El gobierno nacional creó la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, una nueva instancia del Estado que tiene por objeto verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados.
La decisión se tomó luego de constatar diversas vías de fuga de divisas mediante operaciones de comercio exterior.
Está Unidad de seguimiento y trazabilidad fue creada en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante el decreto 2103, que se publica en el Boletín Oficial.
La nueva unidad será presidida por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la integrarán representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de las secretarías de Comercio y de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad; y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la participación de la Aduana, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.
Conformarán asimismo la instancia estatal el Banco Central (a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias); la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); la Comisión Nacional de Valores (CNV); y la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
El decreto señala además que se invita integrar la Unidad a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, del Ministerio Público Fiscal).
Al respecto, Capitanich, sostuvo: “Hemos identificado a través de la AFIP la operatoria de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y manipulación de precios de referencia entre empresas multinacionales”.
“Esto implica una afectación desde el punto de vista del impacto que esto tiene respecto del pago de impuestos en nuestra jurisdicción”, prosiguió el funcionario en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Explicó, además, que la “alta complejidad en las transacciones internacionales” hace que en el mundo se ponga “mucho énfasis en el funcionamiento fiscal, porque implica mengua de recursos para los países”.
“Necesitamos observar claramente que no existe evasión fiscal e impositiva, que podemos tener identificación de cada una de las transacciones a los efectos de evitar estrategias de evasión fiscal o de violación de la ley argentina”, agregó el exgobernador de Chaco.
En este sentido el Jefe de Gabinete aclaró que se incluye en los objetivos de la unidad “las operaciones de contado contra liquidación, como proceso de manipulación para evadir los mecanismos de liquidación de divisas previstos en el Mercado Único y Libre de Cambios”.
“Por lo tanto, lo que se hace es coordinar esfuerzos de distintas áreas con el objeto de garantizar la cobertura legal de las transacciones e identificar si hay violación de la ley local”, añadió Capitanich.
La necesidad de la creación de la unidad “tiene que ver con que hemos identificado con que en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central que hay 9.600 sumarios administrativos pro infracciones supuestas a la ley penal cambiaria”, explicó el funcionario.
“Se han identificado también operaciones de comercio exterior donde empresas de primera línea sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones, lo que en ambos casos significa evadir el pago de impuestos localmente y minimiza mecanismos de liquidación de divisas, afectando la estabilidad macroeconómica”, concluyó el funcionario.
En consecuencia la Unidad de Seguimiento efectuará “el monitoreo de las operaciones de comercio exterior, procurando su seguimiento y trazabilidad”, dice el decreto.
Además, coordinará el acceso, por parte de los organismos competentes, de los reportes de las operaciones de comercio exterior “a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales exigidos por la normativa vigente”.
Realizará “el seguimiento de los ajustes y denuncias formuladas por los organismos de control relacionadas con las operaciones de comercio exterior”, a la vez que solicitará y brindará información a otras jurisdicciones, sobre los temas de competencia de la Unidad.
La medida se justifica “a los efectos de asegurar la estabilidad macroeconómica”, explica el decreto, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete; y la ministra de Industria, Débora Giorgi.
La necesidad del mecanismo de verificación, tanto de importaciones como de exportaciones, surge del incremento de la magnitud del comercio exterior, que creció sistemáticamente en el período 2003-2013 y alcanzó en 2011 un monto aproximado de 150 mil millones de dólares.
El decreto añade que “las empresas multinacionales participan en aproximadamente el 68 por ciento del comercio exterior argentino”.
En ese marco, prosigue la norma, la AFIP “ha detectado diferentes casos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y precios de transferencia que disminuyen el monto de impuestos a pagar en la Argentina”.
De ese modo, advierte el decreto, las empresas que realizan tales operaciones promueven “sistemas encubiertos de transferencias de divisas, afectando de este modo la calidad de vida del pueblo argentino mediante maniobras delictivas”.
