Tras siete años de ejercicio y tres gestiones de su espacio –si se toma como punto de partida el mandato de Néstor Kirchner en 2003–, según diferentes encuestas difundidas este martes, la presidenta Cristina Fernández conserva una imagen positiva entre la población que oscila entre el 40 y el 47%. Los datos fueron publicados este martes en un informe de la agencia de noticias de Estado, Télam, y se sustentan en los trabajos realizados semanas atrás por las consultoras Aresco y Poliarquía.
Un relevamiento de la Consultora Aresco publicado por el diario Crónica el último domingo, sobre la intención de voto de 4.000 personas de todo el país, refleja que el 47,5% de los encuestados tiene una imagen positiva de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en función de que un 24,6% la consideró «muy buena» y un 21,6% la evaluó como «buena».
A la vez, la consultora Poliarquía, que también consultó sobre la aceptación popular de la imagen de la actual mandataria, recogió que Cristina mantiene una aprobación de un 40%, cifra que se eleva al 64% si se considera a quienes no tienen una valoración negativa de la Jefa de Estado.
Para Fabián Perechodnik, director de Poliarquía, «Cristina Fernández de Kirchner se constituye en el primer Jefe de Estado que transita su último año de mandato con tan marcado nivel de aceptación», según informó el diario La Nación.
Aunque Fraga no lo crea
Por su parte, el analista político y director del centro de estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, sostuvo este lunes en declaraciones a Radio Ciudad, emisora dependiente del gobierno porteño, que no le sorprende que la Presidenta cuente actualmente con alrededor de un 40 por ciento de imagen positiva, “tanto en un análisis comparado” con otros gobernantes, como en un “análisis histórico” de lo que ocurrió en otras situaciones con otros mandatarios.
Fraga ya había considerado días atrás, en una entrevista en radio La Red, que “normalmente, si un gobierno pierde una elección de medio mandato (en referencia a los comicios de 2013), se le complica la economía, el presidente no tiene reelección y las encuestas dicen que perdería el oficialismo la elección siguiente, normalmente el poder se debilita”.
“Esto es lo normal en política», dijo Fraga pero «no está sucediendo así», dado que «el Gobierno está haciendo un ejercicio de poder realmente muy fuerte”.
“El Congreso está más alineado que antes, consigue cosas que antes no lograba sacar y los gobernadores e intendentes mantienen un alineamiento realmente muy fuerte”, y “pese a que teóricamente el Gobierno debería debilitarse, está con un ejercicio de poder cada vez más contundente”, señaló.
El 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner consiguió 8.651.066 votos y más de 22 puntos porcentuales de diferencia con la fórmula de la Coalición Cívica, que lideraba la actual diputada Elisa Carrió, que obtuvo 4.401.981 votos (23,04%). En tercer lugar se ubicó el binomio Roberto Lavagna-Gerardo Morales, que representaba una alianza liderada por la UCR y que se alzó con 3.229.648 sufragios (16,91%).
El primer mandato de Cristina (reelecta en 2011 con el 54,11% de los votos) debió enfrentarse a tres grandes desafíos, como fueron el conflicto por las retenciones a las exportaciones de granos y la redistribución de la riqueza impulsado por las corporaciones agraria y mediática; la crisis financiera internacional detonada en 2009; y la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, compañero de vida de la mandataria y líder del proceso político abierto el 25 de mayo de 2003.
Sin embargo, su gobierno estuvo signado por medidas tendientes a la inclusión, la ampliación de derechos y la soberanía política como la sanción de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Matrimonio Igualitario y de Movilidad Jubilatoria, la creación de la Asignación Universal por Hijo, la estatización de Aerolíneas Argentinas y de los fondos jubilatorios en manos de las AFJP, entre otras.
Ese rumbo político se profundizó durante su segundo mandato con decisiones estratégicas como la recuperación para el Estado de la petrolera YPF; la reforma de la carta orgánica del Banco Central; la ampliación del derecho al voto a partir de los 16 años en todo el país; la reforma y actualización del cuerpo normativo jurídico argentino, como la unificación del Código Civil y Comercial, y de los Códigos Penal y Procesal Penal; y la defensa de la reestructuración soberana de deuda alcanzada por el país en 2005 y 2010 y boicoteada por los fondos buitre y la justicia de los Estados Unidos.
Fuentes: Télam, Crónica, La Nación
