La plena aplicación de las leyes ya aprobadas y una norma que autorice la interrupción voluntaria del embarazo se cuentan entre las principales reivindicaciones de las organizaciones feministas. “Las muertes por abortos clandestinos también son femicidios”, remarcan. “Esto da un mensaje muy importante para la sociedad y un mensaje muy valioso para los sectores del Estado que tienen la responsabilidad ineludible de generar políticas públicas”, evaluó por su parte la especialista Analía Aucia.
En el marco de la multitudinaria movilización que se realizó el pasado 3 de junio bajo el lema “Ni Una Menos” en repudio contra los femicidios y la violencia de género, el movimiento de mujeres y feministas y el resto de las organizaciones que participaron fueron las encargadas de enumerar los reclamos por lo que falta en materia de políticas públicas, el tratamiento de leyes como la legalización del aborto y la impostergable democratización de la Justicia que garantice acceso igualitario y no discriminatorio.
“Hay algunas organizaciones que plantean la emergencia nacional en violencia de género, pero para nosotras no es necesario, porque al ya haber una ley nacional muy buena, lo que hay que pedir es que esa ley se implemente”, sostuvo la militante feminista Florencia Mainardi, al referirse a la ”implementación integral” de la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en donde desarrollan sus relaciones interpersonales (26.485), sancionada en 2009 y reglamentada un año después. Ese fue quizás el más transversal de los reclamos, la plena implementación de dicha norma y para ello, el mejoramiento de las partidas presupuestarias destinadas a tal fin. En este sentido, Mainardi puso énfasis en el artículo 9 de la ley, que establece la creación de un Plan Nacional con tales objetivos, a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres. “El plan tiene protocolos que estaría buenísimo que se apliquen, y eso implica mayor presupuesto para las políticas de género”, aseguró la militante.
Por otra parte, Mainardi se refirió “al Estado municipal para que mejore y amplíe la cantidad de refugios para las víctimas previstos en la Emergencia de Género, que fue aprobada en el Concejo en 2011; y sin embargo, al día de hoy no hubo muchos cambios en el tema”.
También se reclamó la implementación de la Ley Provincial N° 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que ya fue reglamentada, aunque no se dio el cumplimiento de la asignación presupuestaria para poner en funcionamiento el Plan Integral contra la Violencia de Género. “En sí,son los tres niveles del Estado los que deberían destinar mayor presupuesto a las políticas género”, resumió Mainardi.
La militante kirchnerista también sostuvo que otro punto no menos importante, es “exigir que se debata y sancione en el Congreso de la Nación la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, porque desde los colectivos feministas consideramos que las muertes por abortos clandestinos también son femicidios”, sentenció la joven. A este reclamo, se suma la difusión por parte del Estado del uso del misoprostol como medicamento abortivo.
Entre los ítems ineludibles también está el reclamo por el desmantelamiento de las redes de trata y la urgente elaboración del Registro Oficial Único de Víctimas de Violencia contra las Mujeres, ya que hasta el momento ni siquiera se cuenta con cifras oficiales. En este sentido, se pide realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios para poder dimensionar lo que sucede y así permitir el diseño de políticas públicas efectivas.
Otros reclamos mencionados fueron garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista; sensibilizar y capacitar a docentes y directivos de escuelas y colegios y, sobre todo, garantizar a las víctimas el pleno acceso a la Justicia, para lo cual en cada fiscalía y en cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. También se planteó que las causas de los fueros civil y penal deben unificarse y que las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
“Un hecho histórico e inédito”
Analía Aucía trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y es integrante de Cladem Argentina, la red feminista que acciona para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. Además, dicta Introducción a la Filosofía y Ciencias Sociales y Género y Derechos Humanos, y coordina el Programa Género y Sexualidades en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El miércoles pasado la experta en cuestiones de género se sumó a la movilización con un pañuelo verde atado al cuello. Es el pañuelo de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con este medio, Aucía consideró que la marcha se convocó a partir de los últimos hechos que se conocieron, como el de Chiara, pero resaltó que el femicidio es “la última forma de violencia contra la mujer, y la deuda que tiene el Estado es en relación con todas las formas de violencia que vivimos las mujeres, entendidas, por supuesto, por los estándares internacionales de derechos humanos y las propias normas nacionales y provinciales que ha sancionado nuestro Estado”.
“En este sentido, hablamos de las violencias contra las mujeres que son antesala de esta forma de expresión última de violencia que es el femicidio, como la violencia doméstica, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia laboral”, enumeró. “Hay muchas deudas que saldar, y este es el sentido de la marcha y de lo que se ha venido evaluando en los últimos tiempos”, planteó.
Al ser consultada por la naturaleza de la marcha, muy difundida además por los medios de comunicación desde los que muchas veces se promueve la discriminación y diferentes formas de violencia sexista, Aucía evaluó que “aunque sea producto de la mediatización, evaluamos que esta marcha es un hecho político muy importante; y que la gente se haya convocado desde diferentes sectores y no sólo desde quienes trabajamos con la temática de los derechos de las mujeres, que estén participando partidos políticos, sindicatos, movimientos populares de distinto corte, es un hecho inédito que nos emociona profundamente y tiene un efecto simbólico importante”, valoró la docente. Y añadió: “Creo que esto da un mensaje muy importante para la sociedad y un mensaje muy valioso para los sectores del Estado que tienen la responsabilidad ineludible de generar las políticas públicas que ya fueron pensadas y establecidas en leyes que el mismo Estado ha dictado”, aseguró.
Por último, Aucia consideró que la marcha “marca una conciencia de la sociedad, de ya no acepto más: ya no acepto más pensar que la violencia contra la mujer es un hecho privado, que es un hecho que va a quedar en instancias más individuales de resolución, sino que es un hecho que afecta a toda la sociedad, a varones y mujeres por igual. Porque la violencia contra la mujer impide profundizar en nuestras relaciones democráticas. Si la mujer sigue padeciendo violencia no puede desarrollar sus capacidades ni su autonomía y esto afecta el pensar en una democracia real y plena”.
