Foto: Javier García Alfaro
Foto: Javier García Alfaro

El anteproyecto de ley de economía solidaria presentado este mes recomienda que en las empresas recuperadas se aplique la figura de sociedad laboral, que prevé la inclusión del capital privado, a la que considera “más adecuada” que la de la cooperativa de trabajo.

En su capítulo dedicado a las empresas recuperadas, el anteproyecto de ley de economía solidaria impulsado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) introduce una recomendación que empieza a levantar polvareda: la propuesta es que en lugar de cooperativas de trabajo se conformen sociedades laborales, que prevén hasta un 49 por ciento del paquete accionario de las empresas en manos de inversores privados.

“Cooperativas recuperadas – sociedades laborales”, se titula un no muy largo capítulo del anteproyecto, presentado por el titular del Inaes, Patricio Griffin. Allí, bajo el subtítulo de “Articulado”, se lee: “regula la Cooperativa de Trabajo específica como Recuperada, e incluye la figura Jurídica de la Sociedad Laboral que aparece más adecuada que la Cooperativa para esta actividad”.

A juzgar por las primeras opiniones recogidas al respecto por este periódico, entre los referentes de los propios trabajadores de empresas recuperadas no prevalece el mismo criterio.

“Con eso no podemos estar de acuerdo, nosotros levantamos la autogestión de los trabajadores como bandera”, sostuvo Fabio Resino, referente de la cooperativa del porteño hotel Bauen -uno de los emblemas nacionales de las empresas recuperadas- e integrante de la conducción de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta).

“El anteproyecto no dice por qué las sociedades laborales son una mejor figura que las cooperativas de trabajo. ¿Porque suman el capital privado?”, inquirió Resino, para reafirmar su postura y adelantar luego que Facta se va a sumar a la discusión de la cuestión desde el seno de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
También Fecootra (Federacion de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina) integra la Confederación y se sumará al debate desde allí, donde hay una propuesta de ley para ese sector de la economía social específicamente, que es anterior a la difundida ahora por el Inaes.

El anteproyecto de la CNCT prevé cambios importantes, que tienen como eje encontrar una regulación adecuada para proteger a un nuevo tipo de trabajador, distinto al autónomo por un lado y al que está en relación de dependencia por el otro: “El trabajador autogestionado se diferencia de ambos, dado que no es autónomo porque debe responder a un orden establecido, pero tampoco es dependiente porque forma parte de un orden que es generado por él mismo”, describió Andrés Quintana, abogado y asesor legal de la CNCT, en un artículo sobre el anteproyecto de esa organización, en el que ni se menciona la posibilidad de sociedades laborales.

En rigor, en la Argentina el antecedente más inmediato sobre esa figura es un decreto del año 2001, rubricado por Patricia Bullrich, la por entonces ministra de Trabajo de una Nación que se caía a pedazos. Aquella norma fue rechazada en su momento por los trabajadores de las recuperadas, que por entonces afrontaban una realidad muy adversa, con gobiernos en contra y un contexto de crisis económica.

De todos modos, en el cooperativismo de trabajo se sabe que la decisión de Griffin de proponer la figura de la sociedad laboral remite mucho menos al decreto de Bullrich que a la experiencia en ese sentido que el dirigente recogiera en España, donde viviera su exilio obligado por la última dictadura militando en ese espacio.
“Patricio trae esa experiencia de allá y la pone sobre la mesa para la discusión ante una realidad: hay empresas recuperadas y cooperativas de trabajo donde los fundadores son dueños y los trabajadores están en negro. En España las sociedades laborales nacieron de pymes en crisis y buscaron asociación entre los trabajadores y el capital, con un gerenciamiento conjunto”, explicó José Orbaiceta, referente de la Red Gráfica y Fecootra e integrante del directorio del Inaes en representación del cooperativismo de trabajo. “Lo que se ha hecho es un borrador, ahora se abrirán foros de discusión en todo el país y ahí se verá si la propuesta camina o no”, destacó Orbaiceta, tal como el propio Griffin lo había remarcado en la presentación de su anteproyecto, llevada a cabo el pasado 12 de diciembre en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, el referente de Fecootra también adelantó que esa Federación coincide con la iniciativa de la CNCT respecto de la regulación de las cooperativas de trabajo. Y señaló que, más allá de lo de las sociedades laborales, hay algunas coincidencias entre el anteproyecto del Inaes y el de la Confederación, como por ejemplo tender a que los trabajadores autogestionados, sin perder su relación asociativa en el marco de las cooperativas, realicen aportes y cuenten con coberturas previsionales y sociales similares a los de los trabajadores en relación de dependencia del rubro al que pertenezcan, en el marco del convenio colectivo que corresponda.

