Fuera de la costa

La difusión de los Panamá Papers revela, más allá de los casos puntuales, un modo de funcionamiento del empresariado y particulares afortunados. Producir riqueza interna y extranjerizarla. Los casos cercanos a Macri. Eduardo López, un vanguardista. Un periodista rosarino con sociedad panameña y la aclaración del diario La Nación.

La proliferación de sociedades offshore registradas por argentinos en países cuya laxitud regulatoria los convierte en paraísos fiscales revela un modo de funcionamiento del empresariado nacional -y de particulares- que se ahogan en llanto por la corrupción estatal y practican sin hesitación la privada. Al escándalo que salpica a las máximas figuras del poder público se suman revelaciones cotidianas sobre el entorno del presidente Mauricio Macri y hasta la de un periodista rosarino que tuvo registrada una sociedad en Panamá, ahora inactiva.

Para desventura del Gobierno, que intentó dar por terminado el affaire Panamá Papers con una explicación pública, una de las dos personas convocadas por el juez federal Sebastián Casanello para prestar declaración en la causa que se le inició al presidente aportó la existencia de una tercera firma offshore ligada al grupo empresario Macri.

El periodista del diario La Nación e integrante del consorcio de periodistas de investigación que participa del análisis de los 11 millones de documentos filtrados de un estudio de abogados de Panamá, Hugo Alconada Mon, reveló ante el juez la existencia de otra sociedad ligada a la familia presencial, Macri Group, aunque aclaró que el mandatario no participaba de ella, según los registros que posee.

Otras figuras y funcionarios ligadas al entorno macrista también aparecen en la filtración de documentos sobre sociedades radicadas en paraísos fiscales. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y los intendentes de Cambiemos en Lanús, Néstor Grindetti, y en Vicente López, Jorge Macri.

Grindetti proviene del Grupo Socma (Sociedades Macri) en la que hizo las inferiores hasta convertirse en gerente de Sideco, el holding que administró las empresas ligadas a la obra y los servicios públicos, cuando los Macri integraron lo que se conoció como Patria Contratista.

Según las revelaciones de los Panamá Papers, Grindetti fue apoderado de la sociedad registrada en ese país llamada Mercier Internacional, constituida en 2010 para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco privado suizo Clariden Leu Limited.

Según el diario La Nación, “el estudio Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, intercedió para otorgar un poder especial al intendente para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010. En esos documentos no se revelan quiénes son los accionistas. Sí, en cambio, se aclara que las acciones son al portador y que se dividen en dos mitades. No es un dato menor: el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño”.

Durante 2010 y 2013, Grindetti fue el ministro de Hacienda de Buenos Aires, nombrado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri. El funcionario no declaró su vinculación con Mercier Internacional ni la cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales de esos años. Hasta ahora no fue citado judicialmente para explicar el asunto.

Yo sabía

Pero, independientemente de las investigaciones judiciales que pudieran iniciarse, lo que revela con contundencia la filtración de documentos es la irredimible atracción del empresariado por colocar sus dineros fuera de las fronteras del país donde lo producen y, en algunos casos, ocultar su propiedad.

Está dicho que registrar una sociedad offshore en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo. Tan dicho como la pregunta acerca de con qué fin se realiza sino con el de eludir al fisco local, en el mejor de los casos, o esconder dinero obtenido ilegalmente, en el peor.

La revelación de los Panamá Papers es útil, claro, para conocer detalles, nombres, números de sociedades, paraísos fiscales en las que fueron registradas. Pero es innecesaria para conocer el modelo financiero preferido por bancos, empresas y particulares afortunados, de extranjerización de sus riquezas y ocultamiento de sus chanchullos.

El investigador del área de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, exhibió en varios trabajos el crecimiento paralelo de la deuda externa argentina y el de la fuga de capitales en el período 1975-2001. El esquema muestra que por cada dólar que ingresaba al país en forma de endeudamiento externo volvía a fugarse en cabeza de las principales firmas nacionales y trasnacionales.
Así, mientras en 1977 la deuda externa era de unos 11 mil millones, la fuga de capitales había trepado a 8 mil quinientos. En 2001 la deuda ascendía a 146 mil millones de dólares y la fuga alcanzaba los 137 mil un año antes.

