La inteligencia previa al golpe en Santa Fe

Un informe de 1970 muestra de qué manera los servicios tenían individualizados a los militantes políticos. Muchos de los que integran esa lista sufrieron años de cárcel y 24 de ellos fueron asesinados. La documentación refleja la preocupación que despertaban los sacerdotes Rosso y Catena por “enfocar la cuestión social con criterio peronista”. Los datos que allí aparecen permiten suponer que fueron recabados por un infiltrado, lo que renueva la discusión sobre la inacción de la UNL en torno a César Frillocchi, quien se desempeñó como espía de la dictadura y hoy tiene un alto cargo en la casa de altos estudios.

En 1970 un documento de Gendarmería Nacional precisaba en qué agrupaciones, barrios y facultades de Santa Fe militaban 166 jóvenes. En esa lista hay 24 personas que fueron asesinadas en los años posteriores y muchos otros que pasaron un largo tiempo en la cárcel. El informe también califica como “peligrosos” a dos sacerdotes muy reconocidos en Santa Fe: Atilio Rosso, fundador del Movimiento Los Sin Techo, y Osvaldo Catena, que llevó adelante un enorme y recordado trabajo social en Villa del Parque, en el postergado cordón oeste de la ciudad.

Ese informe de los organismos de inteligencia fue aportado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y fue incluido por el fiscal federal, Walter Rodríguez en la causa que investiga los asesinatos de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía a manos de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que en la zona operaba bajo el nombre de Comando Anticomunista del Litoral (CAL).

En su escrito el fiscal sostiene que “los informes de seguimientos a actividades políticas, universitarias e integrantes de centros de estudiantes, sindicatos, partidos políticos y asociaciones intermedias de la provincia de Santa Fe se remontan a tiempos en que se creó la Dirección General de Informaciones, el 31 de octubre de 1966, en el marco del proceso de la Revolución Argentina, mediante Decreto Provincial 4056”.

“Células peronistas y comunistas”

El 8 de agosto de 1970 se remite un documento sin firma al Jefe de Escuadrón 27 “Punta de Vacas”, de la Gendarmería Nacional Argentina, provincia de Mendoza, que informaba sobre la “organización, funcionamiento y características de célula peronista y comunista que operan en la ciudad de Santa Fe, con ramificaciones en otros puntos del país”.

Además, solicitaba que “se confronte un identikit con un profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la citada ciudad, el que por otra parte tiene activa participación en la organización subversiva sobre la cual se informa”. El docente al que hacía referencia era Fred Mario Ernst, quien fue capturado en Córdoba el 18 de julio de 1975. Su cuerpo apareció un día después, en Río Ceballos, con signos de haber sido torturado.

El informe se dividía en dos: quienes militaban en el peronismo se encuentran dentro de la “Planilla Sintética Nominal de Activistas de Santa Fe”, mientras que quienes lo hacían en el comunismo estaban agrupados en el “Resumen nominal de activistas de la ideología marxista”. En la primera nómina hay 22 personas que fueron asesinadas; en la segunda, dos.

Los peronistas están divididos por la agrupación a la que pertenecían: Movimiento Peronista de Liberación (MPL), Ateneo Universitario, Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Movimiento de Estudiantes Universidad Católica (MEUC). También se precisa quiénes desarrollaban tareas en el barrio Santa Rosa de Lima, en los sindicatos, en los Colegios Mayores y en los de Enseñanza Media. Contiene datos personales, vínculos familiares, domicilios, antecedentes y características físicas de un gran número de militantes políticos.

El documento profundiza menos en las agrupaciones de izquierda: para los servicios de inteligencia los “activistas de la ideología comunista” eran “mucho menos peligrosos” que los peronistas, ya que “mientras los peronistas son capaces de cualquier cosa con tal de alcanzar el objetivo que se han fijado”, dentro del PC “si bien algunos activistas participan de actos violentos, la mayoría de ellos se inclina a la captación de adeptos mediante la vía intelectual”.

Los nombres

Entre los peronistas considerados “peligrosos” por las fuerzas represivas, se encuentran el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid; el ex Secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino; la doctora en Filosofía y titular de la Fundación Epyca, Mercedes Gagneten, y el actual diputado nacional por PARES (FPCyS), Antonio Riestra, entre otros. También aparece “Conejo, un estudiante de cinematografía que vive en una residencia de calle Suipacha”: se trata de Rolando López, luego fundador del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, quien frecuentaba “los barrios humildes y el ambiente estudiantil”.

En esa nómina hay 22 personas que fueron asesinadas en los años posteriores: dos de ellas durante la dictadura de Alejandro Lanusse, una durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y las restantes a manos de la última dictadura militar: Raúl Bracco y Oscar Aguirre Haus (en 1972); Fred Mario Ernst (1975); Fernando Belizán, Eduardo González Paz, Héctor Larrosa, Juan Carlos Meneses y María Alejandra Niklison (1976); Luis Alberto Barber Caixal, Carlos Bosso, Susana Busaniche, Juan Carlos Chiocarello, Domingo Del Rosso, Stela Maris Hildbrand, Sonia Kindrasiuk, Mario Nívoli, Roberto Pirles, Eduardo Reale y Francisco Molinas Benuzzi (1977); Alfredo González (1978), Raúl Yager (1983) y Roberto Turelli, sin fecha precisa de su asesinato.

