El silencio inaceptable

La guerra relámpago que el gobierno de Mauricio Macri desató contra todo vestigio de las principales políticas instrumentadas en los últimos doce años encontró que buena parte de las fuerzas que históricamente se manifestaron –discursivamente– en forma antagónica al neoliberalismo, de pronto enmudecieron.

Sería torpe encuadrar a esas políticas arrasadas por el macrismo mediante la simplificación, un tanto oportunista, de calificarlas como «kirchneristas», puesto que en su mayoría corresponden a tópicos en los que se alcanzaron a lograr fuertes consensos, al menos en lo formal.

Los derechos humanos, la intervención y regulación por parte del Estado en la economía como contrapeso de las corporaciones, la ampliación de derechos de tercera generación en lo que hace a género, diversidad y salud reproductiva, la elaboración de instrumentos y medidas que tiendan a paliar la desigualdad social, la impronta contrahegemónica en materia de políticas culturales y la fuerte decisión de intervenir en el sistema de medios de comunicación audiovisuales para equilibrar, al menos parcialmente, a favor de los sectores populares el desastroso escenario diseñado por los grupos oligopólicos, recibieron, con mayor o menor grado de entusiasmo, la aprobación de un arco político partidario que excede con mucho al kirchnerismo.

En la provincia de Santa Fe siempre costó mucho más que a nivel nacional que el socialismo y el radicalismo, como fuerzas que comparten con el peronismo la categoría de espacios mayoritarios, se pronunciaran a favor de la vocación que mostraron desde mayo de 2003 tanto Néstor como Cristina Kirchner por desmontar el andamiaje neoliberal heredado del menemismo y los sucesores de esa bestia.

Sin embargo, la decisión de un ala que cada día se muestra más influyente puertas adentro del radicalismo de establecer una alianza con Cambiemos a nivel nacional, y la repercusión de esa apuesta en la provincia, sumada a un proceso de degradación del discurso y las prácticas del socialismo en el poder –desde 2007 en la Casa Gris–, generaron un mix que resulta funcional a las tácticas de gestión del macrismo.

El ominoso silencio de ambas fuerzas, cuando no el apoyo en carácter incondicional, frente a casi todas las medidas del gobierno nacional que son cuestionadas debido a su dudosa juridicidad, o que representan retrocesos visibles respecto de conquistas logradas por el campo nacional y popular, merecen un análisis caso por caso, dadas las consecuencias de esas acciones.

La Cifra de La Bestia

En el libro Apocalipsis, del Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versículo 18, tomando como referencia la versión Reina-Valera de la Biblia en su edición de 1960 –la última y más divulgada– se hace referencia a La Marca o La Cifra de La Bestia, nombre con el que el autor, desconocido, se refiere al Anticristo. La cita textual viene al caso sólo en su primer tramo, ya que el número que allí se cita es motivo de controversias que nada aportan a este análisis. «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis». Eso dice el versículo que luego fue tomado por guionistas de películas muy berretas que pretenden dar una visión de la llegada del Anticristo, previa al fin de los tiempos.

Pero es interesante tomar ese texto y usarlo como tapiz de fondo sobre el cual superponer el exabrupto nada ingenuo que excretó el secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien decidió usar la montura de los más reconocidos apologistas de la dictadura genocida y revivió el infame cuestionamiento de la cifra de desaparecidos entre el período 1975 y 1983.

El ex funcionario de Fernando de la Rúa, cuyo gobierno regó de muertos su propia retirada del poder, tuvo el descaro de sostener que en la «Argentina no hubo 30 mil desaparecidos». Lopérfido fue más allá, y argumentó que dicha cifra «se arregló en una mesa cerrada» para «conseguir subsdidios».

La poco original indecencia fue proferida en un ámbito previsible: un encuentro organizado por el micro empresario mediático Luis Majul, en el marco del lucrativo espacio itinerante denominado Margen del mundo, que en esa oportunidad tuvo un escenario cool: Pinamar.

La provocación de Lopérfido no fue ingenua en sentido alguno, porque se enmarca en una política que el macrismo instrumenta desde el primer día y tiene como antecedente la promesa de campaña del actual presidente, quien anticipó que terminaría con el «curro de los derechos humanos». Los despidos en la ex Esma y la desfinanciación casi total de todos los programas vinculados al área de derechos humanos muestran que el esposo de la hija del tataranieto de Bartolomé Mitre no está solo en su desprecio por la trágica historia reciente de la Argentina.

No hubo un solo comunicado institucional, una declaración a título personal, un repudio en solitario de algún dirigente socialista ante la despreciable puesta en escena del ex integrante del Grupo Sushi. Ni el titular del partido, Hermes Binner, ni el gobernador santafesino Miguel Lifschitz, ni los titulares de las bancadas en Diputados y Senadores de la provincia, ni los legisladores nacionales del socialismo dijeron una palabra sobre el aborrecible comentario del tilingo a cargo de la cultura oficial porteña.

