis policías y 11 campesinos.
Los campesinos volvieron al campamento que habían instalado hace poco más de un año, frente al lugar donde se produjo la matanza del 15 de junio del 2012.
Tras la ocupación, el fiscal José Zarza determinó que alrededor de 15 agentes de la policía monten guardia permanente en el lugar, a fin de evitar que el grupo intente una nueva invasión.
Al término de la audiencia, la jueza Ríos debe determinar si enjuicia a los campesinos acusados desde 2012 por invasión de inmueble ajeno, homicidio doloso y asociación criminal o los reconoce inocentes.
