El fiscal Di Lello imputó por “negociaciones incompatibles con la función pública” al vicepresidente de la Nación, y señaló que «no resulta razonable» que “esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida».
Según confirmó este jueves el portal de noticias de la Procuración Federal de la Nación, fiscales.gob.ar, el fiscal federal Jorge Di Lello requirió este mediodía la indagatoria del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray, y de su jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, por considerar que realizaron negociaciones incompatibles con la función pública en la quiebra y posterior adquisición de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica SA) por parte de la empresa The Old Fund.
Además, el fiscal requirió las indagatorias de los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, José Maria Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Jorge Enrique Capirone, Maximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martinez, a quienes consideró «partícipes en diferente grado de la maniobra».
En su escrito de trece páginas, el fiscal indicó que el objeto de la causa es «esclarecer la actividad que habrían desarrollado Alejandro Paul Vanderbroele y Sergio Gustavo Martínez, quienes en su carácter de miembros del directorio de The Old Fund, habrían adquirido la empresa Ciccone Calcográfica SA (luego Compañía de Valores Sudamericana) declarada en quiebra, con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación».
La adquisición habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal. En este contexto, al vicepresidente de la Nación se lo investiga por el «supuesto de negociaciones incompatibles» con la función pública, «por cuanto se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona».
En el comienzo de su pedido, Di Lello indicó que «habida cuenta del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, no resulta razonable que el ordenamiento jurídico facilite que un funcionario público, de la jerarquía del Vicepresidente de la Nación, esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida ya que se encuentra comprometido el mandato constitucional acordado oportunamente por el pueblo de la Nación».
«Con la responsabilidad de fortalecer el sistema republicano democrático, con más de 30 años de vigencia en la Nación, se torna imprescindible establecer la situación jurídica, sujeta a una gran actividad mediática, de quien ya en varias oportunidades, se ha desempeñado como Presidente de la Nación, brindándole de esta manera la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal», consideró el fiscal.
