El desafío de investigar a los cómplices civiles

Nací en el Hospital Militar de Paraná en 1978, durante la última dictadura cívico-militar. Mis padres, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes montoneros, fueron asesinados y desaparecidos. Mi hermano mellizo y yo fuimos separados de nuestra familia. En 2008 pude al fin restituir mi identidad; fue como consecuencia de las investigaciones del Juzgado Federal de Paraná, del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos (RUV) y de las organizaciones de derechos humanos.

A partir de allí me uní a la búsqueda del Melli, junto a mi hermano Sebastián Álvarez y a Guillermo Mencho Germano, quien como coordinador del Registro Único de la Verdad fue quien tejió aquella hipótesis incómoda de que el Hospital Militar de Paraná había funcionado como una maternidad clandestina, dentro del plan sistemático de apropiación de menores.

Aquella denuncia dio origen al proceso judicial y, en 2011, la causa conocida como “Hospital Militar” se consolidó y llegó a ser el primer juicio de lesa humanidad en Entre Ríos. Los condenados fueron ex miembros del II Cuerpo del Ejército: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría (de quien nos enteramos de su fallecimiento este lunes) . Sin embargo, en ese juicio las protagonistas principales fueron las enfermeras, que con sus testimonios enfrentaron al silencio cómplice de los jerarcas médicos y reconstruyeron sólidamente nuestro nacimiento en el Hospital Militar y nuestra posterior derivación al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Lo más relevante de aquellas audiencias orales y públicas fue que se pudo probar que el Melli fue dado de alta del IPP, por supuesto con vida, el 27 de marzo de 1978; echando por la borda aquella oscura versión que los milicos hicieron circular durante años: que había nacido muerto.

Hoy la causa se llama “NN López s/averiguación de paradero” –NN López es como se registró el paso de mi hermano por el IPP– y se enmarca, junto con otras causas, en un nuevo momento histórico y un nuevo desafío: el de lograr el juicio y el castigo a los cómplices civiles de la dictadura, en este caso, el de los profesionales de la salud.

Sin ir más lejos, el pasado 1 de abril –tras 5 meses de dilaciones–, el Juez Leandro Ríos, del Juzgado Federal de Paraná, consideró que existen las pruebas suficientes y dio lugar al pedido de la querella y la fiscalía; citando a indagatoria al pediatra Miguel Torrealday, uno de los socios fundadores del IPP. Este es un paso fundamental para derribar el mito del “guardapolvo blanco” –que inventa una figura de profesional inocuo que cumple su función sin mirar alrededor– y para comenzar a revisar las responsabilidades de aquellos que obraron como partícipes necesarios para que el plan sistemático del robo de bebés fuera posible.

Hoy, como sociedad, debemos asumir el compromiso de exigirle a la justicia ese paso fundamental para desandar el camino de la impunidad. Necesitamos que se investigue el rol de la sociedad civil en el robo de bebés y en los crímenes de lesa humanidad en general. Ese paso también es muy importante para poder encontrar a los 400 jóvenes que todavía nos faltan.