El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe condenó este jueves a cuatro acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el ex juez de menores Luis María Vera Candioti, quien intervino en la apropiación de una hija de desaparecidos. Dictaron prisión perpetua para uno de los imputados y penas de 13 a 22 años de prisión para los otros tres.
Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo impusieron a Juan Perizzotti a la pena de prisión perpetua y fijaron para el ex teniente coronel Domingo Morales 22 años de prisión, 15 años para el ex juez de menores Luis María Vera Candioti y 13 años para el también ex coronel Carlos Enrique Pavón.
Vera Candioti, Pavón y Perizzotti fueron llevados al banquillo de los acusados por haber participado en la retención y ocultamiento y de la alteración y supresión de estado civil de Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata –asesinada– y de Enrique Cortassa –desaparecido–, sustraída durante el ataque del Ejército y la Policía a su casa en febrero de 1977. El ex juez además fue acusado de prevaricato, es decir, resolver contra el derecho.
A Perizzotti, además, se le reprochó también su intervención en 16 homicidios –entre ellos, los de los padres de la niña–, cuatro privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de tormentos. Morales, por su parte, fue acusado por tres homicidios y asociación ilícita.
“Los sucesos ocurrieron durante los años 1976 y 1977, y formaron parte del plan sistemático de persecución política ilegal, pergeñado por la dictadura cívico militar en nuestro país”, había remarcado en su alegato el fiscal Martín Suárez Faisal, al argumentar el carácter de lesa humanidad de los delitos.
Los querellantes del juicio fueron Carolina Guallane, representada por Zulema Rivera; Vilma Pompeya, Edgardo y Gómez, Ángela y Roberto J. González Gentile, Olga Luz Barrera, Ma. Cecilia Mazzetti, Rodrigo S. Suárez, Derotier de Cobacho, Ma. Lidia Piotti, Hugo E. Angerosa, Asociación H.I.J.O.S. Santa Fe y Rosa Valinotti, todos representados por Lucila Puyol y Guillermo Munné; Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por Santiago Bererciartua; Hernán y Joaquín Ziccardi, por Alejandra Romero Niklisson.
La sentencia fue seguida desde la puerta de los tribunales federales por una multitud encabezada por organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas.
Un polijuez
Tal cual se recordó tanto en los alegatos de la fiscalía como de la querella de Abuelas –conformada por los abogados Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa–, Vera Candioti fue juez el único juez de Menores que tuvo la ciudad durante la dictadura. Llegó a la función a través de un «decreto de facto» dictado por el vicealmirante interventor provincial Jorge Aníbal Desimoni y se desempeñó entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980. Entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976.
«Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que cómo tantas veces se dijo en esta sala en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados ‘delincuentes subversivos’ por las fuerzas policiales y militares», razonó Suárez Faisal.
Vera Candioti fue acusado de no haber averiguado la identidad de la beba «NN» que el 11 de febrero de 1976 el Ejército puso en sus manos como consecuencia del operativo en el que fue herida de muerte la madre y desaparecido el padre. En vez de eso, el juez –ahora condenado–, ordenó en aquel momento como primera medida «estudiar la posibilidad de una guarda familiar».
La niña había llegado al juzgado a través del Ejército, con un oficio firmado por el acusado Pavón, a quien el juez Vera Candioti no se molestó en llamar a pedir explicaciones. Paula Cortassa, de 13 meses de edad, estaba junto a sus padres y otras personas cuando los militares y la Policía atacaron la casa de Castelli 4531 de la capital santafecina. Según las pruebas ventiladas en el proceso, tras el ataque «Paula fue sacada de la casa por un agente policial envuelta en una sábana manchada con sangre».
El entonces juez, según se probó en el expediente, no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña. «Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que había pasado y cómo se habían llevado a la nena del lugar, envuelta en una sábana ensangrentada», señaló la fiscalía en su alegato brindado 20 días antes de la sentencia.
Esa actitud fue muy distinta con la asumida por Vera Candioti con dos hermanos de cinco años y un año y medio de edad que también fueron sustraídos durante el mismo operativo tras el asesinato de su madre, Cristina Ruiz, aunque luego se encargó de entregarlos a su abuela.
Para los fiscales y querellantes Vera Candioti procuró «alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada con su familia biológica» y que, por ese motivo, en el fraudulento proceso de adopción salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe.
