El intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, anunció en las últimas horas la suspensión de la habilitación a comercios para vender armas y municiones, en un intento, al menos extraño, por acotar la espiral de violencia urbana que se cargó 117 vidas en la capital provincial en lo que va del año. Estamos hablando de una tasa de homicidios que, de mantenerse la tendencia hasta fin de año, rondaría los 28 homicidios cada 100 mil habitantes, superando ampliamente a la de cualquier distrito del Conurbano Bonaerense, y sólo parangonable a la de la ciudad de Rosario.
Un anuncio a todas luces distractivo o «pour la galerie», en la medida en que las armas de fuego circulantes en el mercado negro no dejan de tener conexión con el problema –mil veces enunciado pero nunca encarado por la gestión provincial de Bonfatti–, del autogobierno policial y la necesidad de una reforma profunda de la fuerza con arreglo a los preceptos del «Acuerdo para una seguridad democrática». En ese sentido, en marzo de este año, señalamos públicamente que el Estado provincial incumplía con la parte que le tocaba de la Ley Nacional 25.938, que regula el secuestro y control de las armas de fuego: durante el año 2013 había denunciado al RENAR sólo tres de las 1195 armas secuestradas en distintos procedimientos realizados en la Unidad Regional II. Asimismo, se registraron en el mismo período 178 denuncias de armas «extraviadas» o robadas a miembros de las fuerzas de seguridad en la misma juridiscción: una cada dos días.
En síntesis: nuestra provincia atraviesa un complejo momento respecto de la resolución violenta de conflictos derivados de la lucha por el control de determinados negocios ilegales, no sólo el del narcotráfico, fundamentalmente en los grandes centros urbanos. Un elemento distintivo de esta situación es la extendida presencia de armas de fuego ilegales en manos de la población, mercado alimentado en gran parte por las mismas fuerzas de seguridad.
El Frente Progresista Cívico y Social gobernante tanto a nivel provincial como en las ciudades de Rosario y de Santa Fe, fiel a su estilo, prefiere darles rienda suelta a anuncios tan rimbombantes como estériles, antes que poner en jaque el autogobierno policial consentido que abona este estado de cosas.
