Foto: Manuel Costa.
Foto: Manuel Costa.

Los familiares de Franco Casco, el pibe de Florencio Varela que permaneció tres semanas desaparecido, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Paraná y que fue visto por última vez en la comisaría séptima, tuvieron una intensa actividad esta semana con el objetivo último de conseguir justicia por lo que no tienen dudas que fue un homicidio, y el más inmediato de que la causa pase al fuero federal, ya que no quieren, como sucedió hasta ahora, que la propia fuerza denunciada –la Policía provincial–, participe de las investigaciones. Realizaron una conferencia de prensa en los tribunales, reuniones con la titular del área de Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y preparan un festival cultural junto a organizaciones sociales y de derechos humanos.

El martes pasado, acompañados por el defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, y diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, la madre, el padre y una hermana de Franco Casco, realizaron una conferencia de prensa en la carpa del Frente Popular Darío Santillán, instalada en la puerta de los tribunales desde el inicio del juicio por el Triple Crimen de Villa Moreno. “Pido que el caso lo tome la justicia federal”, reclamó Elsa Godoy, la mamá de Franco, quien abrió la rueda de prensa. La mujer reiteró las sospechas que tienen de que la policía mató al joven, y remarcó que “los últimos datos que tengo de Franco, es que estuvo en la comisaría séptima”.

Godoy criticó además el accionar de uno de los fiscales provinciales que lleva la investigación (Marcelo Apanowicz). “Desde la fiscalía no dicen nada, todavía no me llamaron. Sólo me atendió el secretario de la fiscalía el día 13 de octubre, cuando hicimos la denuncia ahí. Nunca me atendió el fiscal”, indicó.

Para Elsa, hay una intención de despegar a la policía de la causa. “Quieren hacer creer que él se suicidó, y no que lo mataron. Pero no es así, porque yo lo vi a mi hijo golpeado en una foto que me mostraron en la fiscalía”, planteó la madre.
Por su parte, Ganón aseguró que “hay una ausencia absoluta de respuestas por parte del gobierno provincial”, y “de un gobernador que no se digna a atender a la familia”.

“La familia le ha pedido formalmente al gobernador que los atienda pero lamentablemente el gobernador está empecinado en encubrir y tapar este crimen, y todavía no sabemos por qué”, afirmó el defensor general.

El letrado también cuestionó la resolución del juez federal Marcelo Bailaque de rechazar la investigación y la consideró “absurda, sin ninguna fundamentación. Sólo con el ánimo de obstruir y demorar esta investigación, haciendo lo mismo que ha hecho hasta hoy la justicia provincial”.

“Estamos reclamando que ésta causa pase a la justicia federal porque es donde debe investigarse, ya que el hecho no puede ser calificado de otra manera que desaparición forzada de personas”, precisó Ganón en la conferencia de prensa, y añadió: “Este es un caso similar al de Luciano Arruga, o a uno de Neuquén (el de Sergio Ábalos) en el que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha deteminado que debe ser considerado como desaparición forzada e investigarse en la justicia federal”.

El defensor cuestionó también al fiscal Álvaro Campos (quien tuvo a su cargo la causa por la detención de Franco). “Supuestamente Campos ordena liberar a una persona (Franco) que según el informe médico, del cual también hay que hablar, estaba desorientado en tiempo y espacio. Telefónicamente, sin ponerlo en contacto con ninguna autoridad judicial, ni la defensa pública, libera –entre comillas– a Franco. Esto es gravísimo”, afirmó.

“También nos llama la atención que no se haya tomado ninguna medida contra la médica que firma el parte que dice que Franco estaba desorientado en tiempo y espacio y como drogado”, denunció el defensor, y añadió: “Como se ha comprobado, esta médica no revisó a Franco y por eso no pudo dar cuenta en la audiencia de habeas corpus de en qué estado de situación se encontraba Franco. Los registros médicos dan cuenta de que esta médica de la policía estaba al mismo tiempo en distintos lugares, como la comisaría 4ª, la 25ª o la 30ª, con diferencia de sólo cinco minutos”.

Al cierre de la conferencia, el padre de Franco, Ramón Casco, leyó una carta al gobernador en la que le piden que “ponga todos sus esfuerzos en esclarecer el hecho” y “tome las medidas que corresponda con quienes no investigaron, ocultaron y asesinaron a mi hijo”. “Aún no sabemos si le preocupa y se ocupa de lo que pasó con Franco”, leyó Ramón, y agregó: “Lo hemos visto públicamente preocuparse de las amenazas sufridas por un periodista famoso y nos parece bien, pero creo que también debería preocuparle un caso tan grave como el que sucedió acá, en el que la policía, SU policía, nos asesinó a nuestro hijo. Un pibe normal, padre de un bebé de 3 años (Thiago) y al que le gustaban el fútbol, las chicas y trabajar”.

La nacionalización del caso

El caso de Franco Casco se inserta cada vez más en la agenda de organismos de derechos humanos y agencias oficiales nacionales. El miércoles pasado, la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Paula Litvachky, realizó diversas reuniones en la ciudad para interiorizarse en la investigación.

La abogada de la entidad que preside Horacio Verbitsky mantuvo primero una reunión con el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, luego tuvo un encuentro con los fiscales federales Adriana Saccone y Marcelo Degiovanni –quienes presentaron la apelación ante la Cámara Federal tras el rechazo del juez Marcelo Bailaque para que la investigación tramite en el fuero nacional–. Litvachky también concurrió a la sede del Ministerio Público de la Defensa donde dialogó con el defensor general de la provincia Gabriel Ganón, la madre y el padre de Franco Casco e integrantes de la multisectorial que reclama justicia por el hecho.

El defensor general, quien acompaña legalmente a la familia Casco, informó que el primero de diciembre la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, recibirá a los familiares de Franco y que también tendrán un cónclave con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

La semana que viene

El próximo miércoles, según pudo averiguar este medio, el fiscal regional Jorge Baclini convocará a una nueva audiencia en la que –entre otras cosas– se espera que se pronuncie sobre el pedido realizado por los familiares, el defensor general y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), de que la causa pase al fuero federal. Desde la multisectorial, formada por organizaciones sociales y de derechos humanos que se encuentran organizando un festival cultural para exigir justicia por Franco, aseguraron que acompañarán a la familia ese día para hacer fortalecer el pedido de que el hecho sea calificado como desaparición forzada, considerado como un un caso de violencia institucional e investigado en la esfera de la justicia federal.

Artículo publicado en la edición 170 del semanario El Eslabón.

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