En una documento firmado por la presidenta, el Gobierno respondió una solicitada de American Task Force Argentina, y la calificó como «un verdadero grupo de tareas norteamericano contra Argentina». El escrito considera que «los hechos demuestran que no es mito que sean buitres». Este viernes la delegación argentina se reunirá con el designado Pollack.
El ejecutivo reiteró este viernes en los principales periódicos del país, la solicitada publicada anteriormente en medios internacionales.
En tanto, la delegación que representa a Argentina en el conflicto con los fondos especulativos que no aceptan un reestructuración de la deuda propuesta por el país, se reunirán con Daniel Pollack, designado por el juez neoyorquino Thomás Griesa.
La comunicación oficial, firmada por Cristina Kirchner, se titula «Fondos buitres: los hechos demuestran que no es mito que sean buitres», donde sostiene que esos grupos financieros «amenazan públicamente a la Argentina».
A modo de ejemplo de la tarea de lobby desarrollada se cita a la American Task Force Argentina (ATFA), a la que se califica como «un verdadero grupo de tareas norteamericano contra Argentina».
La solicitada apunta a uno de los argumentos principales de los fondos buitre es que el país «se niega a negociar y elige el default», a lo que el gobierno responde que la Argentina «ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación».
El documento publicado también recuerda que «la crisis de 2001 dejó a Argentina con el default más grande de la historia» y que «el proceso de renegociación iniciado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner consiguió la adhesión voluntaria del 92,4% de los acreedores». Y que la Argentina pagó desde 2003 más de 190 mil millones de dólares entre capital e intereses, «sin por eso amenazar el proceso de crecimiento con inclusión social».
También destaca que «recientemente, el país negoció un novedoso mecanismo de pago para los acreedores reunidos en el Club de París, que permitirá potenciar la inversión de los países miembro en Argentina, con un esquema que contempla la sustentabilidad económica y financiera del acuerdo».
Igualmente, se acordó pagar los litigios con sentencia firme en el CIADI y se acordó con la empresa Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, con una quita del 50% respecto al reclamo presentado en el CIADI y el pago a más de 10 años.
«No caben dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con Argentina son los fondos buitres» asegura el texto oficial, «justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes», enfatizó.
La solicitada señala, luego, la «segunda mentira» de los buitre: que la Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa, y que la cifra de 15 mil millones de dólares (a la que debería elevarse el pago inmediato) no tiene sustento.
El gobierno responde que ese eventual pago absorbería 25% de las reservas nacionales, lo cual implicaría «una carga desproporcionada para cualquier país como la Argentina».
En cuanto a la tercera mentira -que los buitre están dispuestos a otorgar mayor tiempo la Argentina- la solicitada menciona declaraciones de los propios fondos buitre ante el juez neoyorquino Thomas Griesa, que conminan al pronto pago.
«Argentina -añade el texto- no se dejará extorsionar por estos profesionales de la especulación» y continuará honrando sus compromisos con el 92,4% de los acreedores.
La solicitada advierte que los buitres y Griesa «pretenden que un acreedor solvente y líquido como la República Argentina, que cumple sistemáticamente con sus compromisos financieros, ingrese en cesación de pagos».
Por último, señala que «el sistema financiero internacional debería encontrar un nuevo término para definir la imposibilidad de cobrar por parte de un acreedor lo que legítima y legalmente le corresponde, por acciones o interferencias de terceros».
Fuente: Télam
