Un juez federal debe definir si hay audiencias públicas en el tramo final de la principal causa por delitos de les humanidad de la capital entrerriana, tal como exige la ciudadanía.
Primero fueron los querellantes y la fiscalía en una audiencia con el juez hace 20 días. Después fueron los organismos de derechos humanos a través de comunicados de prensa y, finalmente, ciudadanos que firmaron un petitorio que fue presentado, este miércoles, por mesa de entradas de tribunales. El reclamo es para que la Justicia Federal de la capital entrerriana abra las puertas de su sala de audiencias y permita que las declaraciones de los testigos de la causa Área Paraná sean orales y públicas.
Parece inverosímil que en el siglo XXI, en un país donde los represores son juzgados hasta en grandes auditorios, deban hacerse insistentes reclamos para conseguir que se le pueda dar difusión a un juicio por delitos de lesa humanidad. Sucede que esta causa es una de las muy pocas que en el país tramitan por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que estaba vigente a la época a de los hechos y preveía un proceso por escrito y sin audiencias públicas. Fue una batalla jurídica que los acusados ganaron hace una década, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que demoró que el reinicio de la investigación tras la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Sin embargo, los abogados querellantes advirtieron que el mismo Código –ya derogado, por otra parte– prevé la posibilidad de audiencias orales y públicas en la actual etapa del juicio: la “apertura a prueba”, que es el último tramo antes de los alegatos y la sentencia. El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, juez de sentencia, debe resolver en estas horas al respecto.
Firmas
Una nota dirigida al juez Ríos, acompañada por unas 500 firmas reunidas en menos de 24 horas, fue presentada este miércoles al mediodía en los tribunales de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana. Gran parte de las firmas fueron recolectadas por los organismos de derechos humanos de la ciudad el día anterior en la plaza Sáenz Peña, mientras se realizaba el festival de homenaje a las víctimas de la Noche de los Lápices.
La importancia de que las audiencias sean orales y públicas radica en que así las declaraciones de víctimas de delitos de lesa humanidad y familiares podrán ser escuchadas por cualquier vecino interesado y sus testimonios podrán ser difundidos por los medios de comunicación.
El pedido es que dichas declaraciones se realicen en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones y que, además, no se limite la cantidad de testigos propuestos por las querellas. Esto es lo que debe definir Ríos en las próximas horas, cuando emita el denominado “proveído de pruebas”, en el cual dispondrá qué material probatorio acepta de lo ofrecido por las partes y qué ratificaciones de declaraciones testimoniales. Además resolverá si las audiencias serán a puertas cerradas o de cara la sociedad.
Al respecto la nota presentada con las firmas expresa: “Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de Paraná, nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle nuestro interés en que las audiencias de ratificación de declaraciones testimoniales de la causa área Paraná se realicen en audiencias orales y públicas. A más de tres décadas del inicio de la investigación, el pueblo de Paraná necesita ser parte de esta instancia para la reparación de los lazos sociales que vino a romper la dictadura cívico militar”.
Los organismos de derechos humanos –como H.I.J.O.S. Regional Paraná, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) y la agrupación de ex presos políticos La Solapa– vienen reclamando la publicidad de las audiencias junto a los querellantes en la causa. Así se planteó en la audiencia que las partes mantuvieron con el juez el 25 de agosto, cuando el fiscal José Ignacio Candioti se expresó en el mismo sentido. Además, la agrupación H.I.J.O.S. emitió el fin de semana un comunicado insistiendo con el pedido, y en el documento leído en el acto de homenaje por el 38º aniversario de la Noche de los Lápices se retomaron los mismos conceptos.
Otro reclamo es que el magistrado no acepte las maniobras dilatorias del imputado Jorge Humberto Appiaini, quien como abogado ejerce su autodefensa. El represor presentó un pedido para que declaren 120 testigos, en lo que se considera otro intento por demorar el dictado de la sentencia, como lo hizo a lo largo de todo el proceso con recursos y recusaciones de todo tipo.
La causa
En la megacausa Área Paraná, que se inició con el retorno de la democracia, se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos en la costa oeste entrerriana contra 52 víctimas. Entre otros crímenes hay cuatro desapariciones forzadas (Victorio Erbetta, Carlos José María Fernández, Claudio Fink y Pedro Miguel Sobko) y un homicidio (Juan Alberto Osuna); secuestros y torturas. Los imputados son los represores José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Cosme Ignacio Marino Demonte; Rosa Susana Bidinost, Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano. Muchos otros fueron muriendo en los últimos años, como el exjefe del Ejército en Paraná y exinterventor de la provincia durante la dictadura, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y a otros se los declaró inimputables por incapacidad mental sobreviniente, como el exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone.
