A pesar de las especulaciones de algunos medios, Molina explicó la iniciativa. Foto: Télam.
A pesar de las especulaciones de algunos medios, Molina explicó la iniciativa. Foto: Télam.

El titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, aseguró que el proyecto que enviará al Congreso, intenta poner en la legalidad lo que ya manifestó la Corte Suprema, y realizar una «verdadera lucha contra el narcotráfico».

El sacerdote Juan Carlos Molina,  al frente de la  Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), manifestó este lunes que el anuncio del envió de un proyecto para modificar los artículos de la actual Ley de Drogas, la 23.737, tiene como espíritu la «no criminalización» del consumo; y explicó que no es una iniciativa para «despenalizar».

De todas maneras, el sacerdote aclaró que en los cambios propuestos a través del Ejecutivo, «se trata de poner en la legalidad lo que ya es un hecho», en referencia a Corte Suprema que a través de dos fallos dictaminó que el consumo en el ámbito personal no es punible, «por eso es poner en la legalidad esta cuestión y no criminalizar a los consumidores», dijo Molina.

«Estamos trabajando en la presentación de un proyecto de modificación de tres artículos de la ley 23.737», que es la que refiere a tenencia y tráfico de estupefacientes, y «no queremos plantear la despenalización, sino que el que consume en el ámbito personal no vaya preso», aseguró el funcionario nacional.

Molina detalló que el proyecto plantea «la modificación del artículo 5», ya que considera que «hay que penalizar la comercialización, y que los dealers tienen que ir presos». Y subrayó que el proyecto intenta «evitar la criminalidad del que consume».

El titular del Sedronar contó también el trabajo que día a día realiza la Secretaría:»La Sedronar está presente, tenemos centros, inauguramos uno hace poco y hay 50 en construcción».

El funcionario denunció además que en muchos casos «hay violencia institucional, hay muchos que son detenidos por portación de cara», y remarcó que «todo ese proceso, desde que es detenido y hasta que el juez decide que el delito no es punible, le cuesta al Estado 1.200 millones de pesos anuales».

Y aseguró con esto que es preferible «derivar ese dinero a la verdadera lucha contra el narcotráfico» y que «desde ese lugar» se plantea esta modificación de Ley.

Molina anunció también que este proyecto de modificación de la ley será «acompañado por otros dos proyectos: uno para la regulación de la publicidad de alcohol y otro para la regulación de publicidad de medicamentos».

En este sentido apuntó que «el mayor consumo es el del alcohol. Según las estadísticas de los centros toxicológicos, el 70 por ciento de los que ingresan lo hacen por problemas con el alcohol».

Fuente: Télam

 

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