La nueva ley de telecomunicaciones contempla avances tecnológicos, regula tarifas y busca democratizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de TV, internet y telefonía. Cooperativas del sector, que hicieron aportes a la norma, esperan que se “corrijan asimetrías” con grandes empresas.
Más allá de las críticas y los respaldos (que fueron mayoría), lo que no puede negarse es que, antes de convertirse en ley, el proyecto Argentina Digital fue debatido por todos los sectores involucrados en el universo de las comunicaciones. Esto tira por la borda el “trámite exprés” al que tanto aluden opositores al gobierno. En efecto, su tratamiento legislativo se extendió en el tiempo (unos dos meses) a partir de los cambios propuestos por los distintos actores, y que el oficialismo introdujo para intentar mejorar la propuesta original. El arco opositor (massistas, socialistas, macristas, radicales y trotskistas) resistió la iniciativa escudado en la defensa de las pymes y cooperativas del interior, aunque estas son autoras de muchos de los aportes que finalmente fueron incorporados.
De todos modos, las cooperativas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) se mantienen expectantes en torno a la reglamentación de la ley, esperan protección del órgano de control y que se “corrijan asimetrías” con los jugadores de peso del mercado. Estas pequeñas empresas aparecen mencionadas en el texto como actores fundamentales para el desarrollo de las economías regionales. Para los legisladores opositores, la nueva ley “beneficia a los monopolios”, mientras que para el oficialismo es “antimonopólica”, ya que favorecerá a las cooperativas y pequeñas compañías de telecomunicaciones.
La ley declara como servicio público el uso y acceso a las redes digitales para licenciatarios de servicios de las TICs. El Estado podrá regular tarifas en el mercado mayorista. Autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión –excepto la satelital– y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. El texto, no obstante, no le da el mismo rango a la telefonía móvil, elimina en las llamadas la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de las conexiones.
La nueva ley de telecomunicaciones reemplazará a la vigente, sancionada en 1972 bajo la dictadura del general Alejandro Lanusse, cuando apenas había telefonía básica. La norma sancionada días atrás en el Congreso (en Diputados la votación general terminó 131 a 97) actualiza y contempla los acelerados avances tecnológicos de los últimos años. La iniciativa busca, además, garantizar la “completa neutralidad de las redes (un debate actual en diversos países) con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los argentinos “a los servicios de información y comunicaciones (internet, TV y telefonía) en condiciones sociales y geográficas equitativas”. Según resaltaron desde el gobierno, la norma persigue los objetivos de inclusión digital y soberanía tecnológica.
“Hoy la situación es muy despareja, estamos en desventaja (con las grandes empresas) y esperamos la regulación y una protección del órgano de contralor”, le dijo a el eslabón Osvaldo Petrilli, gerente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina (Fecotel), con sede en la localidad santafesina de San Genaro. Si bien el directivo reconoció que varios aportes a la ley los hicieron las cooperativas, dijo que otras observaciones “no fueron tenidas en cuenta”. Además, Petrilli se quejó por la situación financiera de algunas cooperativas del rubro.
En tanto, otras críticas que hizo la oposición estuvieron apuntadas a la “no regulación” a las telefónicas, a quienes, como se indicó, se les permitirá incursionar en el terreno audiovisual aunque con ciertas restricciones. En este sentido, desde la oposición aseguraron que la ley estaba “hecha a medida de las grandes compañías”. Sin embargo, cuando representantes de Telefónica y Cablevisión participaron de la discusión rechazaron el proyecto. Luego, Telecom también hizo pública su objeción y hasta avisó que se presentará a la Justicia.
La intervención del Estado “será un fuerte retroceso para mejorar las telecomunicaciones” porque la ley “contiene regulaciones que desalientan las inversiones”, planteó Telecom en una solicitada que publicó en los diarios, donde protestó contra la ley porque “impedirá al sector competir con las redes de cables”, ya que a estas empresas las imputó de “gozar de un sistema de precios libres, ventaja que el proyecto les mantiene, mientras que a las redes de telecomunicaciones fijas se las condena a tarifas congeladas”.
A su vez, las empresas de cable nucleadas en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad controlada por el Grupo Clarín, criticaron la ley Argentina Digital porque “favorece a las telefónicas”. Según la ATVC, la norma legaliza “a un monopolio multinacional en un sector que es estratégico”. La ley habilita a empresas como Cablevisión (Clarín) a ofrecer servicios TICs y a compañías como Telefónica a brindar contenidos audiovisuales. El Ejecutivo fijó pautas para evitar un posible abuso de posición dominante en uno u otro mercado. Igual, desde ambos sectores mantienen opiniones cruzadas y se acusan de ser “favorecidos” por la ley de telecomunicaciones.
