Camioneros fue a la huelga para avisar que pedirá una suba salarial del 35% en la paritaria que todavía no empezó y para “ratificar” la protesta nacional de este martes, que protagonizarán gremios del transporte y las centrales obreras opositoras. El gobierno dice que son medidas “preventivas”.
Gremios enfrentados al gobierno, en su mayoría del transporte, realizarán este martes el quinto paro nacional, ejerciendo un legítimo derecho a huelga. La protesta fue convocada contra el impuesto a las Ganancias después de las mejoras que aliviaron las cargas del tributo que paga el 10 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia, contra la inflación –que viene desacelerando– y por reclamos salariales de más del 30 por ciento antes de iniciar sus paritarias, después de una primera fase de acuerdos de los sindicatos de mayor peso en torno al 27-28 por ciento, aunque en el marco de la segunda etapa de las negociaciones aceiteros y bancarios cerraron en 36 y 33 por ciento, respectivamente.
El Sindicato de Camioneros realizó el jueves pasado un paro con el propósito de avisar que reclamarán un 35 por ciento de aumento salarial, por “paritarias libres”, por la derogación del impuesto a las Ganancias y para “ratificar” el paro nacional del martes. La movida juntó a unos 50 mil trabajadores en un acto en el club Deportivo Español en Buenos Aires, donde a su vez se pidió que Hugo Moyano siga al frente del gremio de cara a las elecciones internas. Camioneros abrirá su negociación salarial en los próximos días y el convenio del sector firmado el año pasado recién vencerá a fin de mes.
El paro de los choferes de camiones sirvió de termómetro para la huelga opositora que se avecina. Fue una demostración de fuerza de Moyano, que también buscará capitalizar el impacto de la protesta del martes. En Rosario, la medida resintió la recolección de residuos, la distribución de bebidas y, en parte, el abastecimiento de billetes en cajeros automáticos, entre otros servicios. Hubo un acto en la intersección de las avenidas Pellegrini y Belgrano, donde se vio más camiones que manifestantes.
Camioneros está en línea con los gremios que exigen parámetros superiores a la cifra de referencia del 27-28 por ciento en las negociaciones paritarias. Moyano aseguró que su gremio “no firmará un aumento salarial que no tenga un 3 adelante”. Al participar del acto que lo tuvo como único orador, el camionero y jefe de la CGT Azopardo puso de relieve su falta de solidaridad social y lanzó definiciones que atrasan cuarenta años en el reloj de la historia:
“Este gobierno la única revolución que hizo fue la revolución recaudadora con el esfuerzo de los trabajadores”; “este gobierno es comunista con nuestra plata”. En la previa, su hijo Pablo, secretario adjunto del gremio, no se quedó atrás: “Vamos a demostrar la calidad de los trabajadores que reclaman por un salario digno”.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas criticó el paro de Camioneros y el próximo de los gremios del transporte. “La organización sindical (por Camioneros), previo al inicio de las negociaciones, realiza medidas de acción directa que ocasionan un daño muy importante a las empresas y a la comunidad en su conjunto”, destacaron en una nota enviada al ministro de Trabajo Carlos Tomada.
Junto a los colectiveros de la UTA, Camioneros será una de las organizaciones sindicales clave de la huelga opositora. El último paro nacional del transporte, el 31 de marzo pasado, tuvo éxito a partir de la no circulación de colectivos y trenes que impidieron a los trabajadores que no adhirieron a la medida trasladarse a sus lugares de empleo, además de los piquetes de agrupaciones de izquierda en los accesos a las principales ciudades, postal que se repetirá este martes.
El secretario general de la CTA opositora, Pablo Micheli, que volverá a mostrarse junto a sus nuevos “socios de lucha” Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, convocó a una movilización previa, para el lunes 8, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. Para ese mismo día la CTA promueve movilizaciones en todas las provincias. “Vamos a reclamar por un aumento en el salario mínimo y a expresar nuestra preocupación porque el promedio salarial de los once millones de trabajadores es de 5 mil pesos”, dijo Micheli en declaraciones radiales, aunque su preocupación principal sigue siendo el impuesto a las Ganancias.
