Foto: Manuel Costa

El proyecto, aprobado este miércoles por amplia mayoría en Diputados y luego de 14 horas de debate, declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario” la reactivación de los ferrocarriles con el fin de “garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo”. Aunque aún no se planteó fecha para su tratamiento, se descuenta la sanción definitiva en el Senado.

La moción oficialista que crea Ferrocarriles Argentinos S.E. obtuvo 223 votos a favor, con el respaldo de la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el socialismo y la Coalición Cívica. Hubo abstenciones de cuatro legisladores del GEN, uno de Unidad Popular, uno de Proyecto Sur y otro radical, en tanto que la izquierda y Victoria Donda votaron en contra. El último tramo del proceso fue custodiado de cerca por un exultante Florencio Randazzo desde los palcos. Hubo festejos de dirigentes gremiales del sector ferroviario dentro y fuera del Congreso.

«Esta media sanción viene a completar el proceso de transformación ferroviario asociado al desarrollo de la economía argentina”, destacó el ministro de Transporte.

El debate, que se inició poco antes de las 13 de este miércoles, fue abierto por la presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño (Frente para la Victoria), quien aseguró que el proyecto de estatización del sistema ferroviario «no es un eslogan marketinero» y subrayó que se trata de «una modificación del paradigma del Estado frente al uso de los trenes y la gestión del uso de los trenes».

“El Estado nacional vuelve a asumir una potestad que le es propia pero que le fue entregada a los privados” con el “bochornoso proceso privatizador de la década del ‘90”, explicó Zamarreño.

Según la legisladora “el Estado era dueño de las vías pero no podía utilizarlas”, y con la nueva ley tendrá esa potestad.

Miembro informante del oficialismo, Zamarreño destacó la política de reactivación de los trenes encarada por este gobierno y la contrapuso al “bochornoso” proceso privatizador que dejó “70 mil empleados a la calle, que delegó la administración del transporte de cargas a las provincias y que no le pidió a los concesionarios privados que mantuvieran el transporte de pasajeros”.

“El Estado es capaz de gestionar mucho mejor que los privados”, insistió la diputada, y destacó, entre otras cosas, que la gestión kirchnerista “jerarquizó” el trabajo de los ferroviarios.

La presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, remarcó asimismo que “estamos construyendo una política de Estado y reparando errores del pasado”.

La UCR respaldó el proyecto pero insistió con dos cambios puntuales: que los ferrocarriles sean declarados “servicio público” y que se incorpore a representantes de las provincias y del Congreso en el directorio de Ferrocarriles Argentinos.

Según explicó el jujeño Miguel Giubergia, “el servicio público implica la obligación de explotación de manera regular, continua y en todo el territorio de la República el servicio que le ha sido adjudicado”.

Por la misma bancada, Julio Cobos destacó la reestatización ferroviaria “como parte de una futura política de Estado” y celebró “que comencemos a hablar en este país de políticas de largo plazo”.

Federico Sturzenegger justificó el apoyo del PRO al proyecto, al asegurar que permitirá un “balance” entre el Estado y el sector privado.

“Este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana”, argumentó el legislador macrista.

Su par Héctor Baldassi también resaltó que este sistema “mixto constituye la posibilidad de desarrollar una política de Estado que nos pueda permitir proyectar la Argentina del futuro”.

Por el Frente Renovador de Sergio Massa, Felipe Solá admitió que “toda mejora del sistema de ferrocarriles tiene que ser entendida por la oposición como algo que necesitamos todos, como un intento válido de mejorar un desastre”.

Empero, negó que se trate de un “proyecto de reestatización” y dijo en cambio que “es un proyecto de reordenamiento” que “no estatiza nada ni privatiza nada”.

La precandidata a presidenta Margarita Stolbizer (GEN-FAP) se diferenció al encabezar la abstención del GEN. “Estamos frente a un problema más de relato que de vocación sincera de producir un cambio”, consideró. Acompañaron esa postura sus pares Virginia Linares y Fabián Peralta.

Stolbizer aseveró que “lo que se intenta en este debate” es un “merchandising” e insistió en que “estamos ante las consecuencias de un colapso del sistema ferroviario” y no “frente a una renovación del sistema”.

La legisladora impulsaba un dictamen alternativo con un “sentido federal, previendo mecanismos de participación e integración con las provincias y municipios”, entre otras cosas.

Asimismo, Claudio Lozano (Unidad Popular) aseguró que el proyecto de ferrocarriles promovido por la Casa Rosada “no está a la altura de las circunstancias de lo que se necesita para dar vuelta la página y empezar la tarea de reactivación ferroviaria”.

Néstor Pitrola defendió el proyecto alternativo del FIT de “nacionalización integral de los ferrocarriles”, que entre otras cosas propone “auditar y confiscar lo que se robaron los concesionarios privados”.

Nicolás Del Caño, otro diputado de ese bloque, planteó que “no es casual que la derecha del Pro y del Frente Renovador, junto a la UCR, voten al unísono con el Gobierno este proyecto, que abre las puertas para nuevas privatizaciones en esta área estratégica, como son los ferrocarriles”.

También se abstuvo Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, quien evaluó que la iniciativa “no contempla la industrialización como eje central en la producción de locomotoras, durmientes y en la creación de puestos de trabajo, y por ende la recuperación de los pueblos y de las economías regionales”.

A su turno, el aliado Carlos Heller (Nuevo Encuentro) se sumó a la defensa del proyecto al afirmar que “parte de la idea central de que el Estado puede gestionar de una manera más eficiente que los privados un recurso vital para el desarrollo del país”.

Uno de los más aplaudidos de la sesión fue el diputado oficialista y referente de Smata Oscar Romero, quien denunció que “es peor el «gorilaje» de izquierda que el de derecha”.

Fue en respuesta a su par Del Caño, quien se quejó de los festejos de representantes de la Unión Ferroviaria dentro y fuera del Congreso.

Romero, de familia ferroviaria, recordó su pasado como delegado de ese gremio, cuando fue despedido “por oponerse al cierre de los talleres”.

También aprovechó para disparar contra los periodistas Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. “La lucha no fue fácil, los medios nos pegaban por todos lados, éramos el mal de la Argentina, vagos, sucios, deficitarios, etcétera”, relató.

Pero aseguró que “hoy nuestra presidenta nos da la posibilidad de recuperar nuestra historia, de dignificar a esa gran familia que son los trabajadores ferroviarios”.

La diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli expresó que “es una gran satisfacción poder reestatizar el ferrocarril por la trascendencia que su rol impone para el desarrollo del toda nuestra Argentina, que demanda un sistema de transporte acorde a su extenso territorio”.

De todos modos, consideró que “se plantea el nuevo desafío de realizar un plan de infraestructura integrador y la necesidad de brindar un mayor protagonismo a todos los sectores de la sociedad logrando la participación efectiva de las provincias y los usuarios”, que “se puede incorporar en la reglamentación”.

El proyecto fue girado al Senado, que aún no definió fecha para su tratamiento, aunque considerando el apoyo que recibió en la Cámara baja por el grueso del arco opositor, no encontraría mayores escollos para obtener su sanción definitiva.

Fuentes: Télam, Parlamentario.com.

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