La fiscal Graciela Argüelles cuestionó este viernes los controles que la empresa Litoral Gas realizó en el edificio siniestrado de Salta 2141 al señalar que los mismos «fueron muy limitados y primitivos”, algo que calificó de “inadmisible». Ante la inminencia de medidas judiciales aún en evaluación, la funcionaria no descartó nuevas detenciones.
En declaraciones al programa de televisión Bien Temprano (Canal 5), Argüelles dijo que los controles hechos por la empresa días antes del siniestro “fueron muy limitados, muy primitivos realmente, es inadmisible”.
“Primero se hicieron unos trabajos muy precarios, luego se restablece el servicio y se da el ok como que está todo bien, como que no hay pérdida de gas. Pero no sólo no debía haber pérdida de gas, sino que las instalaciones debían estar bien hechas, habría que haberlas cambiado”, sostuvo la funcionaria judicial.
“No podemos hacer emparches sobre algo que era muy obsoleto, eso se lo digo yo desde mis escasos conocimientos», agregó.
Respecto de la responsabilidad que le cupiere al gasista, Argüelles señaló que «se tiene que probar su negligencia, su imprudencia en la realización de este trabajo para el que fue contratado. Porque a lo mejor no es una persona inexperta, tiene muchos años en esto”.
“Cuando comienza a tener problemas con el gas, y no puede cerrar las llaves de paso del gas y las llaves de paso de algún departamento creo que tuvo que haber suspendido las tareas», dijo la fiscal.
Asimismo, precisó que la eventual responsabilidad de Litoral Gas en la tragedia podría inferirse también «en la rehabilitación del servicio cuando no estaban dadas las condiciones de seguridad. Cuando va un inspector y sólo constata que no hay pérdida de gas no es suficiente. Hay que ver si esa instalación está autorizada».
Argüelles explicó que se hayan en evaluación nuevas medidas judiciales sobre las que si bien no puede manifestarse por estar aún a resguardo del secreto de sumario, podrían derivar en nuevas detenciones.
Este jueves en Tribunales se tomaron declaraciones testimoniales a tres inspectores de la empresa, uno de los cuales reconoció haberse presentado dos veces en el edificio. La última vez fue el viernes 4 de agosto, porque «lo mandó un jefe».
«Dijo que puso agua jabonosa a la cañería y a la válvula, certificó que no había pérdidas y habilitó el servicio», confirmó una fuente judicial citada por el diario La Capital, sobre la última de aquellas inspecciones.
Esa revisión fue a causa de un arreglo hecho entre el 26 y 27 de julio (días en los que se cortó el servicio) por un primer gasista que también manipuló el sistema.
Ese hombre, sugerido por un plomero que hacía mantenimiento eventual en el edificio, también declaró en el juzgado de Juan Carlos Curto.
El técnico explicó que reparó la válvula, pero, como no encontró el repuesto que le debía cambiar (por la antigüedad del aparto no se consiguen sus partes en los comercios del rubro), hizo una adaptación artesanal.
Pero los vecinos seguían notando baja presión en sus artefactos (hornallas, calefones) y el mismo viernes 2 de agosto realizaron una reunión de consorcio donde acordaron llamar a otro profesional.
En este caso convocaron al gasista, ahora detenido, para que diera una solución definitiva al problema.
principiano
09/08/2013 en 15:42
la burocracia administrativa mezquina de los consorcios, el ente privado que otorga el fluido,sin la debida capacidad, solo cumpliendo el fin recaudador del capital, los peligrosos intereses egoistas sin defensa de la dignidad de la vivienda del consorcio, los empleados sin interes responsables de su contralor, el personal que asume una responsabilidad para la cual no tiene los elelmentos, ni tiene preparacion tecnica, todo un resultado de que la vida humana es un objeto, y no sujeto de la historia social d una sociedad basada en los valores burgueses capitalista.