Foto: Télam
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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que la denuncia de la AFIP, la cual identificó a 1.200 empresas que emitían facturas apócrifas representa «un claro concepto de corrupción en el sector privado».

«Es una fuerte denuncia que implica la emisión de facturas apócrifas con estrategias de evasión fiscal», dijo el funcionario nacional desde Casa de Gobierno en su habitual encuentro con la prensa.

Se trata de la denuncia realizada ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sobre el uso de facturas apócrifas por parte de mil doscientas empresas para evadir $1.200 millones.

Capitanich remarcó que la investigación de la AFIP permitió identificar a esas empresas en una investigación «muy exhaustiva», y señaló que el organismo se presentó ante la justicia como querellante para que investigue penalmente a las firmas.

La evasión estimada comprende a las compañías American Express Argentina, Bagó, Roggio, Comafi, Autopistas del Sol, Molinos, Metrovías, Boldt, Román, Siemens, Ciccone Calcográfica, entre otras.

Es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos. Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima. Son muchas”, señaló Echegaray.

El funcionario formuló estas declaraciones luego de que el diario La Nación publicara el pasado domingo un artículo en el que señalaba que el empresario patagónico Lázaro Báez, era investigado por la utilización de facturas apócrifas. El funcionario dio a conocer un extenso listado de empresas que usan facturas falsas y aseveró que, para cierto sector de la prensa, “parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez”. “Pero quiero remarcar, porque nosé si es con intencionalidad o falta de conocimiento técnico, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Báez”, subrayó el funcionario.

Echegaray aseguró que las empresas del grupo Báez “están bajo fiscalización” por la utilización de esas facturas y negó que se hayan cambiado a los funcionarios que investigaron a esas firmas. “Los mismos que la iniciaron, terminaron la investigación”, dijo Echegaray.

En la conferencia de prensa, el titular de la AFIP señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque “se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro”. Más allá de los casos puntuales, Echegaray anunció que desde la AFIP tomaron la decisión “de dar un salto de transparencia y calidad institucional” y publicar en la página web del organismo www.afip.gov.ar “cuáles son las usinas de facturas y cuáles las empresas que utilizan esas facturas apócrifas”.

Estimó que en esa publicación “habrá alrededor de 10.000 facturas apócrifas” y que “en una primera etapa se informará de unas 1200 que las utilizaron”. Estas empresas que utilizaron facturas apócrifas son aquellas que están por fuera del secreto fiscal ya que sus causas han sido elevadas a la justicia. No obstante señaló que “una cosa es estar en esa base de datos, y otra suspenderlos en la utilización del CUIT”, que es el primer grado de sanción, porque es el Poder Judicial el que debe determinar si el accionar de esas empresas fue deliberado para sacar provecho.

En ese marco, Echegaray reclamó a la justicia mayor diligencia en la causa que la AFIP presentó contra el banco HSBC por el uso de facturas apócrifas, entre otros casos.

Fuente: Diario Norte – Télam

 

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