El Ejecutivo santafesino promulgó la ley que crea el programa provincial de acompañamiento y protección de víctimas y testigos y el fondo provincial de recompensas. El pasado 22 de octubre el proyecto, que se considera una herramienta clave, logró luz verde en la Legislatura provincial. Ahora se espera su reglamentación.
La ley llega después de extensos debates que incluyeron presentación de iniciativas similares. El texto contó con un alto grado de consenso por parte de todos los poderes del Estado, destacándose la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Acusación y el diputado Leandro Busatto.
El nuevo programa es “un cuerpo normativo, sistemático y ordenado que regula la situación de víctimas, testigos, querellantes, imputados e incluso autoridades judiciales para el nuevo sistema de enjuiciamiento penal”, explicaron al difundir la noticia, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿A quién se ampara? “a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad o en sus bienes, como consecuencia de haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en su investigación o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial”.
La norma establece derechos y obligaciones de los incluidos en el programa. Además, establece los principios de confidencialidad, proporcionalidad, temporalidad, gratuidad, solidaridad, provisionalidad y subsidiariedad, ineludibles en el sistema. También prevé medidas de acompañamiento, asistencia y protección.
En forma simultánea, se crea una Unidad Especial de Protección facultada para intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza a los fines de proteger a la persona en situación de peligro bajo su cuidado, dentro de los límites establecidos en la ley.
“El programa de protección de testigos puede contribuir a enfrentar a la criminalidad con mayor eficacia, a la vez que constituye una herramienta fundamental para fortalecer una institución de garantía que articule las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil y proteger el derecho de acceso a la justicia en el marco del nuevo sistema de justicia penal”, explicaron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
