La jueza Bernardelli resolvió que la causa por la muerte de Franco Casco pase a la Justicia federal y ordenó su recaratulación como “desaparición forzada de persona”. Además, pidió además al gobernador que realicen las actuaciones para esclarecer el hecho.
Según informó la Defensoría General de la provincia a través de un comunicado de prensa, la jueza de Primera Instancia de Rosario, Roxana Bernardelli, resolvió en una audiencia oral y pública celebrada este jueves en los tribunales provinciales, que las actuaciones por la desaparición y muerte de Franco Casco sean competencia de la Justicia federal. La magistrada ordenó que la causa sea recaratulada como “desparición forzada de persona”, tal cual lo solicitado por el defensor provincial Gabriel Ganón y Elsa Godoy, madre del joven.
Casco, quien era oriundo de Florencio Varela y tenía 20 años, estuvo desaparecido tres semanas hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 30 de octubre en el río Paraná. La última vez que se lo vio con vida, y donde su paso quedó documentado en el libro de guardia, fue en la comisaría 7ma de Rosario.
En la audiencia de este jueves, la defensa insistió con “la necesidad de trasladar las actuaciones a la Justicia federal” y de encuadrar el hecho como “desaparición forzada de persona”. Allí, Ganón denunció “las constantes irregularidades manifiestas en que incurrieron los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Álvaro Campos y Guillermo Apanowics, y la Policía de la Provincia de Santa Fe”.
De acuerdo al comunicado de la defensoría, la decisión de manifestar la incompetencia de la Justicia provincial en el caso, se resuelve a partir de las declaraciones efectuadas en las audiencias orales y públicas de los días 30 y 31 de octubre por los policías pertenecientes a la Comisaría 7ma y al relato de la Médica Policial, quien dijo haber examinado a Franco Casco el día en que estuvo detenido. “De allí se desprende que la aprehensión fue de dudosa legalidad, sin que se haya configurado uno de los supuestos en los cuales no es necesaria la orden judicial para proceder”, indicaron desde la Defensoría General.
Para Ganón, los hechos se simularon como resistencia y atentado a la autoridad, encubriendo una detención ilegítima que no contó en ningún momento con el control judicial requerido. “Tras la detención de Franco, no se le dio el correspondiente aviso al juez competente, como así tampoco al defensor de turno, para garantizar el derecho a ser oído y a su defensa respectivamente. La única comunicación que entabló el personal policial fue con el fiscal de turno horas después de la detención; por lo que la privación de libertad no cumplió ni con los aspectos formales ni materiales legalmente exigidos”, señaló el texto difundido por la Defensoría. “El estado de indefensión se vio agravado por la falsa identidad con la que fue registrado en la comisaría, con el nombre de Franco Godoy, al momento de la detención. Esta situación colocó a Franco Casco en un estado de desamparo aún mayor”, añadió la entidad dirigida por Ganón.
En la serie de señalamientos planteados por Ganón, se apuntaron ante la jueza Bernardelli “las anormalidades producidas” por el fiscal Apanowics durante la investigación por la muerte de Franco Casco, “quien nunca puso en duda la actuación policial”. “El funcionario delegó la investigación en la propia Policía de Santa Fe en clara infracción a los estándares internacionales previstos para este tipo de delitos”, indicó el defensor general, que remarcó a la magistrada “el ocultamiento de información de la investigación a la familia de Franco Casco, por parte del Ministerio Público de la Acusación”.
En la audiencia también estuvo presente el propio fiscal Apanowics, quien según el comunicado difundido por la Defensoría General, manifestó su voluntad de que la investigación quede en manos de la Justicia provincial y habría considerado que no se dan los requisitos para encuadrar el hecho en el delito de desaparición forzada de personas.
De acuerdo al texto difundido a los medios por la Defensoría, Apanowicz habría hecho propios los argumentos del juez federal Marcelo Bailaque, quien semanas atrás rechazó la causa (el fallo de Bailaque está apelado y espera una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario).
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Bernardelli, “resolvió hacer lugar al pedido del defensor provincial y Elsa Godoy, y ordenó declarar la incompetencia por vía declinatoria de la Justicia provincial en el caso Franco Casco”, informó la Defensoría General. “Además (la jueza), solicitó que se recaratulen las actuaciones como desaparición forzada de persona y que se remitan las actuaciones a la Justicia Federal en razón de su competencia”, añadió el comunicado.
“Por último, (Bernardelli) ofició al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti y al jefe de la Unidad Regional II, José Luis Amaya, a fin de que se realicen las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer la probable comisión de faltas autónomas por parte del personal policial de la Comisaría 7° y/o todo aquel que hubiese intervenido en la detención de Franco Ezequiel Casco, asimismo y para el caso que se imputara eventuales responsables penales”, concluyó el texto distribuido por la defensoría.
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