Es en una causa federal por presuntas irregularidades en los fondos de campaña de las elecciones de 2007. El diputado nacional y el senador provincial desoyeron dos veces citaciones judiciales. El fiscal Rodríguez les cuestiona el origen de casi dos millones de pesos.
El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó el desafuero del diputado nacional socialista Hermes Binner y del candidato a gobernador de Santa Fe del mismo partido, Miguel Lifschitz, por no asistir en dos oportunidades a una citación judicial para explicar presuntas irregularidades en los fondos de campaña utilizados en las elecciones de 2007.
El fiscal Rodríguez pidió la medida de desafuero en el marco de una causa que se sigue contra Binner y Lischitz en cuanto presidente y tesorero del Partido Socialista durante la campaña electoral de 2007, según informó el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal.
A través de un comunicado, Rodríguez señaló que “la Fiscalía celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO”.
Pero agrega que “no así con los referentes del Partido Socialista a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del Presidente y su Tesorero, que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la ley 25.320”.
La norma citada es conocida como ley de desafuero, y comprende a las inmunidades de los funcionarios públicos y legisladores mientras duren sus mandatos.
En un caso similar, la Justicia no le permitió en 2012 al neuquino Jorge Sobich presentarse como candidato a elecciones, una penumbra que acecha a Lifschitz.
La Justicia Federal santafesina cuestiona gastos de campaña del socialismo por 1.879.207 pesos durante las elecciones nacionales de 2007 que no coinciden con “la lista aportada bajo el título ‘Aportes partidarios 2007’” que fue por 781.907 pesos.
Además, se cuestionan ingresos percibidos que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley de financiamiento de partidos políticos.
“Esto es la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro”, agregó el fiscal.
De acuerdo al detalle judicial, se trata de 30 mil pesos aportados al PS por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales del departamento Castellanos; otros 5 mil provenientes de la Asociación de Cooperativas Argentinas; 6 mil de la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje; 11 mil pesos de la empresa Terminal Puerto de Rosario y 10 mil de la concesionario de transporte Monticas SA, entre otros.
