Un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura comenzará este viernes en tribunales federales de calle Oroño. Juzgarán a diez ex integrantes del Servicio de Informaciones de la policía.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, Roberto López Arango, María Ivón Vella y Noemí Berros, darán inicio este viernes a las 10, a las audiencias del sexto juicio oral y público contra represores de la dictadura realizado realizado en la ciudad. Estarán en el banquillo de los acusados una parte de la patota que intervino en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía (SI) de Dorrego y San Lorenzo.
“Nast, Lucio Cesar s/ homicidio, violación y tortura y sus acumuladas”, es la carátula del expediente que –según indicó la agrupación HIJOS en un informe– se desprendió en su momento de la mega causa Feced, y que tuvo una primera tanda de condenados en 2012, cuando se sentenció a prisión perpetua al ex jefe del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, al igual que al torturador José Lo Fiego, quien volverá a estar en el banquillo de los acusados desde este viernes. En aquella oportunidad también fueron penados con 25 años de cárcel Mario Marcote y con 12 y 10 años Ramón Vergara y José Scortecchini.
Según un informe sobre la causa preparado por el equipo jurídico de la organización HIJOS Rosario, en el proceso se juzgarán graves crímenes de lesa humanidad cometidos contra cuarenta detenidos políticos, entre los que se incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas y violaciones, por los que están acusados diez represores del ex Servicio de Informaciones de la policía (SI). Además se ventilarán los homicidios de de Conrado Galdame, y los ciudadanos peruanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes.
Los represores que juzgarán desde este viernes son Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliente, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano (único Imputado De Homicidio En Este Expediente), Lucio César Nast, José Rubén Lo Fiego (ya condenado a prisión perpetua) y Ricardo José Torres.
El caso Galdame
Conrado Galdame fue secuestrado el 16 de diciembre de 1978 por la patota de Feced y asesinado en el mismo Servicio de Informaciones donde había sido torturado. El caso se completó con el montaje de un supuesto enfrentamiento armado, en un operativo en el que la patota – luego del asesinato a Galdame–, se dirigió al domicilio de Conrado y asesinó a dos habitantes de la casa: los hermanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes (ciudadanos peruanos). El caso Galdame fue parte del juicio a las Juntas, y fue reabierto después de la derogación de las Leyes de Impunidad, donde declararon 5 testigos.
“La causa planteó un problema en su origen para el seguimiento del juicio y por ende en la pelea por el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y es que la causa quedó sin querellantes, lo que significa una clara limitación a la hora de presentar pruebas, exigir pericias y participar activamente en la causa”, señaló H.I.J.O.S. en un comunicado de prensa. “La única hermana de Conrado (Alicia Galdame) quien se había ocupado activamente en la causa, falleció y a partir de ahí no fue posible dar con algún familiar directo, los únicos habilitados por el Código Penal para ser querellantes.
“Al no encontrar en su momento un familiar directo de las víctimas de esta causa, como sí sucede en otras, fue que en su momento hemos decidido hacer uso de nuestra personería jurídica y presentarnos como organización para poder movilizar el expediente” añadieron desde H.I.J.O.S.
Según indicaron desde HIJOS, los asesinatos de Galdame y los ciudadanos peruanos no tuvo varias consecuencias dentro de las fuerzas represivas. “Planteó en su momento un enfrentamiento entre los integrantes del SI y el Servicio de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército que derivó en la remoción del “Mudo” Guzmán Alfaro, jefe del Servicio y el comienzo el desmantelamiento SI, completada a mediados de 1979, antes de la visita a la Argentina del la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, indicaron desde la organización de lucha por los derechos humanos.
