El fiscal federal Adolfo Villate, que entiende en la causa por el secuestro y el posterior asesinato de dos militantes peronistas en vísperas del retorno a la democracia, se refirió al inminente dictado de sentencia: “Mis expectativas son que haya condena para todos».
El proceso oral y público contra diez represores de la dictadura imputados por secuestrar, torturar y asesinar a los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, empezó a acercarse a su fin. Luego de la última audiencia, el Tribunal Oral Federal N°2 le puso fecha y hora a la sentencia. “Mis expectativas, obviamente representando un rol de parte como es el de la fiscalía, me gustaría, o quisiera, que el resultado fuera una condena para todos los imputados”, señaló Villate respecto de lo que ocurrirá el próximo miércoles a la 1 del mediodía”, y agregó: “Hay que tener en cuenta que, dentro de lo que se ha podido acreditar en el juicio, puede haber situaciones que hagan cambiar la decisión del tribunal, pero lo que sea que resuelva, esperamos que sea una decisión justa, con justicia”.
Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se encargó de remarcar que “en estos juicios no hay condenas ya dictadas con anterioridad, como vienen sosteniendo los imputados, son procesos penales que se llevan a cabo con todas las garantías de la República, garantías que no existieron en ese período tan oscuro de la historia argentina”, y argumentó: “Basta observar que se han dictado absoluciones en función de la falta de pruebas suficientes, que es una de las reglas de juego que viene aparejada con la existencia de un proceso penal y con la posibilidad de ejercer el derecho de defensa de los imputados”
Introducción a la causa
“El juicio oral viene desarrollándose desde mediados del año pasado y lo que se está juzgando es un hecho ocurrido el 14 de mayo de 1983, en vísperas del retorno de la democracia pero aún estando la dictadura militar en el gob”, repasó Villate. “Lo que sucedió fue que del bar Magnum, de calle Córdoba casi Ovidio Lagos, fueron secuestrados Osvaldo Cambiasso y Eduardo Daniel Pereira Rossi, por un grupo del destacamento de Inteligencia 121, que también pertenece al Ejército, y que después de ser torturados fueron entregados a una brigada de la policía de Buenos Aires integrada, entre otros, por Luis Abelardo Patti. El ex intendente de Escobar, junto con los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro, simuló un enfrentamiento en el que asesinaron a ambos militantes peronistas con disparos de Itaka en sus cabezas”.
Tras remarcar que, tal como ocurre en la mayoría de los casos en que se ventilan hechos relacionados a crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar, “se ocultaron pruebas y fue muy dificultoso reconstruir la verdad de lo sucedido”, el fiscal federal aseveró: “Para la fiscalía el caso está muy claro. No nos caben dudas de que hubo dos tramos: uno en la provincia de Santa Fe, que fue el que llevó adelante el grupo de Inteligencia del Ejército en Rosario, y otro por la brigada en Buenos Aires”.
“Lo que sostenemos –añadió– es que en el marco de lo que se considera un plan sistemático de represión, que fue instaurado por la dictadura pero comenzó incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, estos hechos fueron una especie de lógica instalada desde el gobierno militar para simular la existencia de un rebrote subversivo que justificaría un eventual retorno de ellos, no obstante las elecciones que se aproximaban. Y también justificaban la política de impunidad que estaban desarrollando hacia el futuro”.
Además, Villate, destacó: “Este hecho se inscribe, y nosotros durante los alegatos intentamos, y creo que logramos dejar probado, que puede incluirse dentro de esta misma lógica junto con el asesinato de Raúl Clemente Yaguer, ocurrido en Córdoba unos 15 días antes de éstos”. Y concluyó: “Lo dificultoso del caso fue que desde un comienzo, la política tomada por la dictadura fue mostrar esto como un enfrentamiento armado y separarlo de lo que fue el secuestro en Rosario. Esta política no fue solamente de los militares sino también del Poder Judicial, que ocupaba puestos en distintos tribunales, incluso en la Corte Suprema (de facto) de la Nación, que hizo lo suyo al disponer que la competencia para la investigación de los hechos quedara en distintos juzgados de modo que no se pudiera conocer una verdad integral”.
