El proyecto de ley del oficialismo que protege las participaciones societarias del Estado en empresas privadas quedó en condiciones de ser tratado en el recinto a partir de la semana próxima, merced a un dictamen de mayoría.
Así sucedió cerca del mediodía de este miércoles, en el marco de la continuidad del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Trabajo y Previsión del Senado que volvió a reunirse luego de haber escuchado este martes las opiniones del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del titular del Anses, Diego Bossio.
Luego de acordar la introducción de dos modificaciones al proyecto original, el oficialismo pasó a la firma el dictamen que, de este modo, dejó la iniciativa a un paso de ser considerada en el recinto, lo que podría suceder a partir de la semana próxima, cuando se realice la próxima sesión, según adelantó el titular de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina.
Uno de esos cambios, explicado por el senador Rodolfo Urtubey (Frente para la Victoria-Salta), es la incorporación de una distinción de mayorías requeridas para la remoción de directores de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee).
En este sentido, se estableció que, en el caso de que la causa de la remoción de un director sea una situación de “ilegalidad” vinculada con la infracción de la Ley de Ética Pública, se requerirá de una mayoría simple para su remoción; mientras que, si se trata de una acusación por presunto mal desempeño, se aplicará la mayoría especial de los dos tercios de los votos.
La otra modificación, expresada por el titular de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina, deja claramente establecido en el proyecto que uno de los directores de la nueva ANPEE deberá ser “el ministro de Economía”.
De esta forma, el organismo creado por esta ley, estará conformado por un directorio integrado por un presidente –cargo que corresponderá al director del Anses- y cuatro directores, dos de los cuales serán representantes del Poder Ejecutivo –el ministro de Economía y el de Industria-, en tanto los otros dos serán designados por el Poder Legislativo –uno en representación de la mayoría y otro de la primera minoría-.
“Con este dictamen, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto a partir de la semana próxima”, consignó Abal Medina en declaraciones a la prensa tras la finalización del plenario que se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
Al iniciar la reunión, cerca de las 11, el oficialismo expresó que “habiendo aguardado el tiempo suficiente” para que concurrieran “los especialistas que la oposición anticipó que serían convocados al plenario” y “con el quórum requerido”, se pasaría a considerar el proyecto.
En ese marco, fueron planteadas las dos modificaciones al proyecto remitido esta semana por el Poder Ejecutivo, que quedaron incorporadas con el acuerdo del oficialismo.
Tras explicar las modificaciones al senador radical disidente Eugenio “Nito” Artaza, quien llegó luego de que fueran detallados los cambios y fue el único legislador de la oposición presente, la iniciativa obtuvo dictamen favorable de mayoría, lo que la dejó a un paso de su tratamiento en el recinto.
El proyecto declara de interés público la protección de las acciones que el Estado posee en empresas privadas y que forman parte del Fondo de Garantías Sustentables (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según detalló el ministro Axel Kicillof, el Estado nacional participa en 44 empresas. El titular del Palacio de Hacienda destacó que la propuesta “transfiere al Parlamento la decisión de privatizar una empresa” porque “vender una acción es un acto de privatizar”.
De esta forma, de prosperar la iniciativa –que primero debe ser tratada en el recinto del Senado y, luego, pasar a Diputados- el Congreso deberá avalar el eventual desprendimiento de acciones del Estado en empresas privadas con una mayoría de los dos tercios de los votos.
