El juicio por el asesinato de la militante social y ex presa política durante la dictadura militar Silvia Suppo, ocurrido en la ciudad de Rafaela el 29 de marzo de 2010, continuará este viernes con nuevas testimoniales, luego que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolviera continuar con el juzgamiento de las dos personas que confesaron el hecho y rechazara un pedido de la querella de suspender las audiencias.
Los abogados defensores de la familia de la víctima solicitaron este martes al Tribunal una postergación de las audiencias para que sean resueltas cuestiones preliminares, y que se investigue a fondo si fue un crimen político, pero los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría resolvieron continuar con el proceso.
Por tal motivo, durante el día de ayer declararon, entre otros, los hijos de Suppo, Andrés y Marina Destéfani, quienes comentaron como vivieron todo lo ocurrido con su madre y resaltaron la necesidad que se investigue a fondo el suceso y se haga justicia.
Por otra parte, la defensa de los acusados del robo en el negocio que ella atendía y posterior crimen de Suppo, Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, presentó un pedido de nulidades del allanamiento realizado en la casa de uno de los imputados, de las indagatorias realizadas en sede policial y del testimonio de la pareja de uno de los enjuiciados.
En este marco, el Tribunal insistió en que resolverá estas cuestiones en la sentencia y ordenó que prosigan con el debate, que continuará el viernes, a las 9, con testimoniales y tratando de esclarecer contradicciones que se registraron en declaraciones de testigos.
Este martes, uno de los acusados ratificó lo ya declarado durante la etapa de investigación, y que los familiares ponen bajo sospecha, ya que no descartan que lo que ocurrió con Suppo haya sido un crimen político por encargo. «Fuimos a buscar la plata, no a quitarle la vida a nadie. Todo se nos fue de control», dijo Cóceres, en su muy breve indagatoria.
Además declararon dos policías de Rafaela que se contradijeron. Mientras la secretaria de actuaciones, Lorena Lovaiza, afirmó que desde el umbral del local donde trabajaba la víctima de la puerta vio una mancha de sangre que estaba en el fondo del local, s superior, el subocomisario Ricardo Cabrera, consideró que «eso es imposible».
El homicidio de Suppo es investigado por la Justicia Federal debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se ventile la causa en ese fuero hasta tanto se descarte por completo que no hubo un móvil de tinte político.
Silvia Suppo fue apuñalada en su comercio del centro de Rafaela el 29 de marzo de 2010, tras declarar en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos ocurridos tras su secuestro.
En marzo del 1977 y Silvia tenía 17 años cuando fue secuestrada junto a su hermano, Rogelio, y un amigo, Jorge Destéfani, que luego sería su esposo. Suppo permaneció en cautiverio en la Comisaría Cuarta de Santa Fe y en el centro clandestino de detención «La Casita», donde fue violada en diversas ocasiones y quedó embarazada. Luego se le practicaría un aborto, a cargo de la entonces carcelera policial María Eva Aebi.
Según consta en su declaración, Suppo identificó a Mario Facino como jefe de la comisaría donde estuvo secuestrada, y a Juan Perizotti como «cabecilla» de la Guardia de Infantería Reforzada.
A raíz de estas identificaciones y del detallado testimonio de violaciones y torturas, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos, jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y policía respectivamente.
Asimismo dispuso 22 años para Perizotti, 21 a Brusa, 20 a Mario Facino, ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa fe y de la comisaría cuarta, y 19 años a la carcelera Aebi.
Fuentes: Télam, Rosario 12, Redacción Rosario
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