El abogado Martínez, socio de Carlos Varela y defensor de acusados de homicidios y narcotráfico, respondió los dichos de Bonfatti, cuyo gobierno investiga el patrimonio y rol de profesionales en el entramado de las organizaciones delictivas. Un debate necesario.
“Está en marcha un plan orquestado de ataque a la profesión ¿Por qué están así de nerviosos? ¿Les llegó alguna encuesta?”. Así comienzan los primeros tuits de una serie que el abogado Adrián Martínez, socio de Carlos Varela, publicó en respuesta a los dichos del gobernador Antonio Bonfatti, quien afirmó que existen profesionales que “son parte de la organización delictiva” de narcotraficantes y criminales que defienden.
Martínez y Varela comparten un estudio jurídico entre cuyos clientes suele haber personas acusadas de homicidio, violencia y tráfico de drogas, delitos que tanto agobian a la sociedad rosarina en el último tiempo.
Fueron los primeros abogados particulares en confrontar con los dichos del mandatario y su decisión de investigar los patrimonios de profesionales ligados a organizaciones que transgreden las normas, que también tuvo una respuesta institucional del Colegio del sector.
Mientras representa en un juicio oral a Sergio Rodríguez, el “Quemado”, acusado como coautor del triple crimen de Villa Moreno, Martínez opinó al respecto en la red social. “Evidentemente la profesión es un obstáculo para los planes de estos lúmpenes intelectuales. Cuanto desconocimiento o desprecio por la Constitución Nacional y los pactos internacionales. Dan pena”.
También escribió que “investigan a abogados y contadores por sus vínculos con el delito” y agregó: “Que raro que no hay políticos en la investigación”.
“Aparte –continuó– muy buen procedimiento de investigación en el que avisan a los investigados. Me imagino que todo bajo la supervisión de un juez o de una fiscalía”. Y se preguntó: “¿O será que no tienen nada y por eso la nota que es a lo más que pueden aspirar”.
La referencia a “la nota” es por un artículo publicado en el diario La Capital, en el que dos funcionarios provinciales dan cuenta de investigaciones en marcha para determinar si la tarea de abogados, contadores, escribanos y corredores inmobiliarios presuntamente vinculados a organizaciones delictivas se ajusta a la ley o la vulnera.
Con mayor vehemencia, Martínez tuiteó: “Ey, manga de alimañas, la profesión de abogados fue la que más muertes tuvo en los años de plomo. Y todo por consideraciones fascistas similares a las que hace este gobierno”.
Tras conocerse el procesamiento de un pistolero y un policía por el atentado a su residencia particular, Bonfatti había dicho que “si bien hay policías que eligen el camino de la delincuencia, como sería el caso del sujeto que habría participado de la balacera a mi casa, el problema es que también hay abogados, contadores y lavadores”.
Agregó que “el otro día leía un artículo periodístico muy interesante que diferenciaba al abogado que atiende a un sujeto que delinquió en el pasado del profesional que trabaja para una organización que está en plena actividad delictiva”. En este último caso, consideró el mandatario, “son parte de la organización delictiva”.
Roles
Independientemente de las chicanas y las declaraciones públicas, la cuestión merece ser analizada en un contexto de crecimiento de bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos conexos, como el ingreso al sistema legal de recursos obtenidos en actividades ilícitas. Es decir, el lavado de dinero.
¿Es lo mismo un abogado que representa en un proceso judicial o en un juicio a un acusado de un delito –ya sea común o grave– que el que presta su labor profesional para la comisión de ese delito en algunos de sus tramos? Evidentemente no.
La defensa en juicio está garantizada por la Constitución Nacional para todos los individuos. El armado de una ingeniería financiera y legal para blanquear dinero de origen ilegal no, y puede ser pasible de sanciones por complicidad o coautoría.
Así lo entiende el diputado provincial del radicalismo, Maximiliano Pullaro, quien plantea la necesidad de investigar las estructuras legales y contables de las organizaciones criminales desde hace tiempo, antes de que los dichos de Bonfatti dispararan el debate público.
“Es fundamental la necesidad de comenzar a visualizar quiénes y a través de qué mecanismos garantizan la impunidad de los integrantes de esas bandas delictivas y la posibilidad de que los bienes obtenidos ilegalmente puedan ser volcados al sistema económico formal”, sostuvo Pullaro en declaraciones a la prensa.
“Respecto del quiénes, emerge como central el rol de los profesionales, fundamentalmente abogados y contadores, que asesoran en forma estable a esas bandas, de forma tal que para cualquier observador externo aparecen casi como parte de staff permanente de las mismas”, abundó el legislador radical.
Aclaró que no refiere a “la defensa de un acusado de narcotráfico, derecho constitucional que todos debemos reivindicar y defender, sino del asesoramiento en el delito. Es decir: en la colaboración para darle a un delito un determinado formato técnico con el objeto de garantizar su efectiva comisión e impunidad”.
Para Pullaro, “en esos casos no estamos frente a una relación profesional-cliente sino ante una relación de complicidad, incluso en algunos casos de coautoría, que cómo tal debe ser perseguida por el Estado”.
Indiscriminada
Tal vez el error del gobierno fue plantear el tema en términos generales, sin avanzar con denuncias judiciales concretas sobre profesionales que presten sus servicios al crimen organizado.
Así lo entendió el Colegio de Abogados de Rosario, que salió al cruce las declaraciones de Bonfatti con un comunicado titulado: “Ante declaraciones que afectan generalizada e indiscriminadamente la dignidad del ejercicio de la abogacía”.
El texto pone de manifiesto la “más honda preocupación” del directorio de la institución “ante las declaraciones vertidas por funcionarios políticos, legisladores y diversos actores de la vida social de la provincia, que afectan de manera generalizada e indiscriminada la dignidad y el ejercicio de nuestra profesión”.
En los adjetivos “generalizada e indiscriminada” parece estar la cuestión central.
Sigue el texto: “Exhortamos a las autoridades a expresarse con mesura, respetando la vigencia plena de los principios y garantías constitucionales de defensa en juicio, del debido proceso y de inocencia; todos ellos garantes de un Estado democrático y republicano”.
Tanto Bonfatti como Pullaro aclararon, en sus respectivas declaraciones periodísticas, que no se referían al ejercicio de la defensa en juicio que los abogados llevan adelante avalados por una garantía constitucional. Sino a quienes participan del entramado legal-financiero que permite a las organizaciones –sobre todos a las ligadas a la venta de drogas- reintroducir el producido de la actividad ilícita en el sistema formal.
Si bien el comunicado del Colegio de Abogados no lo dice expresamente, su presidenta Araceli Díaz aclaró en una entrevista que “si se sabe algo, hay que hacer la denuncia”. Ese parece ser el mejor camino, sin confrontar con el espíritu corporativo de los profesionales.
Artículo publicado en la edición de este sábado de El Eslabón.
