Foto: Franco Trovato Fuoco.
Foto: Franco Trovato Fuoco

Las cesantías en el sector público y privado se multiplican y crece el desempleo, según distintos relevamientos, en un contexto de suba inflacionaria. El gobierno marcó el camino, empresarios lo siguieron. El sindicalismo y los nuevos desafíos frente a la recesión económica.

El número crece día a día. Y detrás de las frías cifras asoman historias de vida, familias que sufren, mucha bronca y angustia. Por el momento, la alegría es sólo del gobierno y de quienes aplauden y se benefician con las políticas de ajuste que recaen sobre la clase media. El panorama laboral en el país es preocupante y el futuro poco alentador. Los primeros casi cien días de gestión de la alianza Cambiemos dejaron alrededor de cien mil despidos públicos y privados, según distintos relevamientos. Sólo en la construcción los empresarios admitieron que más de 50 mil albañiles se quedaron sin empleo en los últimos dos meses. Los conflictos abiertos en el Gran Rosario sirven como botón de muestra de un cuadro de situación que se repite en otros lugares. El camino marcado por el presidente Mauricio Macri va a contramano de su objetivo marketinero de “pobreza cero” y exige a los dirigentes sindicales actualizar la agenda de reclamos.

Según datos de la consultora Tendencias Económicas, desde la asunción de Macri los despidos ya alcanzaron a 107.000 personas en toda la economía, lo que abultará más de medio punto porcentual el nivel de desempleo. De acuerdo al informe, en enero hubo 41.921 despidos, la mitad en el sector público (a nivel nacional, provincial y municipal) y la mitad en el privado. La construcción, gastronómicos, textiles e indumentaria, entre otros sectores, fueron los más perjudicados. En febrero, los despidos afectaron a 65.799 personas y aumentaron 72 por ciento con respecto al mismo mes de 2015.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que hay en el país un “pico de desempleo”, con “entre 85 mil y 90 mil” trabajadores que perdieron su fuente laboral en los sectores público y privado. En rigor, Yasky anunció que presentará en el Congreso un proyecto para prohibir despidos sin causa por un año. El Observatorio Social de la CTA Autónoma de Pablo Micheli señaló que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo hubo 68.563 despidos y amenazas de cesantías, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el privado. Los despidos fueron notificados por organizaciones sindicales o por los propios trabajadores, con lo cual no están relevadas las pérdidas de empleo que no fueron denunciadas públicamente.

El gobierno rechazó las cifras de despedidos, admitió algunos problemas pero enseguida los ligó, como de costumbre, a la “herencia”. Macri, sin patillas riojanas, habló de “revolución productiva” y “defensa del empleo” ante empresarios en la muestra rural Expoagro que organizan los diarios Clarín y La Nación. Dirigentes sindicales que ya visitaron el Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar conflictos laborales se llevaron la misma impresión: hay un Estado, un gobierno, que ya no juega a favor de los trabajadores, sino todo lo contrario.

El kirchnerismo tenía como eje maestro de sus políticas la defensa del empleo, en un contexto de crecimiento económico. Entre 2011 y 2015 el desempleo cayó más de un punto y se ubicó en 5,9 por ciento. En ese período se crearon 723.000 nuevos puestos de empleo formales. En ese mismo lapso de tiempo el crecimiento de la construcción, uno de los sectores más dinámicos, fue del 22 por ciento y el empleo en el sector aumentó 4,5 por ciento. En el balance de los últimos cuatro años los incrementos salariales en paritarias estuvieron por encima de cualquier índice de inflación. Esta es la verdadera “herencia” que recibió Macri.

El pago cash a los fondos buitre –retomando el fracasado proceso de hiperendeudamiento– no resuelve los principales problemas económicos del país, como la ola de despidos y la escalada inflacionaria. Las cesantías en el sector público hacen de faro para el sector privado, guían el camino a recorrer para los empresarios. El Estado tira el achique económico con el objetivo de disciplinar a trabajadores, instalando miedo para que en lugar de reclamar aumento de salarios o mejores condiciones laborales estén pendientes de cuidar el empleo.