Desde el gobierno consideraron que se trata de “protestas preventivas” que perjudican al conjunto de los trabajadores, en un contexto de pelea electoral. El paro opositor no sólo es contra el gobierno de Cristina Fernández, de quien a esta altura ya no esperan que elimine Ganancias, sino que busca marcarle la cancha al futuro presidente, además de enviar señales hacia el interior del mundo sindical con la intención de ensayar una reunificación de las CGT después del 10 de diciembre.
Con respecto a la obsesión que tienen algunos gremios con el impuesto a las Ganancias, el gobierno defendió las últimas modificaciones que, en concreto, representaron un aumento salarial promedio del 5 por ciento para los empleados con sueldos de más de 15 mil pesos alcanzados por el tributo. En una entrevista periodística, el ministro Axel Kicillof recordó que Ganancias es un impuesto “progresivo porque se les cobra a los que más ganan y se usa en Rentas Generales para pagar jubilaciones, asignación universal por hijo y gastos de infraestructura”.
Según resaltó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un reciente informe, las principales preocupaciones en el marco de crecientes desigualdades por la crisis mundial se desprenden de la regresión en la distribución del ingreso y el deterioro del empleo en el plano de la economía internacional. Con la desocupación en un dígito desde hace años y con negociaciones salariales al alza, es obvio que la preocupación principal del sindicalismo en la Argentina pase por otro lado.
Calentando motores
Gremios como Camioneros, Smata, UTA, ATE, Gastronómicos, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Alimentación, Estaciones de servicio y Dragado y Balizamiento, entre otros, encabezan la lista de los que restan cerrar sus respectivos convenios paritarios. Unos pocos de ellos abrieron las negociaciones, pero la mayoría de los sindicatos mencionados lo hará en las próximas semanas.
En todos los casos expresan una negativa a aceptar el “tope sugerido” desde el gobierno del orden del 27 por ciento para las paritarias. La organización sindical de los empleados de peaje que lidera Facundo Moyano pidió un aumento del 42 por ciento y rechazó una oferta del 30 por ciento realizada por el sector empresario.
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Buenos Aires, que encabeza Rodolfo Daer, reclama una mejora del 43 por ciento y ya rechazó también una oferta del 24 por ciento en tres cuotas que realizaron las cámaras empresarias. El gremio realizará una marcha de protesta hacia la sede de la cámara patronal el 11 de junio.
Entre los gremios que están por iniciar las negociaciones paritarias están los del transporte que reclaman un aumento del 35 por ciento, como el de los choferes de colectivos, dragado y balizamiento y maquinistas de trenes de La Fraternidad.
En el caso de los colectiveros de la UTA, gremio que comanda Roberto Fernández, los primeros contactos con los empresarios acercaron la posibilidad de seguir los pasos de los aceiteros y bancarios: cerrar un acuerdo formal por 27,8 por ciento de aumento más un adicional no remunerativo que le permita al gremio elevar la cifra al 32 por ciento. En esta paritaria se ponen sobre la mesa los subsidios estatales, que permiten a las empresas afrontar los incrementos salariales y no dejar que se dispare el precio de los boletos. La decisión de la UTA de parar el martes enfrió la negociación.
Amra se suma
El Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra), regional Santa Fe, adhiere al paro resuelto por las CGT y CTA opositoras del martes 9. La huelga afectará a todos los hospitales públicos, tanto los que dependen de la provincia como de los municipios, sin concurrencia a los lugares de trabajo y con atención de guardias mínimas. En un comunicado, el gremio rechazó el “impuesto al trabajo” (en referencia al impuesto a las Ganancias) y reclamó que, en cambio, se grave la renta financiera y el juego para combatir la inflación que disminuye el poder adquisitivo de los salarios. Además, los médicos de Amra reclaman un sueldo mínimo vital y móvil de 8.600 pesos y una jubilación base que no sea inferior a ese salario.
