Abrazada a las Madres de la plaza 25 de mayo, con quien realizó su habitual ronda, Elsa Godoy volvió a marchar por las calles rosarinas para exigir que la Justicia federal investigue qué pasó con su hijo Franco Casco. El pibe de Florencio Varela, que vino a visitar a su familia de Empalme Graneros, estuvo desaparecido tres semanas tras haber sido detenido en la comisaría 7ma, el último lugar donde se lo vio con vida antes de que su cuerpo sea encontrado flotando en el río Paraná. “No hay avances en la causa, todavía no tenemos nada”, fue la expresión lacónica de Godoy. “Siempre las víctimas son chicos jóvenes y pobres. No queremos que suceda ésto nunca más. Siempre la policía está en el medio”, señaló, con su pañuelo blanco y la sabiduría de 30 años de lucha a cuestas, Norma Vermeulen.
La movilización de este jueves, que fue convocada por familiares de Casco y organizaciones sociales y de derechos humanos, tuvo como principal objetivo el reclamo hacia la Justicia, para que el expediente no se paralice entre los peloteos burocráticos de los tribunales y sea caratulado como desaparición forzada. “La audiencia del día 15 (en la Cámara Federal de Apelaciones para resolver la competencia de la investigación) se suspendió hasta nuevo aviso”, se quejó Godoy, en una suerte de conferencia de prensa improvisada en la plaza 25 de mayo, minutos antes del inicio de la marcha.
Dos cuadras de gente de las más diversas expresiones políticas locales –estaban presentes desde el PTS hasta la Cámpora–, recorrieron la ciudad por calle Santa Fe hasta la sede de la gobernación, al grito de “yo sabía, a Franco Casco lo mató la policía”. Al llegar a la cuadra ubicada entre Moreno y Dorrego, un escenario y un sistema de sonido sirvieron para que se escuche la palabra de los familiares de Franco, se leyera un documento redactado por un espacio multisectorial de organizaciones y toquen varios grupos musicales.
“Les agradezco un montón que estén conmigo en estos momentos, yo sola no hubiera podido”, dijo Elsa Godoy. “Quiero que se haga justicia y que se hagan cargo de todo lo que hicieron con Franco, lo que se tienen que hacer cargo”, pidió la mujer.
Documento
“Franco Casco fue detenido el martes 7 de octubre de este año por policías de la comisaría 7ma de la ciudad de Rosario, último lugar donde fue visto con vida”, recordó el documento leído por una integrante de la multisectorial, para después precisar: “Luego de casi tres semanas de búsqueda, reclamos de sus familiares y de organizaciones, y tras no haber llegado a su casa de Florencio Varela el día acordado, la familia sólo recibe de parte de la policía santafesina y de funcionarios del gobierno provincial, silencios, ocultamientos y mentiras”.
El texto aludió a la importancia de la movilización popular alrededor del reclamo. “Su cuerpo apareció flotando sin vida en el río Paraná el 30 de octubre, mientras se realizaba la primera marcha frente a la comisaría 7ma”, se planteó.
En varios pasajes de la lectura hubo críticas para la Casa Gris. “Desde su desaparición –remarcaron los manifestantes– el gobierno provincial decidió no buscar a Franco, al tiempo que mantuvo un silencio cómplice con la policía que recién se rompió con las vergonzosas declaraciones de Ignacio Del Vecchio, Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, en las que afirmaba que se lo había visto en una parroquia pidiendo alimentos y vestimenta, haciendo propias las pistas falsas sembradas por la propia policía, en un claro intento de desviar información”. Y luego añadieron: “A esto se suman las descalificadoras acusaciones del gobernador Bonfatti contra los militantes el día después que realizamos la segunda marcha desde los Tribunales hasta la Sede de la Gobernación.
La multisectorial también repudió “la lamentable actuación” de la fiscalía provincial de Guillermo Apanowicz. En el texto se le dedicó un largo párrafo en el que se enumeró: “Actuó pasivamente, sin contemplar los reclamos de la familia, demorando negligentemente el pedido de medidas elementales, como la captura de las filmaciones surgidas de las cámaras de seguridad cercanas a la comisaría 7ma; el no haber tomado declaraciones en ningún momento a la familia, ni haberse contactado con ellos, respondiendo en ciertos medios de comunicación que no había irregularidades por parte de la policía, entre otras inadmisibles irregularidades”.
“Nos movilizamos para exigir que la carátula definitiva en el caso de Franco sea la de desaparición forzada”, plantearon desde la multisectorial, y solicitaron “que la Justicia federal se expida y que se haga pronta justicia con los responsables policiales y políticos de este gravísimo delito con jurisdicción Federal”.
“A Franco Casco lo mató la policía de la provincia de Santa Fe”, planteó el documento que concluyó con la denuncia de “los asesinatos y la represión sistemática a pibes pobres de los barrios populares por parte de las fuerzas de seguridad”.
La causa va y viene
El jueves de la semana pasada, la jueza Roxana Bernardelli resolvió que la causa por la desaparición y muerte de Franco Casco pase a la Justicia federal y ordenó que sea recaratulada como “desaparición forzada de persona”. La magistrada pidió además al gobernador Antonino Bonfatti que se realicen las actuaciones correspondientes para esclarecer la probable comisión de faltas autónomas por parte del personal policial de la Comisaría 7ma. “No voy a permitir que transcurran 11 años; ni un mes más», había dicho la magistrada.
Ya pasó una semana de ese fallo de Bernardelli y a pesar de que estaba fijada una fecha en la Cámara federal para resolver el tema de qué jurisdicción debe tramitar el expediente –por la apelación interpuesta por fiscales federales al rechazo del juez federal Marcelo Bailaque–, no habrá audiencia el jueves próximo, como se había pautado.
Según fuentes judiciales la explicación para esta demora está dada en que hubo una nueva presentación de la Procuración Federal contra la Violencia Institucional (Procuvin), que entendió que tras la resolución de Bernardelli el juez natural del juzgado federal nº 4, que no es Bailaque sino Carlos Vera Barros, ya estaba en condiciones de iniciar en ese fuero la investigación sin la necesidad de esperar el dictamen de Cámara, y así acelerar el trámite. Ante eso la Cámara federal suspendió la audiencia prevista para el 15 de diciembre, pero Vera Barros en vez de hacer caso al pedido de la Procuvin, envío nuevamente las actuaciones a los camaristas, que ahora deberán fijar un nueva fecha.
De Oroño 940 –sede de los Tribunales federales– a Entre Ríos y Tucumán –donde se encuentra la Cámara– de continuar el peloteo para ver dónde y a partir de cuándo se investigará la muerte y desaparición de Franco Casco puede convertirse en el recorrido de la próxima marcha de familiares y organizaciones, los cuales parecen haber tomado nota de que sin movilización no hay justicia.
