Foto: Tito la Penna/Télam.
Foto: Tito la Penna/Télam.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, solicitó este miércoles la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.

Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos «resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación». En el escrito argumenta que «Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo».

Además, Leonel Gómez Barbella se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.»Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión», concluye.

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos, con el agravante de que cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.

Datos de la causa

Se investiga presuntas «maniobras y acciones extorsivas dirigidas por funcionarios del último gobierno de facto y de personas vinculadas a la sociedad civil contra los integrantes del grupo Graiver, con el fin de desapoderarlos de la participación accionaria que detentaran en la sociedad Papel Prensa».

En el 2010 el Estado nacional, a través del entonces Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, denunció penalmente a los dueños y directivos de Clarín, La Nación y La Razón, a integrantes de la Junta Militar y a funcionarios civiles de la dictadura. Al presentar la querella, se solicitó que se requiriera del Juzgado interviniente la remisión de la causa que en su momento instruyó el fiscal Ricardo Molinas.

Martín Fresneda, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó un pedido de “pronto despacho” al juez Ercolini en diciembre del 2012. La causa estaba paralizada y desde la secretaría se pedía la citación de testigos, la incorporación de pruebas y las declaraciones indagatorias a el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a Herrera de Noble, Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos.

La primera en declarar fue Lidia Papaleo en junio de este año, aceptada como querellante por Ercolini. Contó que después de la muerte de su marido, David Gravier, en un sospechado accidente aeronáutico en 1976, empezó a recibir amenazas y presiones para vender Papel Prensa de las tres fuerzas armadas y, por interpósita persona, del ministro de Economía, José Martínez de Hoz. Denunció que secuestrada y en la sala de torturas la obligaron a firmar documentos incriminando a Gravier.

Fuente: Télam/Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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