El gobierno presentó una denuncia penal contra cinco empresas por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas. Además, exigió explicaciones a Gran Bretaña por las acciones de espionaje.
La denuncia, realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, fue presentada este jueves en horas del mediodía por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
«No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina», afirmó Filmus en declaraciones a la prensa, tras presentar el escrito en la sede de la Procuración General de la Nación.
Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforar al menos seis pozos.
La denuncia fue realizada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
La denuncia penal ya había sido adelantada días atrás por Filmus a la agencia Télam, quien explicó que -con la presentación- se aplicará por primera vez el texto reformado en 2013 de la ley de hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.
«Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo a las leyes argentinas y el derecho internacional», dijo el funcionario, y expresó que el proceso «puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar Argentino».
La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y compañías puedan operar en Argentina.
Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno británico, que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es «legítimo» y «legal».
Filmus recordó que el pasado 2 de marzo el gobierno argentino comunicó a su par del Reino Unido su «formal y enérgica protesta» ante el inminente inicio de actividades de perforación, en tanto que el 9 de marzo se presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, para que se abstenga de realizar las actividades, pero «todas esas advertencias fueron desoídas».
«Esta denuncia está siendo acompañada en el apoyo que tiene a nivel de organismos multilaterales por numerosas declaraciones que le dan a la Argentina el derecho para hacer este reclamo y defender los recursos de los 40 millones de argentinos», sostuvo el funcionario argentino.
Las mismas empresas ya fueron inhabilitadas para operar en territorio argentino por parte de la secretaría de Energía.
«Vamos recopilando las pruebas y cuando se demuestra la operación clandestina las inhabilitamos. Estas empresas ya han sido debidamente declaradas ilícitas y han sido inhabilitadas para operar en el territorio nacional por un período de entre 15 y 20 años», explicó Matranga.
El pasado 2 de abril, la prensa británica publicó que las compañías habían encontrado reservas de petroleo y gas en las islas Malvinas, durante el comienzo de una nueva campaña de exploración, en el primero de los cuatro pozos a perforar, ubicado al norte de una de las islas.
En su discurso de ese día desde Ushuaia, al cumplirse 33 años del inicio de la guerra que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que era una «provocación» el anuncio el mismo día del aniversario del comienzo del conflicto.
Espionaje británico
Según informó este jueves la Cancillería argentina, el vicecanciller Eduardo Zuain convocó al embajador Freeman para que dé explicaciones por el supuesto espionaje practicado -revelado a través del medio «The Intercept» y en el país por el canal de cable Todo Noticias (TN) el pasado 2 de abril- ante la «creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas».
De acuerdo al informe periodístico, basado en documentos filtrados por el ex agente de la CIA, entre los años 2006 y 2011 -durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner- el gobierno británico realizó actos de espionaje a distintos líderes y jefes militares argentinos para conocer los planes y objetivos del país en relación a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
El vicecanciller expresó al representante británico que las «acciones de ese tipo violan el derecho a la privacidad conforme a lo establecido en las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».
Estas resoluciones destacan que «la vigilancia y la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilícita o arbitraria de datos personales, al constituir actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática».
El espionaje -denominado «Operación Quito- quedó demostrado en correos, presentaciones y comunicados internos, e incluye también operaciones encubiertas en redes sociales, intervención de comunicaciones militares y de seguridad.
La reunión entre los representantes de ambos gobiernos fue comunicada al mismo tiempo que la embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, era citada por el ministerio de Relaciones Exteriores británico en Londres, en protesta por las recientes declaraciones del gobierno argentino.
«El vicecanciller rechazó los argumentos esgrimidos por el subsecretario Fraser de la cancillería británica ante nuestra embajadora, Alicia Castro, respecto de las declaraciones oficiales referidas a la creciente militarización de las Malvinas y la exploración ilegal de hidrocarburos», dijo el Palacio San Martín en el comunicado.
Por último, Zuain también le comunicó el «malestar» del gobierno por las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento Británico, ante el cual anunció el incremento del gasto militar en las Malvinas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, «alegando una supuesta e inverosímil «amenaza argentina»».
«Frente al armamentismo británico, la Argentina sostiene que sólo el diálogo y la negociación deben primar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065, y siguientes, de las Naciones Unidas», le dijo Zuain a Freeman.
