El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó este martes a la pena de prisión perpetua a los dos acusados de haber asesinado a la militante social y ex presa política de la dictadura, Silvia Suppo. Lucila Puyol, abogada de los hijos, explicó que el fiscal lo planteó como “un homicidio en ocasión de robo, y nosotros creemos que fueron a matarla”.
Integrado por jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, el Tribunal condenó a Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, como «coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad».
De esta forma, el TOF acompañó el pedido expuesto en su alegato por el fiscal Martín Suárez Faisal, sobre el homicidio ejecutado con alevosía, y coincidió en conceder la pena pedida tanto por el representante del Estado como por las querellas. Suárez Faisal, en su alegato, no descartó que haya implicancias políticas en el crimen, pero se limitó a solicitar la condena por el homicidio en ocasión de robo.
La querella que representó a la familia de Suppo, encabezada por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, abonó la teoría de que el robo no fue la causa del crimen al considerar que éste tuvo que ver con la historia de militancia de la mujer.
“Nos quedó un sabor a poco en este juicio”, lamentó Puyol en diálogo con Redacción Rosario, y argumentó su postura: “Si bien esperábamos esta condena, no es lo mismo que pretendíamos. Porque nosotros pedíamos a prisión perpetua por homicidio ejecutado con alevosía, pero el fiscal plantea que fue un homicidio en ocasión de robo, y nosotros creemos que fueron a matarla”.
Silvia Suppo fue testigo poco tiempo antes de ser asesinada en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos ocurridos tras su secuestro.
“De todas las investigaciones que pedimos -tanto desde la querella particular que representa a los hijos de Silvia, como desde la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- sobre encubrimientos y las irregularidades que rodearon a la causa, a nada de eso hizo lugar el Tribunal. Lo único que panteó es que se remita copia a la fiscalía federal, algo que sí habíamos pedido”, aclaró la abogada.
De todas maneras, aseguró que “en la otra etapa del juicio, donde pretendemos que se abra la causa por encubrimiento, presentaremos todas las pruebas, incluso lo que salió en el juicio oral, donde claramente salió todo el accionar policial, las mentiras, las obstrucciones que hicieron, la no entrega de pruebas que desde la querella tuvimos que trabajar para encontrarlas desde otro lugar”.
Además, Puyol adelantó que tras el juicio oral, “tres testigos” contaron que “Silvia Suppo y su esposo Jorge Destéfani -que muere un año antes, de cáncer- estaban investigando casos de posible apropiación de niños y de enterramientos clandestinos en Rafaela, y hasta lo que sabemos esa investigación ha muerto con ellos”, y agregó que “ahora estamos relacionándonos con compañeros para ver si hay alguien más que sabe sobre esas investigaciones”.
Por su parte, Lucía Tejera, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, consideró que se debería ahondar en la «responsabilidad institucional de la policía de la provincia» en la investigación del crimen.
Suppo fue apuñalada en su comercio del centro de Rafaela en la mañana el 29 de marzo de 2010, y tanto Cóceres como Sosa confesaron el crimen.
En el inicio de la audiencia de este martes los acusados cambiaron su testimonio inicial en el juicio y al serles concedida la palabra declararon que eran inocentes y que nunca ingresaron al local comercial de la víctima.
Tras el cumplimiento de ese derecho constitucional de los acusados, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y retornó pasado el mediodía para dar lectura a la sentencia, en la voz de la presidenta del cuerpo, María Ivón Vella.