Otro de los individualizados es René Oberlín, por su actuación en “los sindicatos”. El 6 de septiembre de 1977, acorralado por las fuerzas represivas, eligió ingerir una pastilla de cianuro.

Varios de estos nombres se encuentran también en un informe de inteligencia del Servicio de Información de Defensa de Uruguay del 1° de julio de 1976. Allí aparecen Chiocarello, González Paz, Kindrasiuk, Oberlin, Pirles, Turelli y Yager.

Dentro de los “activistas marxistas” hay muchos profesores, entre los que se encontraba Alberto Tur, quien fue secuestrado y torturado junto a su esposa, Amalia Ricotti, en mayo de 1978. También aparecen Susana Simián de Molinas (esposa del luego titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas); la ex fiscal federal y vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio, y Mauricio Epelbaum, ex presidente del Consejo General de Educación de la provincia. Sobre este último el ex diputado peronista Rubén Dunda, quien estuvo detenido entre 1976 y 1978, contó que sus captores lo tenían identificado como “hebreo”.

En esa nómina hay dos desaparecidos: Ángel Gertel, que fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975, y Lidia Hernández, capturada el 1° de diciembre de 1977.

La pata jesuita

El informe asegura que actuaron como “encubridores” y “en algunos casos partícipes” de la actividad “subversiva” miembros de la orden Jesuita de Santa Fe. Los dos apuntados son Atilio Rosso y Osvaldo Catena, quienes además están incluidos dentro de la lista de militantes peronistas. También se menciona, con menos énfasis, al sacerdote José Luis Lazzarini de la Inmaculada, a “la Madre Superiora del colegio El Calvario y a un sacerdote no identificado que imparte la cátedra religión en el Colegio La Salle Jobson”.

Se los cuestiona como “incitadores de la actividad militante de jóvenes, invitándolos a participar de reuniones, charlas, manifestaciones, asambleas y pegatinas de carteles con enfoque peronista o simplemente izquierdistas”. Además, se insiste en que Catena, en la capilla a su cargo en el barrio El Triángulo, es un predicador que “enfoca la cuestión social con criterio peronista”.

En el párrafo dedicado a Rosso –uno de los más extensos del informe- se hace referencia a un procedimiento efectuado el 22 de mayo de 1969 en el que fue allanado el Colegio Mayor (Rivadavia 3140) en el que supuestamente se hallaron “12 bombas Molotov del tamaño del envase de un lápiz labial”, fabricadas por los estudiantes de química. Además se secuestró un mimeógrafo con el que se “habrían impreso panfletos subversivos”.

Según el informe, Rosso actuó “para confundir a la Policía y desprestigiar su procedimiento”, por lo que “pidió prestado un mimeógrafo al párroco de la Basilica de Guadalupe, a la vez que máquinas de escribir y grabadores a los mismos estudiantes”. Luego de eso “convocó a un periodista de Nuevo Diario al que le solicitó un reportaje, afirmando entonces, falazmente, que no era extraño que la policía hubiese encontrado un mimeógrafo en el Colegio Mayor allanado, ya que era común que los Colegios Mayores lo tuviesen”.

Es curiosa la interpretación de por qué los jóvenes militaban en el peronismo. Para los servicios de inteligencia eso se debía a que se encuentran en una etapa de “semidesarrollo espiritual” que se ve “agravado por la dosis de fanatismo e irracionalidad que los viejos activistas les han inculcado”.

La UNL no da respuestas

Para Luis Larpín, quien estuvo preso durante la dictadura y tiene un largo recorrido en derechos humanos, “la información de filiación y compromiso político es muy precisa” en el citado documento. De hecho es muy minuciosa en un ámbito en particular: el Ateneo Universitario de la Facultad de Ingeniería Química. Eso permite suponer que quien recabó la información que luego pasó a manos de los organismos de inteligencia pudo haberse infiltrado en la FIQ.

“Si una persona armó todo ese informe en 1970 ¿qué informes habrá armado Frillocchi entre 1971 y 1983 si se dedicaba a espiar la militancia universitaria”, se pregunta Larpín, haciendo referencia a César Luis Frillocchi, ex agente del Batallón 601 que actuó como espía de la dictadura en la UNL.

Desde 2010 se sabe que perteneció al 601 y que utilizó los nombres de Carlos Leandro Fittipaldi y Carlos Lucas Fernández. En marzo de este año el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia le solicitó a las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral que lo separara del alto cargo que ocupa: Director de la Sección Diplomas. A más de 6 meses, no hubo respuestas.

Cabe recordar que durante la última dictadura militar varios estudiantes de la UNL fueron secuestrados y asesinados, y que las universidades se mantenían informadas entre sí de las actividades de sus alumnos. Entre ellas, por ejemplo, que tipo de libros sacaban de la biblioteca.

Fuente: Blog de Notas