Foto: Télam
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En su afán de contestar el reproche presidencial por el estancamiento de la causa del ataque a la embajada de Israel, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti afirmó que el caso había cerrado en 1999 con una sentencia, con lo cual era “cosa juzgada”. Víctimas del atentado y ex ministros del máximo tribunal le recordaron este miércoles no sólo que la causa sigue abierta, sino que incluso hay una sentencia de la Corte anterior, en 2006, encabezada por el mismo Lorenzetti, que exige la profundización de las investigaciones.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Augusto Belluscio aseguró este miércoles que “no se puede hablar de cosa juzgada” en relación a la investigación del atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos.

De esta forma, salió al cruce de lo afirmado ayer por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en el marco de la inauguración de un nuevo año judicial, cuando señaló que la causa sobre ese hecho se había cerrado en 1999 y que, por lo tanto, era “cosa juzgada”.

En este sentido, al recordar ese fallo de la Corte, Belluscio indicó que se había ordenado “continuar la investigación” y consignó que él había planteado una disidencia parcial en la que señalaba que “no se encontraba acreditado nada” en el marco de la investigación de ese hecho terrorista.

“No, evidentemente no se puede hablar de cosa juzgada”, aseveró el ex ministro de la Corte en declaraciones formuladas a la radio FM Vorterix, en las que afirmó que “siempre hubo dificultades con este tema”.

De hecho, Belluscio reveló que, “inicialmente, la propia embajada (de Israel) no permitió al entonces presidente de la Corte, (Ricardo) Levene, y a peritos nombrados por la Corte penetrar en el edificio destruido para investigar qué era lo que había ocurrido”.

Abandonados

Carlos Susevich, querellante en representación de las familias de las víctimas del atentado a la embajada de Israel, aseguró este miércoles que la causa está “estancada” pero “sigue abierta” merced a la “presión de los familiares” y anticipó que, en los próximos días, evaluarán la posibilidad de realizar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

“En el 2006 yo me presenté como querellante y la causa sigue abierta con la presión que hacemos los familiares para que se declare delito de lesa humanidad”, aseveró Susevich, cuya hija fue una de las 29 víctimas del atentado.

En este sentido, consignó que si bien “la causa en este momento está estancada”, los familiares comenzarán a “tratar de que se mueva lo más rápido posible, sobre todo a ver si toman en cuenta la investigación sobre la conexión local que colaboró para que ocurriera el atentado”.

«Con el resto de los familiares trataremos de consensuar a ver si hacemos o no una presentación frente a la Corte Suprema. Lo decidiremos en los próximos días, antes del acto del 17 de marzo”, consignó Susevich, quien confirmó la convocatoria a un acto en el lugar del ataque para ese día, en Arroyo y Suipacha, al cumplirse un nuevo aniversario del atentado.

Por otro lado, Susevich diferenció el atentado de la representación diplomática del atentado contra la sede de la Amia: “El de la Embajada tiene connotación política, diplomática y, también, de orden financiero y económico; el de la AMIA, es un organismo nacional que agrupa a la comunidad”.

“Son dos cosas totalmente distintas y dos objetivos completamente diferentes”, aseveró Susevich.

En declaraciones a infojus, portal de noticias del Ministerio de Justicia de la Nación, Nelly Duran Gianetti, familiar de una de las víctimas del ataque a la embajada, contó que desde el comienzo sabían “que como fue un atentado a una embajada es la Corte Suprema la que se hizo cargo, pero en 23 años nadie se nos acercó, nadie nos pidió ir a declarar».

«Uno podía esperar que la Corte anterior, con el gobierno de Menem, no hiciera mucho–señaló–. Cuando se asume esta nueva Corte uno tuvo un poco más de esperanza de que iba a impulsar más las investigaciones, que iba a haber mayor acercamiento con las víctimas y sobrevivientes, sin embargo tampoco pasó”.

“Estamos abandonados, sólos, siempre se fija el interés en la Amia –no porque no quiera que se fije interés en la Amia–, pero nosotros siempre quedamos relegados”, agregó la viuda de Miguel Ángel Lancieri, muerto en el ataque de 1992.

Respecto del reclamo de la presidenta a la Corte Suprema, durante su discurso en el Congreso, Gianetti sostuvo que “todos saben que yo no estoy de acuerdo con el gobierno en muchos cosas, pero es la primera vez que mis hijos pudieron escuchar a un presidente que se la juegue”.

“No sé si después de todos estos años podamos descubrir algo, pero por lo menos saber que se está haciendo algo”, concluyó la mujer.

Mal asesorado

Poco después de finalizado el discurso de Lorenzetti, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue una de las primeras figuras del oficialismo en refutar las afirmaciones del titular de la Corte.

«Lo asesoraron mal en el tema de la embajada de Israel. Dice el doctor Lorenzetti que hay una sentencia de 1999(…) Disiento que sea cosa juzgada, porque para que exista debe haber una persona indagada, sometida a proceso y condenada», afirmó Fernández.

En declaraciones al canal de noticias C5N, el funcionario señaló que «el 13 de diciembre de 2006 la Corte sacó una sentencia resolutoria donde un familiar pide que se declare de lesa humanidad (el atentado contra la Embajada), y la Corte dice dos cosas muy contundentes: una seguir la investigación y la otra reiterar las órdenes de captura» contra los responsables.

«Ni hay cosa juzgada ni hay sentencia. No ha habida sentencia, para nada», agregó el jefe de ministros.

Consultado si consideraba a Lorenzetti como un «opositor», Fernández aclaró que «no, para nada», y cuando se le preguntó si el presidente de la Corte era «el titular del Partido Judicial», el funcionario retrucó: «Nunca tuvo que ver con eso».

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