Para el diputado provincial Eduardo Toniolli el allanamiento trucho a la casa Medina habría sido para “limpiar la escena”. El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, consideró “inimaginable” una medida como esa sin autorización de un juez.
El diputado provincial Eduardo Toniolli cuestionó este lunes el intento de allanamiento perpetrado por tres agentes de policía santafesinos a la casa que el presunto narco asesinado el 29 de diciembre poseía en un country de la localidad bonaerense de Pilar. “Evidentemente querían limpiar la escena”, afirmó el legislador. En tanto para el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, resulta “inimaginable que haya policías llevando a cabo una medida de esa naturaleza sin contar con la autorización de la jueza a cargo”. Desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que ya pasron a disponibilidad a los tres agentes que participaron del operativo.
Allanamiento trucho
Según públicó este domingo en su pirulo de tapa Rosario/12 –y ampliaron los matutinos locales este lunes–, tres policías rosarinos de la División Judiciales llegaron el sábado al country Haras del Pilar junto al padre de Justina Pérez Castelli, la joven de 23 años y pareja de Medina, que también fue asesinada a fines de diciembre en un acceso de Rosario.
Fuentes judiciales señalaron que los investigadores pidieron ingresar a una casa que Medina tenía en el country, donde vivía desde que había dejado Rosario, presuntamente por cuestiones de seguridad.
Pero los custodios del barrio cerrado le solicitaron la orden de allanamiento, que los agentes no tenían, por lo que invocaron el nombre de la jueza que investiga el doble crimen, Alejandra Rodenas, abundaron los informantes.
Los custodios del country llamaron a la DDI de Pilar, cuyos efectivos alertaron a la jueza de la intención de los policías, quienes quedaron al descubierto.
Los policías rosarinos que participaron del allanamiento trucho fueron pasados a disponibilidad este lunes. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe adoptó esta medida que involucra a los tres agentes de la División Judiciales de la Policía de Rosario, quienes el sábado pasado quisieron ingresar a la vivienda de Luis Roberto Medina, el presunto empresario narco asesinado el 29 de diciembre, sin orden de allanamiento.
Además, desde la cartera de Seguridad santafesina señalaron que se dispuso «el inicio de investigaciones administrativas a los tres efectivos policiales que intervinieron en el hecho ocurrido el sábado en la localidad de Pilar, Buenos Aires, por presuntas irregularidades».
«Esta disposición -agregó el ministerio en un comunicado- se realiza con el fin de determinar la existencia y alcance de los hechos, como también la eventual responsabilidad del personal».
Según voceros judiciales, los policías argumentaron que iban a realizar tareas investigativas y que no invocaron el nombre de la jueza para ingresar a la casa de Medina.
Agregaron que la jueza Rodenas tenía preparado un allanamiento -que finalmente se realizó ayer- y que la irrupción de los agentes de la División Judiciales no contaba con la autorización de la magistrada, y que de haber ingresado a la vivienda podrían haber hecho caer parte de la investigación.
Rodenas había pedido irrumpir en dos casas utilizadas por Medina: la propia y la de un amigo, apodado «Patán», que alquilaba la casa al rosarino asesinado.
Estaba en eso cuando le informaron que en la puerta del Haras del Pilar habían sido demorados tres policías rosarinos que querían ingresar con el padre de la víctima, quien tenía una llave. Como le dijeron que los uniformados invocaban su nombre y una orden judicial no encontrada, la jueza pidió rápidas explicaciones al jefe de Unidad Regional II, Luis Bruschi.
Su ofuscación tenía que ver con que esa acción imprevista, a su juicio inexplicable, podía frustrar medidas en curso allí mismo y generar nulidades posteriores, en especial si llegaban a ingresar a las casas. Más cuando sí se terminó encontrando en ellas, finalmente allanadas este domingo, evidencia útil a la causa.
Desde la división a la que pertenecían los agentes aseguraron que se trató de una «actividad normal» y negaron haber pretendido allanar la casa. Por el contrario, adujeron haber ido a «constatar una información» vinculada con el caso y a tomar fotografías.
Pero esa versión al momento no satisfizo a nadie ya que la investigación viene de un arranque poco feliz por el paso aparentemente injustificado de una evidencia importante por oficinas ajenas al sistema judicial, como fue el caso de la computadora portatil de la víctima.
Luis Medina (43) fue asesinado de 17 balazos la mañana del domingo 29 de diciembre cuando circulaba en un Citroën CS3 junto a su pareja Pérez Castelli. De acuerdo a la investigación, un automóvil se les puso a la par y desde el interior personas comenzaron a disparar.
Según la autopsia, el cuerpo del empresario sospechado de vínculos con el narcotráfico tenía tres disparos en el costado izquierdo del cuerpo y 14 en la espada, que los investigadores interpretan que fueron para rematarlo.
Más polémica
Sumado a la novela de la compurtadora portatil de Medina –que todavía sigue entregando nuevos capítulos–, el incidente del allanamiento trucho volvió a generar sospechas a diestra y siniestra. El ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, dijo este lunes a la prensa “que la policía, y más en el estado actual de la investigación, solamente puede actuar en la medida en que tenga la orden de la jueza que conduce la investigación».
«Es inimaginable que haya policías llevando a cabo una medida de esa naturaleza si no contaban con la autorización de la jueza a cargo», remató contundente Erbetta en la entrevista a LT8.
Antes, al mismo medio, el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli consideró «que este intento de allanamiento ilegal en Pilar sumado a la entrega de la computadora personal de Luis Medina a un funcionario político, configuran un escándalo de proporciones».
«Ahora, así como digo esto, también creo que es parte de lo que nosotros cuestionamos diariamente. No me sorprende que pasen este tipo de cosas por la manera en que se investiga y quienes investigan en la provincia de Santa Fe», agregó el legislador.
«Nosotros decíamos hace exactamente cuatro días, tras el veto a nuestro proyecto de policía judicial, que la intención del gobierno, especialmente en el área de Seguridad y de Justicia, tenía que ver con no restarle poder a determinados sectores de las fuerzas de seguridad que son los que hoy se encargan de las investigaciones. Y no poder dotar al fiscal general de una herramienta propia jerarquizada y que le recorte su poder a la fuerza de seguridad que tiene un poder enorme para gestionar el delito utilizando herramientas no legítimas”, consideró Toniolli.
El también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja provincial sostuvo por último que «lo grave, además, es que la jueza nunca dio intervención a este área de la fuerza para participar en la investigación».
«Por eso digo que es realmente escandalosa y hay que abrir una investigación para poner en el centro de la escena a estas personas y sus superiores. Evidentemente querían limpiar la escena para evitar que se supiera algo y la primer sospecha es que hay una relación entre estas personas y el comercio ilícito que protagonizaba Medina», concluyó el diputado.
