«Inválido e ilegal», con estas palabras el juez Thomas Griesa calificó la iniciativa del gobierno argentino de enviar al poder legislativo el proyecto de ley de Pago Soberano para poder pagar a los bonistas. A su vez, el magistrado neoyorquino rechazó el pedido formulado por los holdouts de colocar al país en situación de desacato.
Griesa calificó como “inválido e ilegal” el proyecto de Ley impulsado por Argentina para el pago a bonistas reestructurados y rechazó el pedido de los fondos buitre de colocar al país en desacato por llevar adelante esta acción.
En la audiencia desarrollada en la tarde de este jueves en Nueva York, Griesa volvió a instar a las partes a que se sienten a negociar junto al mediador Daniel Pollack, designado por su corte.
“En este caso, está tan claro como puede estar, que de alguna manera, en algún momento, espero más temprano que tarde, habrá un acuerdo” entre las partes, afirmó el juez, cuya imparcialidad no es demasiado elocuente.
En ese sentido, el magistrado rechazó el pedido de imponer la figura de desacato a Argentina, formulado por los fondos buitre NML y Aurelius, tanto en el encuentro de este jueves como en la carta que le enviaron este miércoles para solicitar una “audiencia de emergencia”, tras el anuncio del plan de pago soberano realizado por la presidenta el martes por la noche.
“¿Cómo (la figura) de desacato contribuye a un acuerdo?”, les preguntó Griesa a los abogados de los fondos buitre que insistieron en reiteradas veces en pedir que el juez aplique esa figura al país.
Para el abogado de Aurelius, Edward Friedman, aplicar el desacato contribuiría porque “envía un claro mensaje” a la Argentina y a terceras partes que podrían asistir al país a ejecutar esa iniciativa de pago.
Tanto Friedman como el abogado de NML, Robert Cohen, plantearon además que la corte “considere sanciones” como paso posterior al desacato, lo que también fue desestimado de plano por Griesa.
Por su parte, el letrado representante del país, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna manera a lograr un acuerdo negociado entre las partes y que, a su vez, “no hay bases” para aplicar esa figura dado que no hubo violación en las acciones que llevó adelante Argentina.
Lo que Argentina “está haciendo, es abiertamente, un proyecto de Ley como parte de un proceso democrático”, concluyó Boccuzzi.
Fuente: Télam
