El tarifazo energético de Macri representa una fenomenal transferencia de recursos de los usuarios a las empresas del sector. La medida impopular tendrá efecto inflacionario y equivale a una rebaja salarial indirecta.
“Con Macri se viene el aumento de tarifas”, avisó Daniel Scioli durante la supuesta “campaña del miedo” montada por el kirchnerismo rumbo al balotaje presidencial del 22 de noviembre. Ganó Macri, pasaron cincuenta días de gestión PRO y el miedo se convirtió en horror: hubo tremendo tarifazo para las facturas de la luz residenciales y comerciales como parte del “cambio”, sin audiencia pública previa para debatir el nuevo esquema. El incremento abarca también la distribución mayorista de la energía. Esta política de electroshock, que derivará en más inflación y afectará el consumo, representa otra fenomenal transferencia de recursos del grueso de la población a las grandes empresas del sector.
La descarga al bolsillo que recibieron los usuarios de todo el país, en especial los del área metropolitana de Buenos Aires, donde la boleta de electricidad era más barata que en el interior, se sumó a la megadevaluación, aceleración inflacionaria, liberalización comercial y financiera, ola de despidos público y privado, techo a las paritarias, endeudamiento: un perfecto y rápido plan de ajuste ortodoxo a pedir del establishment empresarial, cuyas consecuencias de redistribución regresiva de la riqueza recaen primero sobre los sectores populares. Y todo esto bajo la coraza del poder mediático.
Con eje en el recorte fiscal, Cambiemos hizo campaña hablando pestes de los subsidios que el Estado repartía entre las empresas de servicios para mantener las tarifas a precios más o menos razonables. De esta forma el subsidio hacía de salario indirecto, es decir que la quita del mismo es una rebaja salarial indirecta. La medida impopular de subir tarifas pone por delante el negocio privado y deja atrás el esfuerzo que se venía haciendo desde 2003 por alcanzar el autoabastecimiento energético del país.
Más allá de los desequilibrios o los nudos que el kirchnerismo se había propuesto desatar de manera gradual a través de su política energética, los subsidios en los servicios públicos acompañaron el crecimiento económico de la última década y cumplieron un rol de ayuda social para que el ciudadano vuelque lo que se ahorraba en tarifas al mercado interno y aceite el andar de un círculo virtuoso. Ante la falta de inversión o la fuga de ganancias de parte de las empresas del rubro, el kirchnerismo intentó a su modo ponerles un límite y encarrilarlas, con magros resultados.
En 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó una reforma progresiva del esquema tarifario energético, que incluyó quita parcial de subsidios en los servicios de gas y agua, con el objetivo de reordenar el cuadro de situación, aumentar la regulación sobre las empresas y destinar recursos a la política social, como ser la financiación de la asignación universal por hijo y el plan Progresar. A la luz de los acontecimientos, el macrismo va en otra dirección.
Previo al anuncio de que las tarifas en Capital Federal y Gran Buenos Aires van a subir entre 500 y 600 por ciento, el gobierno nacional decretó la emergencia energética para preparar el terreno y abrir el paraguas ante los cortes de luz. Con estrategia repetida, el ministro de Energía Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, justificó el desmantelamiento del programa de subsidios echando el fardo a la herencia recibida del kirchnerismo. Los actuales funcionarios del área de Energía fueron directivos de empresas del sector. Adivinen a quién van a beneficiar.
Con el propósito de atajar críticas de entidades que representan a usuarios y consumidores, Aranguren comparó la “corrección”, “sinceramiento” o “transparencia” tarifaria –los eufemismos más usados para referirse al tarifazo– con el valor de una entrada a un partido de fútbol de Primera. También para minimizar, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay había dicho que la suba de la luz igualaba el precio de dos pizzas (no aclaró la variedad, se supone de muzzarella). “Para el que gana veinte pizzas por mes, dos pizzas es mucho”, criticó un economista cercano a Sergio Massa, con ideas parecidas a las del gobierno.
Dos de muzza
“El efecto «dos de muzza» llegó y se suma a los incrementos de precios en alimentos y otros productos como medicamentos, naftas, prepagas, TV por cable, construcción, limpieza, peajes, indumentaria, entre otros, alentados por el gobierno como política explícita de recomponer ganancias empresarias a costa de los salarios”, se señaló en un reciente informe de la graN maKro, agrupación de economistas afín al kirchnerismo, sobre el tarifazo amarillo.
“Armando una crisis donde no la había para justificar el programa de shock económico que desató sobre los bolsillos y los empleos de los argentinos, la administración Macri impone ahora un fuerte ajuste en las tarifas del servicio eléctrico de los hogares, comercios e industrias de todo el país, con especial atención en el área metropolitana de Buenos Aires, donde el tarifazo llega al 600 por ciento promedio”, se lee en el informe citado.
Y continuó: “El ministro Prat Gay, que comparó el feroz incremento de tarifas al costo de dos pizzas (200 pesos) con un cálculo que es sólo una tercera parte del realmente anunciado, descarga sobre el total de las familias del área metropolitana un gasto en electricidad de unos 5.000 millones de pesos anuales, suma que dejará de ser destinada a otros rubros. Esto sin contar con los incrementos en gas y transporte que ya vienen marchando”.
Según el informe sobre el tarifazo eléctrico, “la supuesta compensación por instaurar una tarifa social de 150 kilovatios por mes, parece una burla por tres motivos: lo exiguo de la suma de kilovatios/hora subsidiados, su escasa cobertura y porque transforma el derecho de que millones de argentinos cuenten con energía barata a una suerte de «regalo» o «plan» para pobres”.
Para la graN maKro, el tarifazo tendrá efectos sobre el nivel de actividad, el consumo popular y los precios, “porque los comercios e industrias trasladarán sus mayores costos a los precios, aunque este traslado no será uniforme ya que los grandes comercios o empresas lo podrán hacer y los pequeños no, determinando cierres de comercios barriales y mayor concentración en la industria y en los canales de comercialización. Otra política más que apunta a un país para pocos”.
Según estimaciones de la graN maKro, la suba en las tarifas incrementará en un 6 por ciento la inflación anual para el corriente año. “En caso que se concreten otros anuncios (gas y transporte), la inflación tarifaria elevará en más de un 8 por ciento la ya abultada inflación general proyectada para 2016”, calcularon.
Sendos estudios de los economistas Miguel Bein y Orlando Ferreres determinaron que la eliminación de los subsidios a las tarifas de luz podría agregarle entre 7 y 9 puntos a los índices que miden el costo de vida. La expresión de deseo del macrismo de que la inflación anual estará entre el 20 y 25 por ciento se desvanece. El tarifazo será un elemento más que el sindicalismo deberá tener presente al momento de sentarse a la mesa de negociaciones y forzar una salida del cepo paritario que instaló la alianza Cambiemos.
Fuente: El Eslabón