Es en la voracidad empresaria local, su desapego a la suerte del conjunto y el modelo de capitalismo subsidiado por el Estado donde hay que buscar el origen de las cuentas y sociedades offshore en paraísos fiscales. No parece el problema de un empresario transgresor de las normas sino un modelo estructural de negocios.

Por casa cómo andamos

La publicación en 2016 de las cuentas administradas por el bufete de abogados Mossack Fonseca no viene a destapar una olla recién colocada al fuego.

Muchas de las sociedades offshore fueron registradas hace años a través de los servicios financieros de ocultamiento de la propiedad de las acciones que ofrecen los estudios de abogados montados a esos efectos.
En Rosario hubo un caso notable –aunque tal vez poco conocido- que involucró a un empresario futbolístico y, efímeramente, de medios de comunicación.

Eduardo José López, presidente de Newell’s Old Boys durante 14 años, manejó el diario El Ciudadano en los primeros años de este siglo a través de una sociedad offshore radicada en Montevideo, Uruguay.

El concurso de acreedores del diario fundado en 1998 por Orlando Vignatti –que luego estuvo en manos del grupo Vila-Manzano- hizo público que la propiedad de las acciones de la SA del periódico era controlada por Nifadel, de Uruguay.

Como titular de esa sociedad fantasma figura un capataz de López en la época que explotaba el bingo Montparnasse. El uso de ese tipo de sociedades le permitió al mandamás leproso ocultar su propiedad de la empresa y desligarse de cualquier consecuencia penal o civil por su administración. Los integrantes de Nifadel eran insolventes, López quedaba a resguardo de responsabilidad jurídica. Cerrar el diario, por caso, era una decisión sin consecuencias para su hacienda.

La divulgación de las sociedades offshore en Panamá alcanzó, también, al periodista rosarino Alberto Lotuf. Según el registro público de ese país, el locutor de Radio Dos y Canal Tres –Grupo Televisión Litoral- mantuvo activa una offshore denominada “Alto Americana Sociedad Anónima” entre marzo de 2011 y octubre de 2014.

El agente de esa firma es, justamente, el ahora cuestionado estudio Mossack Fonseca & Co. Lotuf figura como presidente y director de la compañía, mientras que su ex esposa cumplió la función de tesorera y, también, directora. Cargo que también ocupó otra familiar del periodista, que de acuerdo a los registros ofició a la vez como secretario de la sociedad.

Alto Americana SA estuvo radicada en el segundo piso del edificio Mossfon, ubicado en la calle 54 Este de la ciudad de Panamá, según los registros. Es el domicilio del estudio Mossack Fonseca y no la sede real de algún emprendimiento comercial privado.

Los registros panameños de acceso público no permiten determinar si la compañía tuvo actividad de algún tipo.

Lotuf no es funcionario público, por lo que no posee la obligación de presentar declaración jurada de bienes, salvo que sea alcanzado por tributos que así lo dispongan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Sin embargo, su prédica constante a favor de la transparencia también lo alcanza a él mismo en términos éticos.

Aclarando

En un intríngulis similar se vio enredado el diario La Nación, uno de los medios cuyos periodistas participan de la investigación a través del consorcio internacional (ICIJ) que coordinó la tarea.
Integrante de una sociedad offshore en Panamá, el diario fundado por Bartolomé Mitre se vio obligado a aclarar en sus propias páginas.

“En enero de 2015 SA La Nación vendió sus operaciones de clasificados digitales a la compañía internacional líder del sector, denominada Navent Group Ltd. Parte del precio de venta fue cancelado con acciones de esa compañía, que quedaron en poder de SA La Nación. Las acciones representan menos del 10% del capital accionario de Navent, por lo que desde entonces Luis Saguier figura como integrante del nuevo directorio de Navent”, publicó el diario en sus propias páginas.

“En 2010, cinco años antes de producirse la transacción y cuando se constituyó la sociedad Navent Group Ltd., su registro fue inscripto por el estudio Mossack Fonseca, de Panamá. De allí que SA La Nación aparezca en documentos de los Panamá Papers, según detectaron sus propios periodistas y SA La Nación decidió informar a sus lectores”, concluyó.

Fuente: El Eslabón