Luego de la represión, la Justicia avanza en una solución menos violenta y más edificante para los 5 mil trabajadores de Cresta Roja. Cuatro firmas operarán la fábrica mientras se busca un comprador.

La jueza Valeria Pérez Casado, quien interviene en la quiebra de la empresa Cresta Roja, resolvió que las firmas Ovoprot SA, Tanacorsa SA y el Grupo Lacau fueran autorizadas a constituirse como operadores de la avícola con el propósito de garantizar la continuidad de 5.000 puestos de trabajo.

Pérez Casado, titular del Juzgado Comercial 18, tomó esta decisión tras una reunión que mantuvo con la comisión interna gremial de Cresta Roja, representantes del gobierno y los probables compradores de la empresa.

La Justicia decretó este martes la inhibición de bienes de todas las sociedades relacionadas con la familia Rasic, dueños de Cresta Roja, por lo cual quedaron inhibidos los bienes de Granjas Ora, Techos Rojos, Unigranja, Rinsel, Humala Argentina, La Vert, Humala SA (sociedad extranjera) e Inver Mundial Compañía de Inversión SA (sociedad extranjera).

La jueza Pérez Casado fundamentó la resolución al haber observado “una gran cantidad de inmuebles sobre los cuales la fallida (por Cresta Roja) ha efectuado inversiones millonarias”, en el marco de la presunta crisis de la compañía avícola.

En las dos plantas de Cresta Roja, ubicadas en los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, trabajan unos 5.000 obreros que producían hasta la quiebra dispuesta la semana pasada por la Justicia unos 400.000 pollos por día, convirtiéndola en la mayor empresa del sector del país.

El delegado sindical Julio Gramajo aclaró a Télam que “en ninguna de las dos audiencias participaron Coto ni el Sindicato de la Carne”, como trascendió esta semana.

“Ayer (por el martes) acompañamos a dos posibles compradores, uno de ellos es Tres Arroyos, a Ezeiza y El Jagüel para mostrarles el estado de las dos plantas”, comentó Gramajo.

La semana pasada la Gendarmería desalojó en forma violenta a los trabajadores de la compañía que protestaban sobre la autopista Ricchieri por la continuidad de la fábrica y, por lo tanto, su propia continuidad laboral.

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