La reestatización total del sistema ferroviario, de carga y de pasajeros, que anunció la presidenta Cristina Fernández durante el último discurso de su mandato ante la Asamblea Legislativa marcó una línea de continuidad en las políticas del kirchnerismo de recuperar empresas y actividades estratégicas bajo el ala estatal que habían pasado a manos privadas en la década del 90. El argumento de la ola privatizadora durante el menemismo fue que el Estado era incapaz de administrar con eficiencia, una falacia más del neoliberalismo que había comenzado a triturar el patrimonio nacional en la dictadura de Videla y compañía.
Justamente fue al revés. En la mayoría de las empresas donde el gobierno kirchnerista decidió hacer pie con distintos formatos, reestatizaciones parciales o totales después de rescindir contratos o expropiar, lo hizo frente a la ineficiencia de la gestión privada. Desembarcó con urgencia, en muchos casos como pudo, con parches. Los mismos defensores de lo privado se preguntan desde la comodidad de un escritorio: “¿Cómo no lo hizo antes?”.
Y, a contramano de las expresiones de deseos opositoras para que fracase, al repasar hoy los números de esas compañías y las prestaciones de los servicios se demuestra que la gestión estatal logró revertir el rojo operativo de los privados en las empresas que habían sido entregadas por la ley de Reforma del Estado de los 90.
La recuperación decidida por Néstor Kirchner en 2003 del Correo Argentino representó un cambio de época. Fue una señal de lo que se proponía o de las directrices que seguiría el proyecto político que él encabezaba. Lo mismo ocurrió, en otro plano, con la bajada de los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar. Fueron símbolos de un cambio de época, la época posneoliberal. Al correo le siguió la empresa de agua (AySA), Aerolíneas Argentinas, los fondos jubilatorios de las AFJP, el astillero naval Tandanor, la petrolera YPF (quizá la más significativa) y ahora los ferrocarriles, sector que quedó en el ojo de la tormenta después de la tragedia de Once. Estas empresas estatales fueron disueltas en los 90, con el saldo negativo de la pérdida de soberanía, del mal funcionamiento y de los trabajadores que quedaron en la calle.
La desnacionalización de empresas importantes para el desarrollo económico y social del país determinó una época. Una época de apertura al capitalismo financiero y los mercados. La política económica de Domingo Cavallo fue una prolongación de la que aplicó el ministro de la dictadura Alfredo Martínez de Hoz a favor de las corporaciones y el establishment económico de adentro y de afuera, con la venia del Fondo Monetario Internacional.
El paradigma neoliberal que va de 1976 a 2001 puede definirse en dos frases emblemáticas que marcaron una época y una continuidad en la historia de sangre, entrega, desempleo y pobreza. “Se abre un nuevo capítulo en la historia económica argentina: hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica, para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”, dijo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura que tenía las orejas bien grandes para escuchar los dictados de Estados Unidos y el capital financiero internacional. «Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos del menemismo, Roberto Dromi, al anunciar el comienzo de una época de enajenación del patrimonio nacional.
Con aciertos y errores, con las consecuencias que persisten de la extranjerización de la economía, con un empresariado ávido por fugar capitales, el proyecto político-económico del kirchnerismo puso en foco el rol del Estado, un Estado presente en la economía, con capacidad reguladora y de gestión a favor de las mayorías, que se propuso reindustrializar el país. Por decisión del gobierno o por necesidad ante la hecatombe privada, la reestatización de empresas clave fue un rasgo distintivo durante los últimos doce años e imprimió sin dudas un cambio de época.
Fuente: El Eslabón.
