El secretario de Inteligencia presentó una denuncia penal contra Antonio “Jaime” Stiuso y dos funcionarios por el ingreso ilegal de 94 toneladas de mercadería. Los acusó de utilizar prerrogativas de sus funciones para realizar estas maniobras que ocurrieron entre los años 2013 y 2014.
En una conferencia de prensa brindada este martes, el titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, informó que se realizó una denuncia penal por contrabando y evasión impositiva contra los ex funcionarios Antonio “Jaime” Stiuso, Alejandro Osvaldo Patrizio y Nicolás Gastón Mercado.
A partir de información relevada por la actual gestión de la SI y la Aduana, se determinó que importaron 94 toneladas de mercadería -material oftalmológico, equipos médicos y aparatos electrónicos «que tipificamos como contrabando, porque no estuvo destinado a la SIDE ni a cumplir una función de la Secretaría», dijo Parrilli. Ocurrió entre los años 2013 y 2014, y para eso los acusados utilizaron las prerrogativas de las que gozaban como funcionarios públicos.
La mercadería llegaba a la Argentina a nombre de Stiuso o de la Secretaría. Parrilli y el subsecretario de la SI Juan Martín Mena ya ordenaron sumarios administrativos y la suspensión por 60 días de los funcionarios involucrados que continúan en la Secretaría. A partir de ahora ambos fiscalizarán las importaciones ordenadas desde su área,
La denuncia recayó en el Juzgado Penal Económico N° 3 a cargo de Rafael Caputo y además Parrilli informó: «Pedimos un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, porque cuando Stiuso se va del país, viaja con Damián Manuel Sierra, agente de aduana. Se trasladan en una camioneta de una de las empresas involucradas en la maniobra del contrabando».
Ese vehículo pertenece a una de las empresas involucradas, House to house SA; por lo tanto ahora la Justicia deberá investigar si existieron otros funcionarios de la Aduana involucrados en el contrabando. Ya fueron identificadas por lo menos 20 empresas importadoras que se sospecha participaban de la maniobra.
«Los tres funcionarios utilizaron para provecho de particulares prerrogativas y beneficios que la ley otorga a funcionarios públicos para llevar a cabo sus funciones», señaló Parrilli. Precisó que los años analizados fueron 2013 y 2014, y anticipó que seguirán investigando hacia atrás en el tiempo. «Lo que nosotros podemos asegurar es que esto no ocurra más», dijo.
Por último, Parrilli indicó que el monto del contrabando es difícil de cuantificar, «porque no sabemos qué venía adentro». También solicitaron informes a todos los países de los cuales provenía la mercadería para aportar más datos al juez y saber quién pagó por esos productos.
Fuente: Infojus
