El funcionario santafesino que renunció tras el escándalo del escrutinio provisorio de las Paso provinciales, será investigado por la Justicia rosarina ante la presunta manipulación sin orden judicial de la computadora de un narco asesinado.
Se trata de Javier Echaniz, ex secretario de Tecnologías para la Gestión del gobierno de Santa Fe, quien en abril pasado presentó la renuncia al cargo luego del escándalo desatado durante el escrutinio provisorio de las elecciones primarias en Santa Fe.
Según la página oficial del escrutinio, en la madrugada del lunes 20 de abril se dio por contabilizada la totalidad de los votos cuando aún restaba reportar unos 200 mil sufragios, lo que llevó a algunas fuerzas políticas locales a denunciar “fraude”.
Ahora, el juez de Cámara rosarino Carlos Carbone resolvió que Echaniz sea investigado, junto al subsecretario del área, Martín Degrati, por la presunta intromisión sin orden judicial en la computadora portátil de un supuesto narco asesinado en Rosario, indicaron voceros judiciales.
Echaniz y Degrati fueron denunciados por tres diputados santafesinos del Movimiento Evita de “manipular” una Macbook Pro que la policía secuestró en un hotel de Rosario donde paraba Luis Medina, un presunto narco asesinado de varios balazos el 29 de diciembre de 2013, recordaron fuentes del caso.
Los funcionarios adujeron en su momento que la policía les había pedido desbloquear la computadora portátil por orden de la jueza interviniente.
Sin embargo, una pericia realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ordenada por un fiscal federal de Rosario, indicó en abril pasado que la computadora “fue manipulada”.
El informe señaló que aunque “no se le borraron archivos, sí se tomaron capturas de pantalla y se accedió a los correos electrónicos de la misma como así también se copiaron las claves”.
El juez Carbone resolvió hoy que la causa sea investigada por el fiscal Adrián Mac Cormack, quien se había excusado de llevar adelante el caso al alegar que correspondía al viejo sistema procesal penal santafesino, renovado a partir del 10 de febrero de 2014.
El fiscal debe determinar si la “manipulación” de los funcionarios políticos del gobierno de Santa Fe a la computadora del narco asesinado, interfirió o no en la investigación del homicidio.