El sindicalismo está en una etapa de reacomodamiento y nuevos desafíos. Los caciques gremiales buscan conservar espacios de poder mientras sus representados los empujan a reaccionar frente a los miles de despidos. El gobierno de Macri ya le dio motivos suficientes a la CGT de Hugo Moyano –que llegó a tildar al gobierno anterior de anti-obrero por no actualizar el impuesto a las Ganancias– para salir a la calle a defender los avances de la última década. En esta coyuntura vuelve a sonar fuerte la posibilidad de una reunificación de las tres CGT (Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo). Contra los despidos, Moyano propuso la doble indemnización. En la última reunión de todos los sectores de la central obrera, convinieron reclamar contra las cesantías e impulsar un proyecto de “emergencia ocupacional”.

Las cesantías y la estampida inflacionaria pos devaluación y tarifazo, con el consecuente recorte en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y el impacto negativo en el consumo, la actividad comercial y la producción, llevaron a varios gremios a firmar paritarias cortas para volver a negociar a mitad de año. Otros consiguieron sumas fijas a cuenta de futuros aumentos. Docentes rompieron el techo sugerido por el oficialismo y cerraron acuerdos entre el 30 y el 40 por ciento. Empleados de Comercio y los mecánicos de Smata pactaron subas semestrales. Bancarios y metalúrgicos de la UOM, otro sector golpeado por los despidos, convinieron pagos únicos para el primer trimestre a modo de adelantos con la idea de este mes volver a discutir en paritarias.

El “cambio” está en marcha y se hace sentir entre los trabajadores.

Reguero de echados en Santa Fe

El Frente Sindical Felipe Vallese difundió un cuadro con datos propios sobre los despidos en el sur de la provincia de Santa Fe desde que asumió la gestión nacional de Mauricio Macri. Los números son alarmantes y de abrumadora mayoría en el sector privado: en total son alrededor de 1.600 los trabajadores que se quedaron en la calle en solo 90 días. La mayor parte, unos 650, corresponden a la localidad de Firmat y a las firmas Vasalli, Meyde y Alcal. Siguen 420 de Rosario por Sol, Bambi y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), 400 en Fray Luis Beltrán por Arzinc, 100 en Totoras por Frideco y 28 en Chabás por Ricedal.

“Nuestra provincia esta sufriendo los efectos de la restricción de la actividad económica, con conflictos laborales que tienen como víctimas fundamentales a los trabajadores y sus familias. Las medidas económicas que ha implementado el gobierno macrista en sus primeros 90 días de gobierno han impactado en la situación objetiva de la producción y el trabajo”, dice el frente sindical nucleado en el Movimiento Evita.

Fuente: El Eslabón

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4 Lectores

  1. hector aldo

    17/03/2016 en 19:55

    nunca crei que la gente pierde tan fácil la memoria o quisás lo haga por ser tan egoista y no se den cuenta del daño se los hacen y extallan sus propias vidas , y le repercuten a sus hijos y nietos…peeero el gobierno socialista los mandó a votar a este tipo de gobierno..no se olviden de lo que se vota…

    Responder

    • Alejandra

      18/03/2016 en 12:48

      Excelente este gob se asocio con el gobierno de turno y en el Congreso votaron el pago de la deuda en condiciones de empobrecimiento ….no hay magia muchachos háganse cargo de lo que votan ….

      Responder

  2. Alejnadra

    18/03/2016 en 12:50

    no me publican lo que escribo …vamos háganse cargo de lo que mandaron a votar o bien apoyaron …como así también en le Congreso …terrible vergüenza Santa Fe

    Responder

  3. ezequiel

    21/03/2016 en 0:25

    los400 de fray luis beltran son por falta de inversion, convivencia y burocracia sindical. Al final todos mezclan y maquillan las noticias, no solo TN

    Responder

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