“Todo depende del apoyo del Estado, podría establecerse que los trabajadores hagan el aporte obrero y el Estado el patronal, por lo menos por un tiempo, hasta que las cooperativas se consoliden y puedan afrontarlo”, sostuvo Orbaiceta.

El anteproyecto del Inaes prevé que sean los propios integrantes de las cooperativas quienes en asamblea resuelvan si aportan al régimen de autónomos -lo que implica un futuro de jubilación mínima- o al del convenio de su actividad. Y agrega que, en caso de optarse por la segunda alternativa, “se considerará base imponible de los aportes a los efectos de las cotizaciones como trabajadores en relación de dependencia, sólo las sumas percibidas efectivamente por los socios en forma mensual como retornos, de conformidad a lo establecido en el reglamento interno”. Así, se contemplaría la situación de trabajadores asociados a las cooperativas que no llegan a cumplir la cantidad de horas mínimas de trabajo mensuales, en base a las que se ordena lo establecido en los convenios colectivos y lo que se va acordando en paritarias.

La iniciativa del Inaes incluye otras novedades para el mismo ámbito del cooperativismo de trabajo, como las figuras de las cooperativas simplificadas, que establece menos trámites y costos burocráticos para las organizaciones con menos de veinte asociados; y las cooperativas protegidas, que aborda otro foco de discusión como es el de las cooperativas impulsadas desde el Estado, en el marco de programas como el Argentina Trabaja, en los que los ingresos de los trabajadores se garantizan con fondos públicos.

Por supuesto, el anteproyecto que Griffin presentó acompañado por la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner excede largamente lo relacionado con las cooperativas de trabajo. A lo largo de 54 páginas, se abordan todos los sectores de la economía social como el mutualismo y los otros tipos de cooperativas, como las de servicios públicos, las de productores rurales, las escolares. En los foros anunciados para el próximo semestre en todo el país se convocará a debatir todos esos aspectos. Seguro que una de las discusiones más intensas será la relacionada con los trabajadores autogestionados.

“Termina manejando todo el capital”

José Abelli es un referente del movimiento de empresas recuperadas, sobre todo en Rosario, donde participó de la enorme mayoría de las luchas por las reaperturas y reactivaciones. Y su voz es de las más críticas ante la idea de impulsar en esas experiencias la figura de las sociedades laborales. “Se presta al fraude, termina manejando todo el capital”, consideró, consultado respecto de lo que propone el anteproyecto del Inaes.

“Lo de las sociedades laborales viene a reforzar una ideología que pone a la actividad económica seria por fuera del alcance de la economía social, de las capacidades de los trabajadores. Se le asigna al capital un rol por encima de la organización social y se rompe el concepto central de una cooperativa de trabajo, que es juntarse solidariamente poniendo como capital a las personas, al conocimiento”, sostuvo Abelli. “Esto no quiere decir que no demos el debate respecto de cuáles son los mejores modos de autogestión, ni que descartemos de plano la asociación con otras formas de la economía, como de hecho se ha dado en varios casos, pero ya hay antecedentes de sectores marginales del capitalismo que utilizan las cooperatiivas para fraude, para precarizar; y esto de las sociedades laborales sería una herramienta que les facilitaría esa práctica”, analizó.

Artículo publicado en la edición 175 del semanrio El Eslabón.

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