Saint Amant pidió quedar fuera del juicio. Foto: Manuel Costa.
Saint Amant pidió quedar fuera del juicio. Foto: Manuel Costa.

Luego de dos recusaciones a magistrados “vinculados emocionalmente” con el terrorismo de Estado, comienza este martes el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en la ciudad de San Nicolás.

Tras las demoras producidas por la recusación del juez Luciano Lauría –uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario–, que postergó el inicio del juicio Saint Amant II, finalmente comienza este martes 8 de abril el proceso en el que se ventilarán los delitos de lesa humanidad investigados en quince causas unificadas que dan cuenta de la represión desatada durante la dictadura en San Nicolás, Pergamino, Baradero y San Pedro. En el mismo expediente fue recusada en 2011 la jueza Laura Inés Cosidoy.

Los imputados son el ex Comodoro Juan Antonio Benvenutto, los ex Teniente Coronel Manuel Fernando Saint Amant y Norberto Ricardo Ferrero; y el ex Mayor Antonio Bossie. Por parte de la Policía Bonaerense, los acusados son el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastrandrea, el ex Suboficial Daniel Fernando Quintana, los ex agentes Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Miguel Ángel Lucero, Carlos Enrique Rocca, los ex Subcomisarios, Guillermo Miguel Adrover y Arnaldo Nasiff Bolmeni; el ex Comisario, Clementino Rojas, y los ex oficiales, Juan Alberto González y Roberto Horacio Guerrina.

Saint Amant fue jefe del Batallón de Combate de Ingenieros 101 y del Área Militar 132 (partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón y Pergamino) con sede en San Nicolás; y Ferrero era el jefe del Batallón de Combate de Ingenieros 101 y del Área Militar 132, dependiente de la Subzona 13 con sede en Junín y dependiente a su vez de la Zona 1.

El Tribunal estará integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, quien fue designado por Casación luego de que fueron recusados Laura Cosidoy, el año 201,0 y Luciano Lauría, en 2013. Como Escobar Cello también integra el tribunal que tramita la causa “Díaz Bessone”, hasta tanto no finalice habrá sólo una audiencia semanal en este juicio.

Según precisaron fuentes de la querella, en el debate oral se ventilarán delitos cometidos contra 77 víctimas del terrorismo de Estado y llegarán al banquillo de los acusados 15 represores, mientras que se espera la participación de más de 200 testigos.
Se trata de hechos que se registraron en el circuito represivo del Área Militar 132 con asiento en San Nicolás, que estuvo bajo la conducción del entonces coronel Manuel Fernando Saint Amant, quien ya fue condenado en diciembre de 2012 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

El representante del Ministerio Público Fiscal Adolfo Villatte anticipó que en el debate oral será muy importante el contexto en el que se produjeron los 13 hechos que son juzgados, de los cuales resultaron víctimas 76 personas y 14 de ellas fueron asesinadas.
En sintonía con lo reclamado por las organizaciones de derechos humanos y las querellas, la fiscalía solicitó que además de Rosario, las audiencias se realicen en las ciudades de donde ocurrieron los hechos. Villate explicó que “el comienzo del juicio y la conclusión, con los alegatos y la sentencia, serán en San Nicolás, pero en el medio habrá audiencias en Pergamino y San Pedro».

El debate oral, que comenzarán en San Nicolás y luego será itinerante, estaba previsto originalmente para el martes 18 de marzo. La postergación en el inicio del juicio obedeció a la recusación planteada por la agrupación HIJOS Rosario contra el juez federal Luciano Lauría “por su amistad con el ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa”, condenado a prisión perpetua justamente por delitos de lesa humanidad.

Sin Lauría
Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la agrupación HIJOS Rosario recordaron en el rechazo a Lauría su relación con Víctor Brusa, quien “fue el primer juez federal sentenciado por haber cometido delitos de lesa humanidad”. “El doctor Lauría fue su secretario, y en muchas oportunidades ha expresado públicamente la amistad que lo une con Brusa y la relación familiar con algunos de sus HIJOS”, plantearon.
“Nosotros entendemos que una persona que en su momento utilizó esta amistad como herramienta para excusarse en una causa en la que Brusa estaba imputado, no tiene el piso ético y moral que se requiere para los jueces”, indicó el escrito que corrió del juicio a Lauría, en el que se añadió: “por una cuestión de afinidad, se olvidó de los delitos de lesa humanidad cometidos por Brusa”.

Sin Cosidoy
“Esta recusación pretende salvaguardar la garantía de juez imparcial, el derecho de defensa y la transparencia necesaria inherente al debido proceso legal”, indicó el escrito presentado por el equipo jurídico de HIJOS en 2011 para rechazar la presencia de Cosidoy en el mismo juicio.

La presentación de HIJOS esgrimió entre otros argumentos para recusar a la jueza, la propia confesión de Cosidoy realizada en declaraciones a la prensa, en las que manifestó su relación personal de “amistad” con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

Algunos de los testimonios más duros contra Cosidoy fueron manifestados, entre otros, a lo largo del juicio Díaz Bessone primero y del denominado Feced II –que se encuentra en curso actualmente–, por una docena de ex presos políticos que “sufrieron” a la actual jueza federal cuando ésta era defensora oficial, en los años del terrorismo de Estado.

Fuente: El Eslabón.

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