Paula es Carolina y Carolina es Paula
Criada en Venado Tuerto, aquella bebé cuya identidad fue suprimida por los represores y Vera Candioti, comenzó durante la década del ’90, cuando era una adolescente, a buscar a su familia biológica. Según contó en repetidas entrevistas, tras una clase de historia en la que la profesora habló sobre la dictadura, la niña adquirió hacia 1988 o 1989 las primeras dudas sobre su origen e inició así la búsqueda de su identidad.
Por esos días Paula le preguntó a su madre adoptiva si era hija de desaparecidos. “Eso es lo que nos dijeron pero no sabemos si es verdad”, fue la respuesta. Y a partir de ese momento la pareja que la había adoptado la acompañó en esa búsqueda, que incluyó visitas a Vera Candioti, quien nunca se hizo cargo de su rol en la historia.
Tras judicializar el caso y contar con el apoyo de organismos de derechos humanos, en junio de 1998 Paula hizo pública su historia en un programa televisivo. Una antigua vecina de los Cortassa la encontró parecida a su abuelo –el padre de Enrique Cortassa– que aún vivía en el barrio, y le avisó. Luego, pudo reconocerse en fotos que le habían tomado antes de que la sustrajeran y ocultaran, y la historia continuó con la extracción de sangre y la coincidencia de los ADN.
Militares y policías
El acusado Morales, en tanto, se desempeñó entre fines de 1976 y marzo de 1977 en el Destacamento de Inteligencia 122 y luego fue el jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia hasta 1979. Desde ese rol de mando había sido denunciado por fiscalía y querellas como responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez.
Pavón, por su parte, fue teniente de artillería en el Comando 121 de Santa Fe desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 7 de diciembre de 1977. Desde enero a octubre de este último año, se desempeñó como Oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT), lugar desde donde “partían las instrucciones y órdenes, y en representación de la zona, sub zona y Área, dicho Centro coordinaba a las fuerzas policiales”, según denunció la fiscalía. Desde el cumplimiento de esa función entregó a la niña Paula Cortassa en el juzgado a cargo de Vera Candioti.
La responsabilidad del ex comisario Perizzotti estuvo marcada por su doble carácter de Jefe de la Guardia de Infantería Reforzada –sede del mayor centro clandestino de detención de la zona– y Coordinador del Área de Defensa 212, desde el 19 de enero de 1977 hasta el mes de noviembre de 1983.
«El funcionamiento represivo del Área 212 del Ejército fue el producto final de un acuerdo de voluntades entre agentes estatales de diversas jerarquías, entre ellos el imputado Perizzotti, que se asoció ilícitamente con otros integrantes de la Policía de la Provincia y de las demás fuerzas estatales con el propósito de llevar adelante un objetivo criminal consistente en la comisión de crímenes contra personas o grupos de personas, fundamentalmente en razón de sus ideas, que se plasmaron –entre otros delitos– en violaciones de domicilio, detenciones ilegales, torturas, homicidios y apropiaciones de menores, en forma clandestina», fue la acusación del fiscal previa a la sentencia.
Los homicidios por los que se acusó a Perizzotti –que ya cuenta con dos condenas a 8 y 22 años de prisión– ocurrieron a partir de enero de 1977, cuando el plan sistemático criminal de las fuerzas armadas estaba en pleno auge, tiempo durante el cual el imputado fue uno de los principales protagonistas de la represión en Santa Fe.
Perizzotti fue acusado por los homicidios de Blanca Josefa Zapata, Cristina Irma Ruíz De Ziccardi, Enrique Cortassa, Juan Carlos González Gentile, Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert, José Luis Gómez, Roberto Daniel Suárez, Elsa Raquel Díaz, Alberto Tomás Velzi, Néstor Hugo Cherry, Alberto Néstor Solé, Carlos Miguel Pepe Núñez, Norberto Aldo Partida, Luis Alberto Verdú y Ángel Eduardo Fiocchi Arce; las privaciones ilegales de la libertad de Adriana Morandini, Pedro Guillermo Ángel Guastavino, Liliana María Ríos y Rosa Mercedes Valinoti; y los tormentos aplicados a ellos cuatro y a María Cecilia Mazzetti.
Al juicio oral, que comenzó en abril de 2015 y concluyó con la sentencia del pasado jueves 28, había llegado también como acusado el teniente coronel Jorge Roberto Diab, quien falleció al mes siguiente de iniciado el proceso. Los fundamentos del veredicto serán dados a conocer el 21 de junio próximo, a las 12.
Fuentes: Fiscales/CIJ