No es que el socialismo tenga una tradición demasiado profunda en el terreno de los derechos humanos que no sea en el terreno de los discursos, pero era esperable que una fuerza progresista rechace de plano una visión tan retrógrada y cómplice de los criminales que asolaron la nación en la última dictadura.

Confundir un repudio a declaraciones ofensivas a las víctimas, sus familiares, los organismos de DDHH y a todo el Pueblo argentino que acompaña la condena de los crímenes de lesa humanidad con un apoyo al kirchnerismo no es sólo un error imperdonable, aporta a la impunidad con que el macrismo se viene moviendo en ése y otros territorios

Calidad institucional

Cuando Macri anunció, mediante un decreto, que había decidido designar a dedo a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, tampoco se escucharon las voces del socialismo, que tanto repicaron en pos del republicanismo y de la calidad institucional presuntamente arrasados por el kirchnerismo.

Cuando hace apenas unos días el ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el Presidente «está en condiciones de elevar los pliegos al Congreso de la Nación» de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz «en las próximas semanas», el socialismo volvió a enmudecer.

Ni la ejemplar metodología que Néstor Kirchner inauguró para reemplazar a la Corte menemista, muy aplaudida en su momento, ni el antecedente de designación en la Corte Suprema provincial, cuando ante la última vacante Jorge Obeid propuso a Daniel Erbetta, de reconocida trayectoria radical, sirvieron para que el socialismo aportara una voz crítica ante la feroz embestida del macrismo.

¿Y los trabajadores?

Hace menos de una semana, la delegada de ATE ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Romina Chiesa, afirmó que hasta ese momento se habían ejecutado 480 despidos en la Secretaría de Justicia y 55 en la de DDHH de personal que se desempeñaba en el predio de la ex ESMA. «Se hizo una lista y se empezaron a mandar los telegramas», explicó.

La delegada abundó en detalles: «Funcionarios nos han dicho que en marzo va a ser mucho peor, ya que los daños colaterales van a ser mucho más grandes. No es cierto que hayan despedido a gente que haya entrado en el último semestre, ya que algunos tienen ocho años de antigüedad, aunque quizás pasaron en los últimos seis meses a la Secretaría de Derechos Humanos y contabilizan ese pase».

Despedidos en el área de limpieza y maestranza, el ex Casino de Oficiales y también en la nueva sede de DDHH en la ex ESMA se sumaron a las cesantías en la Dirección Nacional de Sitios de Memoria que trabaja en el Interior, en lugares como Tucumán, Mar del Plata y Las Flores.

Los recientes despidos en Fabricaciones Militares, en Justicia, y en casi todos los ministerios y oficinas gubernamentales, no merecieron un solo comentario de parte del Partido Socialista, del cual se presume que sea uno de los más enérgicos defensores de los derechos de los trabajadores. Está a tiempo de no volver a quedar entrampado en la Historia como copartícipe del accionar de las fuerzas más reaccionarias en la Argentina. Las experiencias de 1945 y 1955 deberían llamar a la reflexión a la dirigencia y la militancia socialistas.

Entre las rejas y el electrovoto

La detención de la dirigente y diputada por el Parlasur, Milagro Sala, a la que se sumó el apresamiento por 48 horas del secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, luego de encabezar un bloqueo al ingreso de la Universidad del Comahue para reclamar la reincorporación de 12 trabajadores tercerizados que fueron despedidos en diciembre, tampoco fueron suficientes para que tanto el socialismo como otras fuerzas políticas repudien lo que claramente constituye una política de persecución ideológica.

El programa económico que puso en marcha Cambiemos aún antes de asumir, que ya comenzó a cosechar sus primeros frutos en términos de pérdida del poder adquisitivo de amplias franjas de la población, pero especialmente de los sectores más vulnerables, no fue siquiera tibiamente cuestionado por quienes hasta hace tres meses objetaban cada medida del gobierno kirchnerista argumentando que iba en desmedro de los intereses populares.

Como titulares respectivos del socialismo y de la UCR, Hermes Binner y José Corral parecen manejarse con mayor comodidad en otros terrenos que la economía y las políticas de empleo.

Ambos se mostraron muy entusiasmados ante la incorporación de tecnología en el sistema electoral nacional a partir de 2017, tema que fue el centro de la reunión convocada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien por orden de Macri intenta lograr consensos en torno de la boleta única y electrónica, desechada en el primero y en todos los mundos posibles por la vulnerabilidad que no ofrecen las viejas urnas de cartón.

Binner opinó que «cada uno iba hablando y a medida que avanzaban los oradores se fue definiendo que todos estaban de acuerdo con la Boleta Única Electrónica», y Corral sostuvo que estaba a favor de «mejorar la calidad institucional y la confianza de la gente en los procesos eleccionarios».

Que los dos más importantes dirigentes de los dos partidos más antiguos de la Argentina estén hablando de eso mientras Milagro Sala pasa sus días en las mazmorras jujeñas, explica el estado de cosas que impera en la Argentina al cabo de los primeros 50 días de gobierno de la derecha que prometió poner en valor el diálogo, los consensos y la buena onda.

Fuente: El Eslabón