En rigor, un directivo de la empresa Telefónica, José Luis Rodríguez Zarco, publicó un artículo de opinión donde expresó que “la ley plantea más dudas que certezas” y pidió “reglas claras que incentiven al sector”. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, calificó las declaraciones como “extemporáneas e inoportunas” y le recordó al directivo de la empresa española que “con las políticas de telecomunicaciones del gobierno Telefónica multiplicó por cinco sus abonados a celulares y obtuvo ganancias muy importantes”.
La norma propone crear un Consejo Federal de las TICs. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) será la encargada de determinar plazos y lugares en donde las telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en localidades pequeñas y compitan con las cooperativas. Las telefónicas podrán dar televisión por cable a través de las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay una obligación de interconexión “para y entre licenciatarios”, a las tarifas que fije el Estado, según se explicó desde la Secretaría de Comunicación nacional (Secom).
En la actualidad son cinco las empresas que se dividen casi el 90 por ciento de las ventas en el área de las telecomunicaciones. Como sucedió con la ley de Medios, los monopolios de las TICs anunciaron que resistirán la aplicación de la norma. Las grandes operadoras de telefonía y de televisión por cable llevarán la denuncia a la Justicia, donde siempre encuentran un juez veloz para los mandados que los ayude a declarar “inconstitucional” la ley Argentina Digital.
Esta norma, según consta en el texto aprobado en el Congreso, apuntala la competencia entre empresas de servicios, dado que una pyme o una cooperativa proveedora de internet podrán llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia, es decir, utilizando las redes ya instaladas. La ley posibilita a las empresas a brindar al mismo tiempo servicios de telefonía, internet y cable, incentivando la competencia y la calidad del servicio. Además, se crea el fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan, conformado por aportes obligatorios de los licenciatarios y administrado por el Estado nacional.
La ley en cuestión –según la Secom– “promueve la competencia entre los distintos prestadores ya que ahora serán muchos más los que podrán ingresar a la red para brindar servicios. Se establece que para el Estado argentino las TICs resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos. Y para garantizar esto, se crea la Aftic, que no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del Servicio Universal. En el texto también quedó explícito que la norma “excluye de su objeto la regulación de los contenidos”, otro lugar común entre los grupos de comunicación opositores al gobierno.
La sanción de la ley Argentina Digital fue festejada por trabajadores del gremio de los telefónicos. Osvaldo Iadarola, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), apoyó la norma, a la que calificó como “un notable avance” en el área de las telecomunicaciones. “Hay muchos elementos que podemos destacar de la ley, pero los más importantes, a mi parecer, son la neutralidad de la red, la convergencia, el achicamiento de la brecha digital y la erradicación de los monopolios, entre otros. El país necesitaba modernizarse ya que la ley vigente es del año 1972 y nuestra área está en constante crecimiento y desarrollo”, afirmó Iadarola en declaraciones a la agencia Télam.
“El mundo de las telecomunicaciones crece a pasos agigantados y nuestro país viene demostrando que está creciendo a la par. Hace pocos días estuvimos presentes en el lanzamiento del Arsat-1. Y esa es una de las pruebas; no hace tanto tiempo, pensar en el desarrollo de un satélite propio hubiese sido una quimera. Sin embargo, hoy no”, agregó el dirigente gremial al defender la ley que incluyó un capítulo específico vinculado con la defensa de los derechos de usuarios y consumidores de las TICs.
Números on line
La inversión del Estado nacional en el área de telecomunicaciones alcanzó los 21.440 millones de pesos entre los años 2003 y 2014, por lo que representa el 50 por ciento de la inversión total del sector, según datos oficiales. En los considerandos del proyecto de ley Argentina Digital, al poner de manifiesto la evolución del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones durante los últimos años, se señaló que en 2003 había 4,5 millones de líneas móviles y diez años después, al cierre del 2013, creció exponencialmente a 45 millones de líneas de telefonía móvil activas. El 95 por ciento de los hogares argentinos accede a algún tipo de servicio telefónico. Además, se subrayó que entre 2008 y 2013 la cantidad de usuarios de internet creció un 400 por ciento y que el 52,8 por ciento de los hogares dispone de al menos una computadora y el 43,8 por ciento de los hogares urbanos accede a internet.