Casos aparte
En la audiencia final del juicio oral y público, el tribunal integrado por los jueces Beatriz Baravani de Caballero, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe, decidió que el imputado Carlos Alberto Lucena quede afuera del juicio por “incapacidad sobreviviente”, ante un planteo de su defensor sobre las condiciones de salud que atraviesa el ex jefe del II Cuerpo del Ejército en el final de la dictadura. “A raíz de un informe que hizo el 19 de abril, el cuerpo médico forense estableció que Lucena tiene reducidas su capacidad cognitiva, es decir que no puede comprender lo que sucede en el juicio, y eso motivó que el tribunal decidiera suspender el juicio en su respecto”, aclaró Villate.
En cuanto a la situación del ex arquero y ex personal civil de Inteligencia, Edgardo Gato Andrada, y del ex jefe del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército, Víctor Hugo Chuly Rodríguez, conocido por emular al general San Martín organizando cruces de la cordillera de Los Andes a lomo de mula; que fueran denunciados como partícipes del operativo de secuestro de El Viejo y Carlón, por el también ex represor Eduardo Tucu Costanzo, condenado a prisión perpetua, Villate refirió: “En relación a Andrada, hay una falta de mérito que fue dictada por el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, pero eso sigue en trámite y tenemos expectativas de ver qué posibilidad hay de revertir esa decisión”.
“La falta de mérito –explicó el letrado– es una decisión que lo que está diciendo es que no hay pruebas suficientes como para dictar un procesamiento, pero tampoco las pruebas son tan insuficientes como para desligar definitivamente a una persona de una causa penal. De conseguir nuevos elementos de criterio, se podría revertir y convertirla en un procesamiento; contrariamente, si no lo lográramos, podríamos estar a las puertas de un sobreseimiento que es la decisión que correspondería en caso de falta de pruebas”.
“Por Rodríguez –agregó– hay pedidos reiterados para que se materialice su declaración indagatoria, algo que el juez viene postergando, y hubo varias decisiones en sentido negativo de parte de Villafuerte Ruzo, e incluso hubo una disposición de la Cámara por la cual debía tomarle declaración pero no la viene cumpliendo. Nosotros hemos insistido numerosas veces, y lo vamos a seguir haciendo, y en algún momento Rodríguez va a tener que ir a declarar”.
No cambiemos
La llegada de Mauricio Macri al poder, y las medidas implementadas en los apenas cuatro meses que lleva al frente del Ejecutivo nacional, generaron preocupación entre los integrantes de organismos de derechos humanos y quienes apoyan la continuidad de los procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado. En ese sentido, Villate señaló: “En lo que refiere a la posición del Ministerio Público Fiscal, en tanto y en cuanto se siga respetando a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no obstante que han intentado removerla de forma arbitraria y que están intentando modificar la ley para limitar la duración de ese cargo; mientras ella continúe al frente de la procuraduría –y esperamos que así siga siendo–, la política que viene llevándose a cabo, se va a mantener”.
Sin embargo, el fiscal federal fustigó: “Sí notamos que ciertas estructuras que se construyeron durante los 12 años que precedieron a este gobierno para darle apoyo a los juicios, se están desarmando, se está despidiendo a mucha gente que integraba secretarías o dependencias vinculadas directamente a brindar información a las causas. Eso se está desarmando y es una situación real. Y también notamos una lentificación en las respuestas a los pedidos que nosotros cursamos. Tal vez no sea expresa la política, o no se manifieste abiertamente el deseo de ponerle trabas a estos juicios, pero entendemos que eso está sucediendo. Además se está apostando de alguna forma a la impunidad biológica, que es la que sucede por el paso del tiempo y acá tenemos varios imputados de avanzada edad, en su gran mayoría, y también se está propugnando de parte del Poder Ejecutivo Nacional lograr que se concedan detenciones domiciliarias en casos que no lo ameritarían”.
Y volvió a remarcar: “Nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, vamos a seguir impulsando la investigación, el procesamiento y la condena, en caso de ser encontrados culpables, de todo aquel que haya tenido alguna responsabilidad en casos en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. Como siempre”.
Fuente: Diario del Juicio/El Eslabón.
